En un informe anual publicado este martes, AI ha mencionado que “no hay avances en materia de derechos humanos, justicia y reparación” en Chile, desde la crisis social de 2019, el mayor batacazo del Gobierno del expresidente chileno Sebastián Piñera, que dejó el cargo el marzo.
Al respecto, el director de la oficina de la ONG en Chile, Rodrigo Bustos, ha denunciado las violencias de DD.HH. cometidas por la Policía, el Ejército y el Ministerio Público del país durante el Gobierno de Piñera, mientras su Administración no priorizó ni entregó todos los recursos que se requerían ante esta crisis grave.
En este sentido, ha deplorado que de las 10 796 denuncias interpuestas por violencia policial en el contexto de esa crisis, solo nueve hayan desembocado en sentencias condenatorias, con acusaciones de “golpizas, tortura, homicidios, violencia sexual y mutilaciones oculares”.
“Tenemos un legado sombrío en materia de derechos humanos de la Administración de Piñera”, ha denunciado el funcionario, en una entrevista concedida a la agencia de noticias española EFE.
Al criticar al Gobierno de Piñera por las violaciones “graves y generalizadas” de DD.HH., Bustos ha urgido al progresista Gabriel Boric a avanzar urgentemente en una profunda reforma a Carabineros (Policía militarizada) del país latinoamericano.
Los Carabineros siempre han sido criticados por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. A su vez, las organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch (HRW) han expresado una y otra vez su preocupación por la represión protagonizada por la policía militarizada durante las protestas.
Ante tal situación, el nuevo jefe de Estado chileno había prometido reformar el cuerpo policial, además de una agenda de cambios profundos para instalar en el país latinoamericano un estado de bienestar.
Chile empezó a sufrir protestas a partir del 18 de octubre de 2019 en rechazo a las políticas neoliberales del Gobierno de Piñera, comenzadas con el alza en el precio del transporte, pero fueron incluyendo nuevas demandas, como mejoras sociales y laborales, y además la redacción de una nueva Carta Magna y la renuncia del expresidente, entre otras.