El juez español Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigo al exsecretario de Estado de EE.UU. y exdirector de la CIA, Mike Pompeo, y al exjefe de contravigilancia William Evanina en el marco del caso que investiga el espionaje al periodista australiano Julian Assange en el interior de la Embajada de Ecuador en Londres por una empresa española, Undercover Global (UC Global).
El magistrado de la Audiencia Nacional ha cursado una comisión rogatoria a EE.UU. solicitando que se le permita interrogar a Pompeo, máximo responsable de la CIA entre enero de 2017 y abril de 2018, y Evanina para que expliquen si la agencia estatal de Inteligencia tuvo acceso a información facilitada por el espionaje de la compañía española.
La citación se produce después del escándalo que provocaron unas declaraciones del exjefe de contraingeligencia, en septiembre de 2021, al equipo de investigación de Yahoo News, donde confesaba que EE.UU. tenía acceso a las cámaras de la Embajada de Ecuador en Londres, a grabaciones de conversaciones dentro de la misión, a los dispositivos de las visitas y a los documentos de viaje de todos ellos, habiendo llegado a planear incluso el asesinato o el secuestro del asilado.
La decisión del juez responde a la petición del fiscal, Carlos Bautista, que se manifestó a favor de la solicitud realizada por Aitor Martínez, abogado de Assange junto al exjuez Baltasar Garzón, de tomar declaración al exdirector de la CIA.
El fundador de WikiLeaks estuvo siete años recluido en calidad de asilado en la Embajada ecuatoriana en el Reino Unido ante el temor de que fuera extraditado a EE.UU. Sin embargo, en 2019, con la salida de Rafael Correa del Gobierno de Ecuador, y la llegada de Lenín Moreno, se le retiró la protección internacional y la nacionalidad ecuatoriana y fue detenido por las autoridades británicas.
La causa que investiga Pedraz se dirige contra la empresa UC Global, dirigida por el español David Morales y radicada en España, que se encargó de la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres entre 2015 y 2018. Se acusa a la empresa y su propietario de delitos contra la intimidad, de violar las comunicaciones abogado-cliente, de cohecho y blanqueo de capitales, acciones de espionaje que habría llevado a cabo para prestar servicios a la Inteligencia estadounidense.
Desde junio de 2020, la Justicia española ha enviado al menos tres solicitudes de cooperación a EE.UU, que no han sido atendidas por su Departamento de Justicia.