La demanda, que fue presentada en 2016 por defensores de Israel, ahora ha fallado tres veces en los tribunales, una derrota significativa para el intento del lobby israelí de castigar a los académicos que respaldan los derechos de los palestinos.
“El tribunal determinó que los reclamos surgieron principalmente de la defensa de un tema de interés público y no era probable que tuvieran éxito”, declaró el Centro de Derechos Constitucionales.
En un referéndum de 2013, los miembros de la Asociación de Estudios Estadounidenses respaldaron abrumadoramente un boicot académico a Israel.
La votación siguió al respaldo del boicot por parte del órgano rector de la asociación.
Al declarar el boicot como una postura ética, la ASA dijo que “representa un principio de solidaridad con los académicos y estudiantes privados de su libertad académica y una aspiración de ampliar esa libertad para todos, incluidos los palestinos”.
Sin embargo, los defensores de Israel dentro de la asociación se lanzaron a la acción para perseguir a los colegas que se atrevieron a criticar a Israel.
Usando una táctica conocida como lawfare , en la que los grupos de presión de Israel utilizan medios legales para hostigar y silenciar a los defensores de los derechos de los palestinos, los demandantes afirmaron que la resolución de boicot fue presentada por "insurgentes" dentro de la asociación que intentaron "subvertir y cambiar el propósito de ASA". ” en una organización de defensa política.
Los demandantes alegaron que una “cábala” de líderes de la Campaña Estadounidense para el Boicot Académico y Cultural de Israel (USACBI, por sus siglas en inglés) se hizo cargo subrepticiamente de la ASA y usó sus posiciones en su comité ejecutivo y consejo nacional para imponer la resolución del boicot a los desprevenidos miembros de la asociación. membresía, gastando mal el dinero de ASA en el proceso.
Un tribunal federal desestimó un reclamo clave en la demanda en 2017, dictaminando que el respaldo del boicot por parte de la ASA no era contrario a los estatutos de la asociación.
Después de que la demanda se desestimara inicialmente en 2019, los demandantes presentaron una apelación y abrieron un segundo caso en el Tribunal Superior de Washington, DC.
Más tarde ese año, el Tribunal Superior concedió las mociones de los acusados para desestimar en parte, pero rechazó su moción anti-SLAPP.
Las demandas de SLAPP están destinadas a suprimir la libertad de expresión y obligar a las personas u organizaciones a gastar dinero para defenderse en los tribunales.
Pero los acusados apelaron la denegación de esa moción anti-SLAPP.
El Tribunal de Apelaciones de DC ordenó al tribunal que volviera a analizar el caso, lo que resultó en el fallo más reciente, señala el Centro de Derechos Constitucionales.
La fuerza detrás de la demanda fue el Centro Louis D. Brandeis , una organización de defensa de Israel que durante años ha trabajado para difamar el activismo de solidaridad con Palestina como antisemitismo e intenta reprimirlo con demandas frívolas y quejas falsas de derechos civiles .
El expresidente de la organización, el abogado Kenneth Marcus , representó a los demandantes hasta febrero de 2018, cuando fue designado como el principal ejecutor de derechos civiles de la administración Trump en el Departamento de Educación de EE. UU.
Después de renunciar a su cargo en 2020, Marcus volvió a dirigir el Centro Louis D. Brandeis.
“El propósito de demandas como estas es realmente acosar e intimidar a los activistas que defienden los derechos en cualquier lugar, pero en particular la libertad y la justicia en Palestina”, dijo a The Electronic Intifada Astha Sharma Pokharel, abogada del Centro de Derechos Constitucionales.
Junto con las leyes anti-SLAPP que están diseñadas para disuadir este tipo de ataques, la desestimación del tribunal “envía un mensaje a los defensores de los derechos de los palestinos de que cuentan con el apoyo y que la ley está de su lado”, agregó Sharma Pokharel.
El Centro de Derechos Constitucionales representó a Steven Salaita, uno de los acusados a los que se dirige esta demanda.
En 2014, Salaita fue despedido de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign por comentarios en las redes sociales que criticaban el asalto de Israel a Gaza ese año.
Demandó a la universidad por incumplimiento de contrato , alegando que los administradores actuaron bajo la presión de los donantes pro-Israel, y luego resolvieron el caso .
Salaita luego se vio en la mira de la demanda contra la Asociación de Estudios Estadounidenses.
Le dijo a The Electronic Intifada esta semana que estaba aliviado de que el tribunal de DC desestimara la demanda contra la Asociación de Estudios Estadounidenses.
“Era algo que pendía sobre mi cabeza y no me gusta estar obligado a tratar con personas que niegan mi humanidad”, dijo Salaita.
“No sé qué mensaje escucharán [los grupos de defensa de la ley de Israel], probablemente nada, pero debería enviarles el mensaje de que es una estrategia perdedora”, dijo.
“Más importante aún, debería enviarles el mensaje de que incluso si sus tonterías fueran efectivas según los órganos judiciales de los Estados Unidos, no impediría que nadie agite contra el estado de Israel”.
Los boicots, agregó, están “diseñados para eludir y subvertir las instituciones estatales”.
Fuente: Electronic Intifada