En esta ocasión, el pasado 14 de junio Raquel Ivette Duarte Cedillo, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, concedió las órdenes requeridas por la FGR contra los castrenses, entre los que se encuentra el Coronel Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería, a quienes busca imputar por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Fuentes federales confirmaron a Proceso que ocho de los militares ya fueron detenidos e ingresados a una prisión del fuero castrense en el Campo Militar número 1 en la Ciudad de México, sin embargo, hasta ahora se desconoce de quiénes se trata.
Asimismo, la FGR ejerció acción penal y obtuvo orden de aprehensión contra uno de los funcionarios civiles contra quien también se había desistido hace nueve meses del mandamiento de captura.
Los soldados que la juez Duarte ordenó capturar son Omar Torres Marquillo, Uri Yashiel Reyes Lazos, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Juan Sotelo Díaz, Santiago Muñoz Pilo, Francisco Narváez Pérez y Ramiro Manzanares Sanabria.
Eloy Estrada Díaz, Juan Andrés Flores Lagunes, Oscar Cruz Román, Ezequiel Carrera Rifas, Joel Gálvez Santos, Felipe González Cano, Roberto de los Santos Eduviges y Enrique Martínez Chávez, todos integrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería.
Los 16 forman parte de las 83 órdenes de captura que la FGR había conseguido el 19 de agosto de 2022 contra funcionarios, militares y policías supuestamente implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los mandamientos fueron emitidos por el mismo juzgado de Distrito entonces encabezado por el juez Enrique Beltrán Santés y de las 83 órdenes, 20 eran contra militares por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Pero, el 14 de septiembre siguiente, la FGR solicitó por escrito al juez Beltrán cancelar 16 de esas 20 órdenes judiciales contra miembros del 27 y 41 Batallones de Infantería, los cuales quedaron sin efecto el mismo día.
Asimismo, pidió cancelar las órdenes contra 5 ex funcionarios estatales de Guerrero, entre ellas las del exProcurador Iñaky Blanco Cabrera y la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.
La FGR decidió ejercer acción penal contra ex funcionarios, policías y militares por el caso Iguala, con base en las declaraciones del testigo protegido “Juan”, quien señala a los soldados, en ocasiones identificándolos sólo con un apellido, de estar en la nómina de los Guerreros Unidos, grupo que la FGR ha señalado como responsable de la desaparición de los estudiantes, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.