Una vez más, en Suecia se cometió una blasfemia del más alto nivel. El vil acto de profanar un libro sagrado tuvo lugar bajo la atenta mirada del gobierno de Estocolmo mientras la policía permanecía en silencio. La decisión de ofender los sentimientos de miles de millones de personas en todo el mundo y justificar tal vandalismo bajo el manto de la 'libertad de expresión' es un gran ejemplo de la complicidad del estado sueco. La forma en que se llevó a cabo el acto horrible y bárbaro fue igualmente escalofriante, ya que la policía sueca se puso de pie para evitar que los manifestantes musulmanes enojados descendieran sobre el perpetrador, pero se abstuvo de arrestar e impedir que Salwan Momika, un inmigrante iraquí, profanara el Sagrado Corán.
Quizás la continuidad de la islamofobia y la difamación del Islam en Suecia sea indicativa de una mentalidad profundamente arraigada en el sistema político. Cabe señalar que este vil acto de profanación del Sagrado Corán tuvo lugar pocos meses después de que el extremista de extrema derecha Rasmus Paludan del partido ' Curso Recto ' quemara el libro sagrado descaradamente e impunemente . En aquel entonces, el primer ministro Ulf Kristersson consideró que se trataba de un acto controvertido, aunque legal, que enfureció al mundo musulmán, ya que se expusieron más pruebas de la postura hipócrita de Suecia para abordar la islamofobia. Avance rápido hasta julio de 2023, luego se ve que el mismo primer ministro critica el acto y el posterior ataque a la embajada sueca en Irak al tiempo que afirma que "solo porque algunas cosas son legales, no son necesariamente apropiadas ".
El argumento de la legalidad dio un paso más cuando el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que el incidente era objetable y ofensivo, pero no ilegal. Esta falta de conocimiento es flagrante y reprobable, ya que se desarrolló a pesar de que la UE condenó el acto islamófobo mientras que la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, rechazó la idea.que se permitan protestas ofensivas en nombre de la libertad de expresión. La aprobación tácita de Stoltenberg y Kristersson proporciona un terreno fértil para que los extremistas de extrema derecha lleven a cabo terribles actos de blasfemia y queden en paradero desconocido. También cabe señalar que Momika fue arrestada en Suecia por agitación contra un grupo 'étnico' a pesar de que el Islam o los musulmanes no son una etnia o una entidad monolítica.
También se necesitó una respuesta unida, robusta y severa de la Organización para la Cooperación Islámica para finalmente obtener una condena sueca. La Alianza de Civilizaciones de la ONU (UNAOC) también criticó el acto como una falta de respeto a los musulmanes que, a pesar de mencionar la importancia de la libertad de expresión, consideraron inaceptable la profanación de símbolos religiosos. Por lo tanto, es plausible suponer que la amenaza de Turkiye presionando contra la membresía de Estocolmo en la OTAN provocó una condena cuando Kristersson se dirigió a la Casa Blanca para evitar una crisis de política exterior de inmensas proporciones para Suecia en medio de la guerra de Ucrania.
Como resultado, surge la pregunta: ¿se habría movido Estocolmo de su aprobación tácita de la islamofobia si no se hubiera producido una protesta diplomática del mundo musulmán, la UE y la UNAOC? Además, ¿el repentino cambio de postura de Suecia sobre la profanación del Sagrado Corán y su justificación de la "libertad de expresión" se convertiría en un elemento permanente o en una estratagema táctica para evitar la censura y el castigo a nivel internacional? La verdad es que cuando se trata de incidentes islamófobos dentro de Europa, incluida la Inglaterra anterior al Brexit, la historia sugiere que ha habido esfuerzos para institucionalizar la libertad de expresión, que incluye actos blasfemos contra otras religiones y justifica actos salvajes como un derecho constitucional para ciudadanos privados.
Aquí radica el problema. Recuerde que cuando la controversia de Satanic Verses envolvió al Reino Unido a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, el gobierno británico defendió firmemente al demagogo satírico Salman Rushdie y consideró que su publicación ofensiva de 1989 estaba dentro de los derechos constitucionales. Hubo una defensa insensible de Rushdie, sus ideas y sus horribles referencias, que malinterpretaron las referencias coránicas para adaptarlas a su supuesto realismo mágico. La respuesta posterior de todo el mundo musulmán, desde Pakistán hasta Turkiye y los musulmanes que protestaban en el Reino Unido en ciudades como Bradford, fueron satanizados por el gobierno británico como elementos radicalizados incivilizados y toscos, mientras que Rushdie fue injustificadamente nombrado caballero.
Rushdie, sin embargo, se ha mantenido en gran medida como un hombre libre en ausencia de cualquier procesamiento, ya sea que haya residido en el Reino Unido o en otro lugar. La justificación presentada por los estados europeos, tanto antiguos como contemporáneos, es que las leyes contra la blasfemia no existen más allá de la difamación del cristianismo (que también rara vez se aplican) como fue el caso en el Reino Unido a fines de la década de 1980. Por lo tanto, la existencia de una cobertura legal permite que los fanáticos islamófobos cometan actos terribles con impunidad, que es precisamente lo que sucedió en Suecia en 2023.
Esperar justicia de un sistema que permite que la islamofobia tenga lugar sin cesar es poco realista y un hecho que debe ser reconocido por las comunidades musulmanas y los países de todo el mundo. La violencia nunca será la respuesta, pero los boicots económicos y la presión diplomática sostenida para garantizar que tales actos no se repitan deben ser el curso de acción estándar. Una cosa, que es evidente, es que países como Suecia seguirán defendiendo lo indefendible y ofendiendo los sentimientos musulmanes.
Esto constituye una flagrante violación de los derechos humanos.