Las fuerzas israelíes “están matando a niños palestinos” en Cisjordania, donde este 2023 ya han muerto por disparos del Ejército o la Policía de Fronteras “al menos 34” menores, lo que “va camino de igualar o superar los niveles de 2022, el año más mortífero para los niños palestinos en Cisjordania en 15 años”, ha denunciado este lunes Human Rights Watch (HRW).
“Las fuerzas israelíes están matando a tiros a niños palestinos que viven bajo ocupación con frecuencia cada vez mayor”, ha afirmado la ONG en un comunicado, según la Agencia EFE.
Además, ha subrayado “el aumento del uso de la fuerza letal” por parte de Israel “con impunidad sistemática” y “casi sin ningún recurso para rendir cuentas”, en el marco de una escalada que este año se ha saldado ya con un total de 186 palestinos fallecidos en Cisjordania.
En una investigación, HRW ha documentado cuatro incidentes en los que murieron menores por fuego israelí entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, como Mahmoud al Sadi, de 17 años, al que le dispararon cerca del campamento de refugiados de Yenín, uno de los focos de la violencia en Cisjordania.
Según la ONG, el menor fue asesinado cuando iba al instituto, en noviembre de 2022, y se detuvo al escuchar disparos. Las imágenes y testimonios analizados por HRW demuestran que no portaba un arma y que se situaba a más de 300 metros de donde estaban teniendo lugar tiroteos entre las fuerzas israelíes y milicianos palestinos. El Ejército israelí no investigó la muerte del menor y alegó que sus soldados estaban llevando a cabo una redada en el campamento de Yenín, donde se produjo un intercambio de fuego con combatientes palestinos.
En el caso de Mahmoud al Sadi y otros tres menores fallecidos, HRW asegura que “las fuerzas israelíes dispararon a la parte superior del cuerpo sin, según testigos, emitir advertencias ni usar medidas contundentes y menos letales como gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento o balas recubiertas de goma”.
Además, dispararon a los menores sin que estos representaran una amenaza directa a la vida de las tropas, según la investigación. Por ejemplo, el joven Mohamed al Sleem, también de 17 años, “recibió un disparo en la espalda mientras huía de soldados israelíes después de que un grupo de amigos con el que estaba les arrojara piedras y supuestamente cócteles molotov” en el pueblo cisjordano de Azun.
Otro caso parecido fue el de Adam Ayad, de 15 años, que recibió impactos de bala por la espalda cuando tiraba rocas y un cóctel molotov a fuerzas israelíes en un campo de refugiados de la localidad de Belén.
HRW ha destacado que este tipo de incidentes no suelen derivar en procesos judiciales contra las fuerzas implicadas y, en el periodo 2017-2021 hubo “menos del 1% de denuncias” que derivaron en acusaciones, pese a que en aquel período las fuerzas israelíes “mataron al menos a 614 palestinos” considerados civiles.
Por ello, la ONG pide a “los aliados de Israel, sobre todo Estados Unidos”, que presionen a este país, porque si no “más niños morirán”.
También insta a la Secretaría General de Naciones Unidas “a incluir a las fuerzas armadas israelíes en su informe anual sobre violaciones graves contra niños en conflictos armados para 2023”, y sugiere que se les considere “responsables de la vulneración de matar y mutilar a niños palestinos”.
Por su parte, la ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que el Tribunal Supremo de Israel ha aprobado la “demolición punitiva” de la casa familiar de un palestino de 13 años, que se encuentra en prisión preventiva “por cargos injustos” en relación con la muerte de un agente de la Policía de Fronteras israelí.
El menor, Mohammed Zalabani, acuchilló al policía a bordo de un autobús, en un puesto de control en Jerusalén Este (parte palestina ocupada por Israel), pero lo que causó la muerte del hombre fue el disparo de un guardia privado de seguridad, según demostró la autopsia. El chico de 13 años está acusado de su asesinato y está en detención, a la espera de ser juzgado.
Después del incidente, el Ejército israelí ordenó la demolición del apartamento de la familia Zalabani, en el que viven sus tres hermanos, uno de los cuales es un bebé, tal y como ha detallado AI en un comunicado. Una ONG israelí presentó un recurso contra la orden militar pero el Tribunal Supremo del país lo ha rechazado.
“Las demoliciones punitivas de Israel son una forma ilegal de castigo colectivo, que constituye un crimen de guerra”, ha asegurado AI en ese comunicado, en el cual ha recordado “el papel del Tribunal Supremo en aplicar el apartheid contra los palestinos”.
“Los padres y hermanos de Mohamed Zalabani no estaban involucrados en el ataque, pero ahora hacen frente a la pérdida de su casa y al desplazamiento debido a este acto de venganza, que está completamente separado de la justicia y el Estado de derecho”, ha agregado AI.
Asimismo, la ONG ha lamentado que las demoliciones punitivas suelen ir acompañadas de incursiones violentas por parte de las fuerzas israelíes, que “puede causar serios daños en las casas de los vecinos” y “siembran el terror entre las comunidades palestinas”.
Las autoridades israelíes suelen emplear este “castigo colectivo” contra supuestos atacantes palestinos y el Tribunal Supremo ha aprobado la mayoría de las órdenes de demolición porque considera que desaniman a otros atacantes, a pesar de que un comité militar israelí dijera en 2005 que no desincentivaban los ataques, lo cual llevó a la suspensión de esta medida durante casi una década, hasta 2014.
Fuente: www.eldiario.es