Se trató de un equipo de observación acerca de la situación de los derechos humanos del pueblo jujeño, llevada a cabo entre el 21 y 25 de agosto pasado, tras las graves denuncias de violencias que han trascendido el ámbito nacional e incluso, latinoamericano.
En conversación con Tiempo, antes de regresar a su país de residencia, el abogado David Mejía Canales del Centro Jurídico de Derechos Humanos con sede en Sídney, Australia, contó que la misión fue convocada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y que, además, formaron parte del contingente representantes de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Pan para el Mundo (PPM), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc Mx), International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Centro Legal de Derechos Humanos (HRLC), Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y Movement Law Lab (MLL).
Si bien la gran cantidad de información relevada aún se encuentra en proceso, el abogado dijo que una primera observación surgió de forma clara: “No hubo mucho tiempo para que la reforma constitucional tuviera la adecuada consulta con el pueblo, la Constitución es del pueblo y entonces se necesita que se incluya a todo el pueblo en un proceso de diálogo que es largo y extensivo, en esta visita lo que encontramos es que eso no ha pasado en Jujuy”.
Mejía Canales, que fue asesor de políticas en el Parlamento de la Commonwealth y trabajó en la reforma del sistema legal de su país, consideró que hay que prestar atención “al proceso que no ha sido adecuado, eso le debería llamar la atención a todos los jujeños pero también a todas las personas de la nación argentina”.
En este sentido, señaló la especial vulneración al pueblo indígena, ya que la reforma no le fue informada en una manera que ellos puedan comprenderla en toda su amplitud cultural. “Para que se pueda entender y aceptar la reforma tendría que haberse difundido en varios lenguajes indígenas, no hay pruebas de que eso haya sucedido”, aseguró.
A partir de la información recabada por la Misión Internacional, se realizarán recomendaciones al estado argentino y, posiblemente, presentaciones en los organismos internacionales de los derechos humanos.
Según comentó Mejía Canales, a fin de maximizar el tiempo, los integrantes de la delegación internacional se dividieron en dos ejes de trabajo, uno en relación al derecho a la protesta y otro, respecto del extractivismo y derechos ambientales.
“Estuve trabajando en el eje sobre derecho a la protesta y represión social, con este grupo visitamos todos los cortes de ruta de Purmamarca, Humahuaca, Abra Pampa y el cruce de San Roque, lo que hicimos fue escuchar los testimonios”, contó.
El abogado pudo relevar de primera mano los relatos acerca de que “la Policía ha usado usado armas –supuestamente- menos letales, con ellas han lesionado a mucha gente, hemos escuchado relatos de personas que han perdido los ojos, han alegado secuestros por parte de la policía y también torturas”.
Entre los testimonios recabados, pudo constatar que en Jujuy hubo detenciones arbitrarias, que se usó de balas de goma en contra de la gente que se manifestaba, también que hubo disparos en los rostros de las personas e incluso disparos con latas de gases lacrimógenos que además se encontraban vencidos.
“El derecho a la protesta es un derecho fundamental que se le debe a toda la gente que esté en el territorio, hubo una gran represión por parte del Estado que no solo fue para tener ‘orden’, fue como un castigo para la gente que se estaba manifestando”, señaló el abogado.
Y siguió: “Este castigo también se vio con multas de hasta 1.4 millones millones de pesos en contra de personas indígenas, humildes, que no tienen para pagarlo, y a veces estas multas ni vienen personalizadas, nos han contado que la policía se las pone en las puertas de las casas sin nombre o sin nombre completo, se trata de una campaña de hostigamiento contra los que se manifiestan en contra del gobierno”.
Una parte de la delegación relevó testimonios acerca del uso de los recursos naturales y la explotación del litio debido a que la reforma habilita la libre utilización de los territorios indígenas para su explotación.
“La reforma le da mucha más importancia al uso de tierras indígenas que no tienen título, se han dicho que son fiscales, para el agropecuario, minero y el desarrollo económico de la provincia pero lo que hemos escuchado de las comunidades indígenas es que no han visto ningún beneficio de la minera que existe y no esperan ver ningún beneficio de las que van a instalarse con el litio”, aseguró Mejia Canales.
El abogado señaló que la principal preocupación en este tema que la población indígena les transmitió fue que se privilegia el uso privado y extensivo del agua. “Tienen miedo de perder el derecho al agua para su uso, para tomar, pero también el uso del agua para la ecosistema, dicen que no tienen ninguna protección porque se privilegia el uso del agua de las mineras y compañías agropecuarias”, expresó.
Asimismo, llamó la atención sobre la empresa Allkem Limited, de origen australiana, es una de las empresas instaladas en Jujuy que debe presentar reportes a su país de origen acerca de que su operatoria es acorde a los derechos humanos de la zona.
“No hay mucha fe en la reforma constitucional porque le da importancia a los sectores privados y no a los pueblos indígenas que están en sus territorios ancestrales desde hace miles y miles de años, mucho antes que se descubriera el litio”, expresa el abogado. Y siguió: “Hay mucho miedo a la contaminación, los pueblos indígenas no han visto ningún beneficio real de la acción minera en sus vidas”.
Mejía Canales contó que la delegación se reunió en la ciudad de San Salvador de Jujuy con representantes del Ministerio de Seguridad provincial, el Fiscal general y representantes de las fuerzas policiales. Si bien les brindaron la información que les solicitaron, destacó que las versiones que les brindaron no concuerdan 100 % con lo que expresa la población en los diferentes puntos de la provincia. “El punto de vista de ellos es que hubo mucha protesta en Jujuy y que la policía también sufrió lesiones, eso también lo verificamos, pero la posición oficial es que los cortes no son una manera propia para usar el derechos a la protesta por el daño económico”, expresó.
Asimismo, comentó que relevaron el testimonio de detenido preventivamente por el estado por ejercer la defensa de las personas Alberto Nallar, abogado que se manifiestan en contra de la reforma. “El doctor Nallar y el pueblo indígena de en Jujuy dicen q no hay justicia porque el órgano judicial está compuesto con aliados del gobernador, el pueblo mismo no le tiene ninguna confianza al sistema jurídico, no se puede acceder a la justicia y ese es un gran problema porque no hay confianza en que exista la justicia”, aseveró.
En su breve recorrido por el país, la Misión Internacional también se reunió con los representantes del Tercer Malón de la Paz que permanece en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, desde hace más de un mes en protesta por la situación de violaciones a los derechos humanos en Jujuy. La delegación llamó la atención al gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, acerca de la precaria situación que viven las y los jujeños.
“Las autoridades en Buenos Aires no les facilitan que puedan buscar agua ni usar baños o tener al menos algún nivel de comodidad, nos preocupa mucho”, aseveró el abogado. “Los que están en los cortes con -6 grados o en el Tercer Malón con la lluvia no lo hacen porque es divertido, lo hacen porque sienten que ya no tienen ninguna otra opción”, concluyó.