Para Javier Milei y sus asesores, la soberanía sobre las Islas Malvinas, tal como establece la Constitución, está supeditada a supuestos "derechos de sus habitantes", en línea con la histórica posición británica. Así de determinante y conciso es el pensamiento del bloque de La Libertad Avanza, que quedó explicitado en una entrevista de Diana Mondino -la dirigente que tiene todos los boletos para ser canciller en caso de que el ultraderechista llegue a la Rosada- otorgada al medio británico The Telegraph, muy cercano a los conservadores ingleses. "Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar", dijo, en relación al reclamo nacional para romper con el imperialismo británico.
Es la primera vez que Mondino (ya con el título mediático de asesora de La Libertad Avanza) habla públicamente sobre las islas argentinas. En sus declaraciones al medio inglés, además, intentó combinar la cuestión de la soberanía con con el libreto de Milei, al resumir todo en una sola cosa: la inflación. "¿Cómo entendería la inflación alguien que no haya nacido ni crecido en Argentina? ¿Por qué alguien querría ser parte de esa sociedad? Necesitamos convertirnos en un país normal", dijo, con la lógica de supeditar toda la discución a los deseos de los kelpers.
No es la primera vez que desde LLA descartan el reclamo soberano de Argentina. Meses atrás, el propio Javier Milei pedía respetar "la decisión de los lugareños" y que el único modo de torcer su autodeterminación era "seduciéndolos" con una estrategia similar a la de China con Hong Kong, en una lectura parrticular de la geopolítica. Ahora Mondino respaldó ese pensamiento incluso dándole más concesiones a los británicos, al dejar abierta la posibilidad a que Gran Bretaña "pueda hacer un uso razonable de los recursos que hay allí abajo".
Tras la entrevista de Mondino a The Telegraph, quien salió a repudiar los dichos fue el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, Guillermo Carmona. "Esas ideas son desmalvinizadoras y violan la Constitución y el derecho internacional", comentó.
"Milei quiere imponer los deseos de 3.000 isleños de Malvinas sobre la voluntad de más de 46 millones de argentinos. A pesar de sus desastrosas políticas sobre Malvinas, ni (los expresidentes Carlos) Menem ni (Mauricio) Macri se animaron a tanto", dijo Carmona a la agencia Télam. Y añadió: "Mondino ignora que el régimen constitucional argentino reconoce a los habitantes de Malvinas el respeto de sus intereses y de su modo de vida, en tanto habitantes del territorio nacional argentino".
"De esta manera la Argentina da cumplimiento estricto a la resolución 2065 AGNU (Asamblea General de Naciones Unidas) y a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales son garantizados por Argentina en tanto habitan nuestro territorio", completó.
Las entregas (simbólicas y no tanto) de parte de los opositores a los intereses británicos son moneda corriente en el modus operandi de la derecha argentina. Basta recordar, por caso, el pacto Foradori - Duncan, firmado, entre copas, por dirigentes de Juntos por el Cambio cuando Mauricio Macri era presidente de la Nación. Allí se buscaba "remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas" y en la letra chica habilitaban las actividades de pesca, navegación e hidrocarburos. Alan Duncan, exfuncionario británico, reconoció que al día siguiente de aquellas negociaciones, el vicecanciller macrista estaba "tan borracho que no recordaba lo que había concedido".
Tampoco se puede olvidar que la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, hasta había ofrecido entregar las Malvinas para que la vacunación contra la covid en Argentina sea exclusivamente por las dosis de Pfizer.
Posterior a eso, varios dirigentes de Juntos por el Cambio insistieron en la "autodeterminación" de los isleños, en un mensaje calcado que ahora repite Javier Milei.
Sin embargo, hasta la propia diplomacia británica refuta la posición de los opositores argentinos. Tiempo atrás, en una nota para este medio, Juan Pablo Csipka detalló los documentos en los que Inglaterra parece darle la venia al reclamo argentino, al incluir por ejemplo, el Memorando De Bernhardt, de 1910, que servía como guía interna del Foreign Office sobre Malvinas. Allí se remarcaba que "Gran Bretaña no mostró interés en las islas hasta 1829", razón por la cual los ingleses habían dejado el archipiélago en el siglo XVII.
“Es difícil evitar la conclusión de que la actitud del gobierno argentino no es enteramente injustificada, y que nuestra acción ha sido algo despótica”, marca otro de los documentos británicos, como lo es la carta de Sidney Spicer, jefe del Departamento Americano del Foreign Ofiice, quien en 1910 le escribió a De Bernhardt, en la que se marca como una confesión de parte. También se pueden incluir el Memorando Ftizmaurice -en el que pide que la disputa con Argentina no sea sometida a un arbitraje por las "debilidades"- de la posición británica; el informe del Departamento Americano que firmó John Troutbeck; y una carta de 1940 que hasta 2015 permaneció clasificada, cuyo título lo dice todo: “Oferta hecha por el gobierno de Su Majestad para reunificar las islas Falkland con la Argentina y aceptarlas en arriendo”.
La investigación de Csipka exhibe que el último documento es un Memorando del Departamento de Investigaciones, fechado en 1946, que define la ocupación de enero de 1833 como “un acto de injustificable agresión”. El periodista de Página/12 aclara que, para entonces, la ONU ya tenía un año de existencia y definió a las Malvinas como “territorio sin gobierno propio, bajo administración británica” y que, de manera eufemística, admitía a las islas como colonia, algo que el Comité Especial de Descolonización de la ONU pondría de manifiesto en los 60. La realidad es que Gran Betraña admitía ese status de colonia y se amparaba ya no en títulos que no podía mostrar, sino en el derecho de autodeterminación de los kelpers, entonces ciudadanos de segunda. Ese argumento fue echado por tierra por la propia Margaret Thatcher en 1983 con la British Nationality (Falkland Islands) Act, que confirió derechos plenos a 1800 colonos; ergo, les otorgó acta de ciudadanía, con lo cual no hay un tercer actor que plantea el respeto a la autodeterminación, sino dos países en disputa.
“No es fácil explicar nuestra posición sin quedar como bandidos internacionales”, explica, en un memorándum de 1936, el Foreign Office de Inglaterra. Javier Milei, Diana Mondino y varios dirigentes de Juntos por el Cambio opinan diferente.