Según la Convención, el genocidio es definido como “los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal y que consistan en alguna de estas acciones: a) la matanza de miembros del grupo; b) la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) y el traslado por fuerza de menores del grupo a otro grupo”. La Convención también obliga a los estados a prevenir y castigar el genocidio, teniendo en cuenta que se trata de un proceso y que los estados deben estar alertar a las señales que marcan este camino.
La fuerza de la Convención viene del consenso obtenido internacionalmente y es de obligado cumplimiento para los estados que la firmaron. Su definición ha sido adoptada íntegramente por diversos tribunales penales internacionales y por la Corte Penal Internacional (que convirtió el genocidio en uno de los delitos sobre los que tiene jurisdicción).
Uno de los casos más flagrantes y actuales de genocidio es, indubitablemente, la situación del pueblo palestino, que se arrastra desde el año 1948 hasta el día de hoy. No fue solo la expulsión de sus territorios y las masacres que siguieron a partir de ese fatídico año, es también la ocupación ilegal por parte de Isr4el desde junio de 1967. Esta ocupación supone la cotidiana desposesión de tierras y los asentamientos, las restricciones a los desplazamientos con muros y puntos de control militares, las restricciones de acceso al agua y a los medios de producción de alimentos, las detenciones arbitrarias, torturas y juicios injustos y un largo etcétera de las humillaciones y discriminaciones que forman parte de las lesiones graves a su integridad física y psíquica.
Parte de este proceso de genocidio son también los ataques masivos e indiscriminados contra la población civil palestina encerrada en Gaza desde el año 2007 y que en los últimos 13 años ha supuesto el asesinado de más 10.600 personas. Gaza, una franja de territorio de doce por cuarenta kilómetros controlada por tierra, mar y aire por Israel, de la que no se puede huir, ni escapar y que hoy, con la disculpa de una reacción a los ataques recibidos, vuelve a ser objeto de bombardeamientos indiscriminados por parte del ejército isr4elí. Ataques a la población civil desarmada en escuelas, casas u hospitales donde las principales víctimas son niños, niñas, mujeres y personas ancianas.
Los estados signatarios de la convención tienen la obligación de poner fin a este genocidio, así como de prevenir y castigarlo. Pero una vez más, cuando se trata de resoluciones de Naciones Unidas o de la violación del derecho internacional humanitario por parte de Isr4el, nos encontramos con el incumplimiento sistemático y la impunidad.
Como señalaba recientemente la asesora especial de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio “el odio, la venganza, la incitación a la violencia y su comisión sólo pueden contribuir a alimentar un ciclo de hostilidad y venganza” que no tendrá fin, hasta el exterminio de un pueblo. Paremos por todos los medios posibles este genocidio.
Alicia Alonso Merino. Feminista y abogada de derechos humanos. Realiza acompañamiento socio-jurídico en cárceles de distintos países.
Fuente: Rebelion