Este miércoles culminó la segunda y última audiencia concedida por el Tribunal Superior de Londres a la defensa de Julian Assange, y en los próximos días se definirá si se habilita una nueva audiencia de apelación.
En concreto, los jueces del máximo tribunal británico, Victoria Sharp y Adam Johnson, deben decidir si Assange ha agotado todos los recursos legales contra su extradición a Estados Unidos (EE.UU.), o puede seguir luchando contra ella en los tribunales del Reino Unido.
Si los dos jueces niegan el permiso para una audiencia de apelación completa, se habrán agotado todas las impugnaciones en los tribunales del Reino Unido y se ordenaría la extradición.
De ser así, Assange, de 52 años de edad, deberá responder a 18 cargos en su mayoría relacionados con supuesto espionaje por la publicación de información confidencial, registros militares y secretos diplomáticos en 2010 y podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de cárcel.
Las acusaciones se encuentran bajo la Ley de Espionaje, la cual fue aprobada hace más de 100 años para condenar a traidores y espías durante la Primera Guerra Mundial. No existen antecedentes de la aplicación de esta legislación contra un periodista por el sólo hecho de difundir información.
Una vez en EE.UU., Assange sería sometido a un juicio por jurado en el este de Virginia, corazón mismo de la comunidad de inteligencia y seguridad nacional de ese país. Esta situación otorga fundamentadas sospechas de que los jurados estarán compuestos por personas cercanas de los agentes de inteligencia o contratistas de las agencias de inteligencia.
En tanto, los abogados de Assange han adelantado que solicitarán medidas cautelares para detener su extradición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo, Francia, en caso de que el Tribunal Superior británico rechazara su pedido.
Desde la defensa de Assange argumentan que si bien él no es un espía, el delito de espionaje en cualquier sistema judicial democrático es considerado un delito político. Y los delitos políticos no son extraditables en ningún país de Occidente.
Además, los abogados Edward Fitzgerald y Mark Summers manifestaron que su entrega podría conllevar a la pena de muerte. Esto en base al descubrimiento de una trama de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por su sigla en inglés) para secuestrar o matar a su cliente cuando estaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres (entre 2012 y 2019).
También señalaron que la Fiscalía estadounidense indicó que piensa solicitar que no se apliquen al programador informático las mismas protecciones constitucionales que a los ciudadanos del país, al ser él de nacionalidad australiana.
La apelación a un tribunal internacional podría ser más auspiciosa, dado a que este estaría menos influenciado por el lobby estadounidense, como es el caso de la corte británica. De hecho, existe cierto consenso a nivel internacional sobre la necesidad de evitar la extradición.
De hecho, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura, Alice Jill Edwards, instó al Gobierno del Reino Unido a detener la posible extradición de Julian Assange a EE.UU. en base a temores sustanciales de que, si es extraditado, “correría el riesgo de sufrir un trato equivalente a tortura u otras formas de malos tratos o castigos”.
A su vez, el actual Gobierno australiano y su Parlamento han solicitado la liberación de Assange y el Congreso de ese país aprobó una resolución respaldada por el primer ministro, Anthony Albanese, en donde se pone de manifiesto a Washington el deseo de su Gobierno de que se abandone la petición de extradición y se le permita a su ciudadano regresar a su país.
En tanto, si los magistrados acceden a su demanda, se iniciará un nuevo juicio de apelación ante la Justicia inglesa para revisar la totalidad de los argumentos presentados por la defensa de Assange al apelar al máximo tribunal.
Esto obedece a que, en marzo de 2022, el Tribunal Supremo británico dio luz verde a la extradición por considerar suficientes las garantías ofrecidas por la Fiscalía estadounidense ante el riesgo de suicidio en una prisión estadounidense era muy elevado.
Sin embargo, este fue sólo uno de los ocho puntos de apelación presentados por los abogados contrarios a la extradición de Assange, que incluyen el error que supondría aprobar su entrega para enfrentar un proceso por sus opiniones políticas y exponer la criminalidad de EE.UU.
También señalan que su extradición significa admitir que el periodista sea juzgado por obtener o publicar información veraz, lo cual atenta contra la libertad de expresión.
La defensa ha argumentado que es posible que Assange no sea sometido a un juicio justo, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, el espionaje al que fue sometido tanto él como sus abogados durante su estancia en la Embajada de Ecuador.
A ello se suma la propuesta de admitir las evidencias sobre los planes de EE.UU. de secuestrar, entregar o asesinar a Assange, publicadas por Yahoo News en 2017 en base a las declaraciones de un exagente de contraterrorismo y más de 30 oficiales estadounidenses.
Consideran también que la del australiano es una causa política y que, por tanto, su entrega violaría el tratado de extradición entre Reino Unido y EE.UU. Este acuerdo, además, deja la puerta abierta a los estadounidenses a que modifiquen o añadan cargos que podrían exponer a Assange a condenas aún más duras, incluida la pena de muerte.
En este caso, además de abrirse una posibilidad de que la extradición sea finalmente denegada, un nuevo juicio se prolongaría en el tiempo y abre posibilidad de que el nuevo ministro británico del Interior, James Cleverly, o el propio primer ministro, Rishi Sunak, decidan frenar la entrega.
El periodista australiano está en prisión preventiva en una cárcel de alta seguridad londinense desde que fue detenido a petición de EE.UU. tras ser arrestado en 2019 por la fuerza en la Embajada de Ecuador en Londres, al retirarle Quito el asilo diplomático concedido en 2012.
Assange se había refugiado allí después de su detención inicial en la capital británica en 2010 a instancias de Suecia, por una investigación preliminar por supuesta violación que fue cerrada años más tarde por el debilitamiento de las evidencias y la falta de base para una acusación.
Su esposa, Stella Assange, señaló ante la prensa británica que "este caso determinará si vive o muere, esencialmente". En octubre de 2021, el periodista sufrió un infarto leve y desde entonces tuvo todo tipo de problemas de salud como consecuencia de permanecer durante cinco años recluido en una celda de dos metros de ancho por tres de largo y depende de un tratamiento médico para su supervivencia.
Fuente: TeleSUR