Demandan el trámite de 10 proyectos legislativos para el beneficio de la población que, según dicen, están frenados por los partidos de Gobierno.
Los colombianos toman nuevamente las calles este martes en contra de las políticas del Gobierno de Iván Duque y para exigir la agilización de leyes en el Parlamento, en una manifestación nacional convocada por el Comité Nacional de Paro (CNP).
A través de un comunicado, el CNP informó que la movilización es para "denunciar la corrupción y la impunidad que la acompaña", "el nuevo paquetazo de Duque" y ante el hecho de que el mandatario "ni dialoga, ni negocia".
En concreto, los convocantes exigen al Congreso colombiano que tramite los diez proyectos de ley que presentó el CNP, a través de las bancadas de oposición, y que recogen "las más importantes peticiones" por las se movilizaron los colombianos en las manifestaciones de noviembre de 2019 y las que iniciaron el 28 de abril pasado.
Según el CNP, esos proyectos de ley presentados "tienen como única finalidad beneficiar a millones de compatriotas que, acosados por la crisis económica, el covid-19 y las políticas del gobierno, no encuentran salida para sus esenciales necesidades". Sin embargo, denuncian que estarían siendo obstaculizados por el oficialismo en el Congreso.
Con los proyectos presentados, el CNP busca:
También piden que se continúe el trámite del proyecto de Ley 073 sobre Salud.
Habrá una importante presencia policial en las calles durante la jornada de protesta. Según confirmó el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, unos 40.000 efectivos, hombres y mujeres, fueron asignados para custodiar la marcha, consignó Radio Blu.
Asimismo, habrá vehículos y uniformados del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) en los operativos. El ESMAD fue uno de los protagonistas de la violencia policial durante las protestas iniciadas en abril de este año, y que se extendieron durante cuatro meses.
Los manifestantes también se expresan en contra de la reforma tributaria aprobada recientemente en el Congreso y sancionada por Duque.
La reforma tributaria que se aprobó fue el tercer texto enviado por el Ejecutivo, luego de que dos proyectos similares fueran rechazados por la población. La presentada anteriormente fue el detonante del estallido social que hubo en Colombia desde el pasado 28 de abril, que dejó 80 fallecidos, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz); y más de 4.000 casos de violencia policial, de acuerdo con el registro de la ONG Temblores.
La normativa, también bautizada como 'Ley de Inversión Social', fue calificada por el mandatario como "la reforma más importante del siglo XXI" y dijo que había sido "fruto del consenso" entre empresarios, jóvenes, beneficiarios de los programas sociales y congresistas.
Entre otras cosas, la ley establece que el programa gubernamental 'Ingreso Solidario' llegue a 4,1 millones de hogares, que recibirán una renta básica de 160.000 pesos mensuales (unos 42 dólares); que más de 500.000 colombianos, con edades entre los 18 y 28 años, tengan un contrato laboral con prestaciones sociales y que el Estado aporte el 25 % de su salario mínimo; un programa similar para beneficiar a 216.000 mujeres, que generaría otros 265.000 puestos de trabajo; y que unos 700.000 jóvenes, de los estratos 1, 2 y 3 (que son los de menores recursos) reciban matrícula gratuita de estudios superiores.
Asimismo, señalan que "la renta básica de la que habla el Gobierno no pasa de ser un aumento insuficiente en el llamado Ingreso Solidario", por lo que denuncian que la administración de Duque "se niega a dar soluciones" a los severos problemas que enfrenta la población que ha visto vulnerados "sus derechos económicos y sociales".
Otra de las quejas del CNP tiene que ver con del nuevo presupuesto general de la nación, aprobado en el Parlamento. Según la organización, esta previsión aumenta en 10 % el pago de la deuda externa e interna, mientras que reduce el financiamiento al sector agropecuario y pretende congelar los gastos del Estado por diez años.