Después de casi cuatro años de idas y vueltas en los pasillos de los tribunales, Monsanto activó el juicio contra la Municipalidad de Río Cuarto por haberle impedido instalar su planta en la ciudad. Así lo indica un escrito presentado por la firma en los últimos días en la Cámara I de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, según informó el diario PUNTAL. Se trata de un paso formal más en este largo proceso, que finalmente pudo avanzar gracias a un fallo emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en septiembre pasado.
A pesar de que la demanda formulada por la multinacional en 2014 tenía errores formales, la Justicia provincial le permitió cambiar la figura y encuadrar la misma como una demanda de “ilegitimidad”, que considera el decreto firmado por el ex intendente Juan Jure como “arbitrario” al negarle la habilitación. A esto se suma que el laboratorio de Monsanto, actualmente fusionada con la alemana Bayer, fue construido en la ciudad sin los requisitos correspondientes. De hecho, la autorización a la planta había sido negada por el jefe comunal en noviembre de 2013 por haber desaprobado el estudio de impacto ambiental cuando paradójicamente la obra ya estaba terminada. Cabe recordar que el decreto también se fundamentó en el objetivo de preservar la paz social, dado el rechazo de numerosas instituciones y sectores sociales a la instalación.
En ese marco, la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos, que viene resistiendo desde hace años la instalación de la corporación de los transgénicos, cuestionó el rol del Poder Judicial en este conflicto: “Nos alerta que la Justicia haga un fallo en beneficio de una empresa acusada de genocidio, y de manipulaciones y presiones en el mundo científico”.
Respecto al dictamen que permitió a la empresa remediar los errores formales de su demanda, el abogado Dario Ávila, especialista en conflictos socio-ambientales, expresó que esto no ocurre comúnmente. Y agregó que “lo que se cuestiona es que sea la propia Justicia la que le haya dicho a Monsanto que debía reencausar la acción judicial. Esto no existe: si cuando uno se presenta se equivoca en la acción –que implica una negligencia hasta del propio abogado de la empresa-, la Justicia debe rechazarla y declararla improcedente. Después, en todo caso, el demandante verá si vuelve a intentarlo”.
Ante los avances de este proceso judicial, el bloque del Frente de Izquierda presentó días atrás en la Legislatura de Córdoba una resolución para “impedir y paralizar cualquier actividad comercial o productiva de la multinacional Monsanto en la provincia hasta que disponga el levantamiento definitivo de las acciones legales contra el Municipio y el pueblo de la Ciudad de Río Cuarto como así también expropiar todas las propiedades de Monsanto en el territorio provincial por considerarla una firma que atenta contra la soberanía política y económica del pueblo de nuestra provincia y el país”, según expresan desde el bloque. En este sentido, afirman: “Consideramos que las acciones que Monsanto (hoy Bayer) impulsa en la justicia son una extorsión y un mecanismo de presión corporativa inadmisible que ataca la soberanía del pueblo de Río Cuarto”.
El rol de la Justicia y los caminos posibles
Las posibilidades que se abren respecto del juicio entre Monsanto/Bayer y el municipio, que llevaría al menos un año más de trámites antes de iniciarse formalmente, son diversas. Desde la asamblea socio-ambiental señalan que la firma podría estar buscando un resarcimiento económico por parte del estado local, o la posibilidad de lograr la habilitación para poner finalmente a funcionar su planta.
En cuanto a esta última posibilidad, Ávila consideró que existen diversas dificultades para que Monsanto pueda poner en funcionamiento su laboratorio. Por un lado, debido a que es solamente un proyecto y la empresa no puede alegar derechos adquiridos. Por otro lado, agregó que “las autoridades municipales, y estatales en general, tienen lo que se llaman `facultades discrecionales´, que les permiten hacer valoraciones no técnicas y jurídicas sino de oportunidad, mérito o conveniencia, y en base a eso ello pueden decidir libremente qué proyectos aprueban y cuáles rechazan. La ley solo los obliga a que la decisión debe ser fundada, y en ese sentido el decreto del municipio está bien fundado, e incluye el tema de garantizar la paz social, que es el deber de cualquier estado. En ese momento, la valoración era de conveniencia porque era más importante priorizar el interés social por sobre el interés particular de una empresa”.
En este sentido, el abogado explicó que, en base a una doctrina creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estas decisiones de funcionarios son cuestiones políticas, no judiciales, y en los que la Justicia difícilmente intervenga. Eso sí podría ocurrir si el gobierno local no hubiera respetado el procedimiento administrativo. De cualquier manera, Ávila advirtió: “Puede pasar de todo, como ya pasó en Malvinas Argentinas con la planta acondicionadora de semillas: que la empresa tiene poder de lobby en la Justicia no es desconocido para nadie, los poderosos tienen mayor poder de presión. La justicia está travesada por estos intereses”.
Un nuevo nombre, los mismos principios
En septiembre de 2016, justo después de que Monsanto fuera echada definitivamente de Malvinas Argentinas, se dio a conocer la oferta de 62 mil millones de dólares de la firma Bayer para adquirir las acciones de la multinacional. A partir de aquel momento comenzó un proceso de fusión entre ambas empresas que ubica a la farmacéutica alemana como la mayor compañía de agrotóxicos y transgénicos a nivel mundial.
En ese marco, desde la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos señalaron que existen rumores de que ahora el laboratorio buscaría instalarse bajo el nombre de Bayer. Y recordaron que, en un principio, Monsanto también intentó solicitar habilitación mediante la empresa local Foc Seed, una situación que la propia asamblea logró detectar y denunciar públicamente.
“Sabemos que al utilizar otro nombre vuelven a intentar instalarse en la sociedad para seguir expandiéndose. Probablemente los accionistas sean los mismos, pero es una estrategia para lavar su imagen ya que Monsanto fue muy vapuleado por la sociedad y las organizaciones en distintos lugares. Por eso necesitamos instalar el no a Monsanto y también el no a todo este tipo de transnacionales”, dijo al respecto Martín Sosa, integrante de la asamblea.
“Focalizar en el nombre de Monsanto únicamente a veces es el árbol que tapa el bosque. No es solamente esa empresa; hay una telaraña de otras empresas de la misma calaña, como Bayer ahora, que reproducen lo mismo. Son industrias químicas que incorporan lo agroindustrial bajo los mismos principios que atentan contra la vida, la salud y la biodiversidad”, concluyó.
Fuente: La Tinta