Las Islas Malvinas formaron parte del área bajo jurisdicción de España a partir de la entrada en vigor de los primeros instrumentos internacionales, los cuales “delimitarían” el nuevo mundo poco después de la conquista por parte de España. Hacia mediados del siglo XVIII, las Islas Malvinas comenzaron a ser objeto del interés de Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a contar con un establecimiento estratégicamente ubicado frente al estrecho de Magallanes.

La ocupación efectiva de las Islas comenzó en 1764, cuando naves francesas desembarcaron con un proyecto de colonización y poblamiento. Rápidamente España se opuso y obtuvo el reconocimiento de Francia de su derecho a las Islas, al tiempo que el gobierno francés ordenó la evacuación y entrega del establecimiento a las autoridades españolas. Al año siguiente de la instalación francesa, una expedición británica llegó clandestinamente al archipiélago y en 1765 marinos ingleses levantaron un fuerte en un lugar que llamaron “Port Egmont”, en una isla situada al noroeste de la Gran Malvina. Con motivo de esta acción, se estuvo al borde de una guerra, evitada con un acuerdo bilateral firmado en 1771 que hacía reserva expresa de la soberanía española sobre las islas.

Desde 1767 (retiro de Francia), siempre hubo en las Islas un gobernador español que dependía de la Gobernación de Buenos Aires: desde entonces España llevará a cabo 32 gobernaciones de forma ininterrumpida, hasta la Revolución de Mayo. Desde el 25 de mayo de 1810, los primeros gobiernos patrios de las Provincias Unidas tuvieron en cuenta a las Malvinas, en diversos actos administrativos, a las que consideraron parte integrante de su territorio, heredado de España por sucesión de Estados según el Uti Possidetis Juris. En consecuencia, en 1820, las Provincias Unidas del Río de la Plata tomaron posesión efectiva de la plaza y el 10 de junio de 1829 el gobierno argentino promulgó un decreto creando la Comandancia Política y Militar de las Malvinas, adjudicando la responsabilidad política y militar a Luis Vernet.

Ataque norteamericano y usurpación británica

A fines de 1831 un buque de guerra de los Estados Unidos arrasó Puerto Luis en represalia por la captura de buques loberos de esa nacionalidad que habían sido hallados en infracción a la legislación de pesca por las recientes autoridades argentinas. Cuando el orden en Puerto Luis había sido restaurado, el 2 de enero de 1833 una corbeta de la Marina Real británica apoyada por otro buque de guerra que se encontraba en las cercanías, amenazó con el uso de fuerza superior y exigió la rendición y entrega de la plaza.

Desde 1832, Manuel Moreno -hermano de Mariano-, por entonces representante argentino en Londres, había alertado sobre los planes ingleses de invasión, para eslabonar “una cadena de puntos marítimos alrededor del globo”; y denunciaba “una actitud cómplice de los Estados Unidos (…) movidos también por el interés de llevar adelante en las islas, sin limitaciones, la depredación ecológica”.

Siglo XX: poner fin al colonialismo

El 14 de diciembre de 1960 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un texto de vital importancia para nuestro país: la Resolución 1514, titulada “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”. Dicha Resolución proclama “la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”. Desde 1965, la Resolución 2065, tomó en cuenta la existencia de la disputa entre Argentina y Gran Bretaña acerca de la soberanía sobre las Islas Malvinas, e invitó a proseguir sin demoras las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica al problema, enmarcando la disputa en el texto general de la Resolución 1514.

Con la aprobación de esta Resolución, Argentina logró que las Naciones Unidas consideren a Malvinas como “un caso especial de colonialismo”, por lo que debía descartarse el principio de “libre determinación de los pueblos” y aceptarse el criterio de respeto a la integridad territorial. Por su parte, desde 1976, esa instancia supranacional llamó a las dos partes en la disputa, a no modificar unilateralmente la situación mientras subsista la misma, es decir, no innovar en materia de exploración y explotación de recursos naturales.

Como consecuencia de la Resolución 2065, desde fines de la década del sesenta se llevaron a cabo una serie de acuerdos “prácticos” en materia de comunicación, educación y servicios, que suponían acercamientos pero que congelaban el reclamo por la soberanía. El punto de mayor avance en cuanto a los mismos, fue el acuerdo secreto de 1974 –durante el gobierno de Perón- que planteaba un “condominio” sostenido en el tiempo cuya pretensión sí radicaba en poner en discusión la soberanía. Sin embargo, el conocimiento de la existencia de recursos hidrocarburíferos estratégicos en la zona, cambiaría para siempre la óptica de la potencia colonial: desde entonces esbozarán con mayor fuerza –a contramano de todos los foros internacionales- el principio de libre determinación y los “deseos” de los isleños.

La guerra de Malvinas en 1982 y la posterior concesión en cuanto entrega de soberanía planteada en los “Acuerdos de Madrid” durante la primera mitad de la década de los noventa -bajo la figura del “paraguas de soberanía”- consolidaron un tiempo de “desmalvinización” a tono con una entrega de soberanía integral y “relaciones carnales” con los países centrales, como pregona de un neoliberalismo hegemónico.

De la integración regional a la recomposición neocolonial

Desde 2003, se postuló dar vuelta la ecuación de los años setenta y noventa: debía ponerse por delante el reclamo de soberanía y no los acuerdos comerciales. Así Malvinas entró en la órbita de una política exterior de “firmeza” bilateral, buscando ampliar apoyos internacionales (haciendo base en la nueva institucionalidad regional-continental), colocando la contienda como una causa de carácter regional; considerando que, de dicha perspectiva –sostenida en el tiempo- dependía la posibilidad de recuperar las islas.

En paralelo, era indispensable desarmar la política de “seducción” a los isleños planteada por el menemismo, la cual quitaba del centro de la escena el carácter territorial de la disputa. Había que volver a colocar la misma, exclusivamente, entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña, tal como lo planteaba Naciones Unidas.

El centro de gravedad radicó en la persistencia de la denuncia sobre depredación de recursos naturales y militarización del Atlántico Sur. Se denunció que, después de la guerra, Gran Bretaña fue construyendo la mayor base militar de la OTAN en el Atlántico Sur, “Mount Pleasant” a apenas 55 kilómetros de Puerto Argentino. De allí un conjunto de sanciones, por parte de Argentina –respaldadas por Mercosur, Unasur o Celac- ponían el foco en limitar la explotación de los recursos naturales en la zona del conflicto por parte de la potencia colonial y otros países y empresas multinacionales adjudicatarias de licencias comerciales.

Actualmente, América Latina se encuentra en un contexto de recomposición que tiene por objetivo desarmar un multipolarismo ensayado la última década. Las visitas de Obama a Cuba y Argentina en 2016, dejaron al descubierto un programa de carácter neocolonial: ofrecer cierta flexibilización con Cuba como señal de prestancia a vincularse de un nuevo modo con el continente, al mismo tiempo que acorralar política y económicamente a los tres países que encabezaron el desplante al proyecto panamericanista en 2005 bajo el signo del “No al Alca”. Esta dualidad se presentó a la región como la búsqueda por recomponer la “normalidad” de un histórico dialogo con los países centrales.

Desde fines de 2015, el gobierno de Mauricio Macri -llave de la recomposición- tomó nota rápidamente del programa de Washington: más allá del abanico de medidas de ajuste y transferencia regresiva de recursos en el plano local, se tornaba central la reconfiguración de la política exterior, en lo que supone desarmar inéditas pautas de cooperación regional que habían sido consagradas en la última década y media.

El conocimiento sobre la intención de emplazar una nueva base militar en el Atlántico Sur (Tierra del Fuego) -que se sumaría a la base de la OTAN en las Islas Malvinas, como llave a la inmensa reserva de agua dulce y recursos naturales de diversa índole que supone la Antártida- iría completando la escena injerencista. El 13 de septiembre de 2016, se realizó una reunión entre la ex-canciller argentina, Susana Malcorra, y el vicecanciller británico, Alan Duncan. El objetivo de dicho acuerdo radicó en el compromiso de Argentina por remover todos los obstáculos para la explotación de los recursos naturales, renovables y no renovables, como principal interés económico del Reino Unido. Recordemos que, desde 2007, Argentina había dejado sin efecto el acuerdo con Gran Bretaña sobre explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur occidental, firmado en 1995.

De esta manera, hablar de “remover los obstáculos” pinta a las claras un nuevo tiempo para Argentina y la región. Supone, tanto en materia de navegación, como de pesca e hidrocarburos, dejar de penalizar a las empresas que actúen en territorio argentino sin permiso. En consecuencia, se desprende del acuerdo redactado en Londres, la búsqueda por desmantelar medidas jurídicas, administrativas y legales, en pos de eliminar las restricciones y sanciones a la explotación ilegal de nuestros recursos naturales. Argentina abandonó así un considerable empeño consagrado en la última década, puesto en el desarrollo del Atlántico Sur: una defensa integral de su soberanía territorial, científica, satelital y económica.