En octubre de 1965 un paro por mejoras salariales era llevado a cabo por trabajadores de Andes Cooper Mining y de la Potrerillos Railway Company, además de los compamentos de Sewell, El Salvador, Potrerillos y Chuquicamata. La huelga había sido calificada como ilegal por parte del gobierno. En noviembre se registraron los primero enfrentamientos entre trabajadores y rompehuelgas, y posteriormente con Carabineros. El gobierno declaró zona de emergencia en los departamentos de El Loa, Chañaral,Tocopilla y Rancagua, dando pie al copamiento por parte de efectivos militares.

El 8 de marzo, los militares en Chañaral emitieron una orden de reanudación de faneas en El Salvador, Potrerillos, y el puerto de Barquito. La orden fue cumplida por un bajo número de trabajadores. El 8 de marzo se intentó desalojar el sindicato de Potrerillos el cual fue rodeado por efectivos militares y carabineros con puestos de ametralladoras, allí se realizó un allanamiento que no dejo víctimas.

El historiador local René Cerda investigó y reconstruyó la cronología de la matanza en El Salvador, constatando que aquel 11 de marzo de 1966, se ordenó un desalojo del sindicato por efectivos militares, carabineros y detectives.

Cerca de 300 obreros se encontraban almorzando en una olla común. Un suboficial y un piquete de tropas entraron arrojando bombas lacrimógenas, generando una estampida al interior del inmueble. Los trabajadores y sus familias salieron por un sector lateral, donde eran esperados con más gases lacrimógenos. Un grupo escapó hacia dentro del estadio mientras que el otro continuó escapando hacia el sector norte del sindicato.

Este grupo recibió los primeros disparos de militares, carabineros y detectives. En el lugar fue asesinada Osvaldina Chaparro de 30 años, quien se encontraba embarazada de 3 meses, fue ametrallada por un carabinero de apellido Urra. Francisco Monárdez Monárdez, fue asesinado por estallido de cráneo causado por un disparo de grueso calibre que entró por su espalda. Mauricio Dubó Bórquez, obrero de 25 años falleció al recibir 6 disparos en el abdomen.

En el lugar además quedó una gran cantidad de heridos a bala. Mientras tanto, el teniente de carabineros Luis Hald presentó una herida leve producto de un piedrazo.

Transeúntes y asistentes al cine cercano se acercaron al oír los disparos. Los militares abrieron fuego contra la multitud por segunda vez asesinado a Manuel Contreras Castillo, obrero de 54 años, de un disparo en el cuello mientras observaba los acontecimientos. En el lugar también fue asesinada Marta Egurrola Riquelme, dueña de casa de 39 años.

En medio de la carga de los militares, un capitán resultó herido, probablemente por su propia arma al resbalar y caer. Esto descontroló a los soldados y carabineros, que continuaron disparando a mansalva.

Luis Alvarado Tabilo, obrero de 43 años cayó muerto por disparos en el tórax. También fueron asesinados: Ramón Contreras Pizarro, obrero de 22 años; y Delfín Galáz Duque, obrero de 37 años.

La matanza fue interrumpida por un médico del hospital llamado Samuel Pantoja, junto al sacerdote Jesús Oyarzábal. La investigación de René Cerda destaca a un militar que se negó a disparar: Luis Covarruvias, quien era oriundo de El Salvador y se encontraba haciendo el servicio militar.

Durante la tarde de ese día 12 en Santiago se realizaron protestas y rayados contra Frei y otros demócratacristianos. En Concepción, también hubo protestas en la Plaza Perú. En el Salvador, fueron rajadas las banderas dejadas por los militares.

La CUT convocó a un paro nacional para el 14 y 15 de marzo con una extensa participación. Los trabajadores movilizados de El Teniente exigen la liberación de los dirigentes presos en el norte. El 28 de marzo, la Corte de Apelaciones de La Serena liberó bajo fianza a los presos, terminado así los paros en El Salvador y Potrerillos.

La matanza de El Salvador no fue un hecho aislado; fue otro episodio en el historial de masacres que perpetró el Estado chileno a lo largo del siglo XX para defender los intereses del gran capital nacional y transnacional frente a las justas demandas del movimiento obrero y social. Las consecuencias de esta práctica sistemática saltan a la vista: desarticulación del movimiento de trabajadores, menos de un 20% de sindicalización, resignación frente a la precariedad laboral y bajos salarios. En estas condiciones ya no es necesario para el Estado recurrir a grandes matanzas como fórmula de disciplinamiento social. Ahora el aislamiento, el miedo y el endeudamiento hacen el trabajo sucio. Sin embargo, el asesinato de luchadores sociales para defender intereses del gran empresariado está lejos de ser abolido.

Rodrigo Cisterna, obrero forestal de 26 años abatido por carabineros en una huelga frente a la Planta de Celulosa Horcones propiedad del grupo Angelini el año 2007; Juan Pablo Jiménez, 35 años, dirigente sindical en una subcontratista de Chilectra, muerto por un disparo en su lugar de trabajo el 2013; Macarena Valdés, activista ambiental, 32 años, 3 hijos, enfrentada al holding energético RP Global, presuntamente asesinada ya que apareció colgada por un supuesto suicidio el año 2016; o Nelson Quichillao, minero subcontratista, asesinado por fuerzas policiales en el marco de una huelga el año 2015 en la misma localidad de El Salvador, en donde hace 52 años ocurrió una matanza, la historia se ha repetido como tragedia. Todas pruebas de la continuidad de estas prácticas represivas.

Fuente: Resumen Latinoamericano