Aunque trabajaban a cielo abierto, cientos de trabajadores de los astilleros y sus familias han sufrido los males del amianto, que provoca una patología localizada en el pulmón llamada asbestosis.

Ello está obligando año tras año a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a inyectar capital público en la matriz lliquidadora de IZAR y Bazán, las antiguas sociedades públicas de construcción naval ahora en vías de extinción donde muchos empleados enfermaron por la exposición al polvo cancerígeno de asbesto.

Según recoge un informe de fiscalización publicado esta semana por el Tribunal de Cuentas, "los litigios por esta patología, que se conoce como asbestosis, han tenido un incremento exponencial desde el año 2000 en que se produjo la primera reclamación judicial, con sentencias en la actualidad desfavorables para IZAR y con indemnizaciones crecientes, que han superado en algunos casos individualmente los 400.000 euros. Los litigios abiertos pendientes de resolución al cierre del ejercicio 2013 eran 327". Estas denuncias van contra Izar y Bazán, pero también contra Navantia, sociedad también pública que se creó tras la liquidación de las anteriores y que heredó gran parte de los activos navales localizados en Cádiz, Cartagena y Ferrol.

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