En estos días se cumplen 41 años de lo que en realidad no fue una noche sino casi una semana de operativos de los grupos de tareas de la dictadura, cuyo objetivo principal fueron abogados marplantenses que en su mayoría se dedicaba a la defensa de trabajadores y militantes.

Las personas secuestradas fueron recluidas en "La Cueva", viejo radar de la Base Aérea ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, devenido en centro clandestino de detención.

Los primeros secuestrados fueron los abogados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda, entre la noche del 6 y la madrugada del 8 de julio de 1977.

A ellos se agregarían el doctor José Candeloro y su esposa Martha García, secuestrados el 13 de julio en Neuquén y llevados a Mar del Plata. También la compañera de Fresneda, Mercedes Argañaraz, embarazada de ocho meses, María Esther Vázquez de García, su compañero Néstor Enrique García Mantica y José Verde y su compañera.

De aquel grupo de personas detenidas sólo sobrevivieron Ricci y Bozzi, Martha García, Julio Verde y su esposa. Pero a todos los sometieron a brutales torturas.

Los que presentaban los habeas corpus

¿Qué tenían en común todos ellos? Claramente, haber dedicado su profesión a la defensa de los trabajadores.

Y durante el primer año de la dictadura se dedicaron muchos de ellos a presentar habeas corpus reclamando por la aparición con vida de militantes desaparecidos.

Como antesala a esa trágica “noche” se puede mencionar los asesinatos de los abogados Alfredo “Cuqui” Curuchet y Ortega Peña a manos de la Triple A. Sin embargo, no tenían en su mayoría actividades o militancia conjunta y lo que sí se conoce es que todos ellos, además de la defensa de las libertades más elementales, se habían enfrentado a la agrupación ultraderechista y católica Concentración Nacional Universitaria (CNU) que actuaba junto a la Triple A.

Norberto Centeno, de 60 años, era uno de los más conocidos abogados laboralistas de la ciudad, asesor legar de la CGT y de muchos gremios, encarcelado por el golpe “fusilador” de Aramburu y Rojas, integrante de la llamada “resistencia peronista”. Fue quien redactó el proyecto que luego sería la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Murió por las torturas a manos del coronel Pedro Barda.

José Candeloro, socio de Centeno, tenía militancia de izquierda y, al igual que Tomás Fresneda y Salvador Manuel Arestín, se encargaba de las presentaciones de hábeas corpus.

Justicia cómplice e impunidad

El coronel Pedro Alberto Barda era el comandante a cargo de la Subzona XV dentro del sistema represivo del Primer Cuerpo de Ejército. Era el responsable de los distintos centros clandestinos de detención que funcionaban en Mar del Plata, como La Cueva. Si bien fue condenado en 2008 a 25 años de prisión cumple la condena en su casa gracias a los atenuantes que la justicia le brinda debido a su edad.

El suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina fue subjefe de la Base Aérea donde funcionó La Cueva y era el encargado de torturar a los detenidos. A él se le imputaron las muertes de Centeno y Candeloro. Murió en 2012 y fue el primer condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata durante la última dictadura cívico-militar.

El rol del Poder Judicial durante el genocidio es, sin dudas, la pata cómplice y necesaria para el sostén “jurídico” de la dictadura.

No se puede dejar de mencionar al juez Pedro Hooft, llamado precisamente “el juez de la Noche de las Corbatas”, acusado de haber cajoneado decenas de habeas corpus y estrechamente ligado a la CNU. Él literalmente dejó correr los secuestros de los abogados desaparecidos y se lo acusa también de no haber informado sobre la muerte de Jorge Candeloro ni de haber reclamado su cuerpo al Ejército.

Hooft sabía, por supuesto, dónde y en qué condiciones estaban los abogados secuestrados. Su cómplice inacción los condenó a muerte.

El juez también recorría los calabozos donde estaban secuestrados los abogados y sus familiares, a quienes les decían que “iba a venir un juez” para darles esperanzas sobre su liberación cuando realmente era un mecanismo más de tortura.

Sus socios del Poder Judicial lo mantienen impune. En abril de 2014 fue sometido a un jury, allí la mayoría del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense entendió que el juez provincial "no incurrió en delitos de lesa humanidad" y rechazó el planteo de la acusación.

Son miles los familiares y sobrevivientes que siguen luchando por encarcelar a todos los genocidas militares y civiles. Por eso se mantiene en la memoria la valentía de esos abogados que fueron desaparecidos y asesinados por haber dedicado su profesión a la defensa de los trabajadores. A ellos se suman otros cien que desaparecieron durante la dictadura.

Las y los militantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), abogados, hijos y familiares de detenidos desaparecidos, luchan por las plenas libertades para los trabajadores y el pueblo. En esa lucha va un homenaje cotidiano a las víctimas de La Noche de las Corbatas.

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