Mar 11 de septiembre de 2018 Mundo

Poder mata justicia

Ecuador: La Corte de La Haya falló a favor de Chevron.

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El Tribunal de La Haya falló a favor de la petrolera Chevron y declaró a Ecuador como responsable de haber violado el Tratado Bilateral de Inversión, de haber denegado justicia, y de no brindar un trato justo y equitativo a la petrolera. Además, la Procuraduría informó que el fallo implicará una reparación económica por daños a favor de Chevron, aunque todavía no se ha establecido un monto de indemnización. El monto queda por definirse en otra fase, que iniciará dentro de 90 días.

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Ecuador: La Corte de La Haya falló a favor de Chevron.

La petrolera solicitó al tribunal de La Haya que Ecuador se haga cargo de los USD 9 500 millones de la sentencia a la que fue sometida la firma en el 2011, por la Corte Provincial de Sucumbíos. Ese litigio empezó en 1993, cuando comunidades iniciaron una demanda por daños ambientales, causados por la petrolera Chevron-Texaco.

El pedido arbitral de la petrolera estadounidense en contra de Ecuador se basó, entre otros, en que el país (a través de la petrolera estatal Petroecuador) asumió la responsabilidad de eventuales temas ambientales en campos petroleros, que había operado en el país. Por lo tanto, las compañías Chevron y Texaco Petroleum alegaron que Ecuador violó el Acuerdo de Liberación de Responsabilidad de 1995 al permitir que pueblos indígenas de la Amazonia interpongan una demanda medioambiental en su contra.

 


Si alguien dudaba, ya queda claro: Chevron manda y paga

La historia sabrá contar adecuadamente lo que hoy vivimos y sus múltiples significados. Así como en su momento vendieron la bandera los plutócratas de fines del siglo XIX, así como entregaron las fronteras los Arroyo del Río o cuando hipotecaron al país los banqueros con los bonos de la deuda… Así estamos hoy: en el momento más oscuro del siglo XXI y los investigadores e historiadores honestos tendrán que señalar con nombre y apellidos a los responsables y a los usufructuarios: los Hurtado, los Noboa, los Acosta, los Egas, los Nebot, los Lasso, los Cuesta, los Campana, los Roldán…

Uno de los esfuerzos más duros y difíciles -de cualquier nación soberana, gobierno ético y líderes históricos- ya ni siquiera es luchar contra sus propias élites económicas sino contra las transnacionales. Por supuesto: con sus acólitos locales elaboran, con una inteligencia que ya se quisiera para otros ámbitos, un tejido político, financiero y judicial tan denso y sólido, que de todas sus acciones y abusos quieren hacer responsable al pueblo ecuatoriano a través de los deberes del Estado. O sea: ¿el ecocidio cometido en la Amazonía ecuatoriana es error de los ecuatorianos? ¿Somos culpables de los derrames y de la ausencia de reparación y limpieza y por eso debemos pagarle a la petrolera Chevron cerca de diez mil millones de dólares?

Y si solo los dueños y accionistas de la transnacional pensaran así, al menos creeríamos que están en su pleno derecho o en su ambición económica. Lo grave es que acá hay “ambientalistas”, “conservacionistas”, dirigentes políticos y periodistas que le dan la razón porque para ellos se “metió las manos en la Justicia” y por tanto ahora hay que pagarle a Chevron. Lo más peligroso es que el Nuevo Plan Cóndor aplicado en Ecuador y América Latina también está en las ideas y los prejuicios -a conveniencia- de cierta izquierda y sindicalistas que, para no asumir sus responsabilidades políticas, justifican y pretenden desconocer el incalculable daño que ha generado para el Ecuador la firma de los Tratados Bilaterales de Inversión, TBI, ocurridos en la época más oscura del neoliberalismo criollo, entre los años 1992 al 2003, tiempo en el que se asumieron 27 de estos 30 nefastos instrumentos de corrupción institucionalizada, suscritos por gobiernos entreguistas, y que ya le han costado al país miles de millones de dólares -por ejemplo los más de mil millones que se tuvo que pagar a la Oxy mientras Manabí y Esmeraldas sufrían las secuelas de un terremoto de 8 grados-; y que ahora, sin beneficio de inventario, ni estrategia legal soberana alguna, se pretende aceptar como hecho cierto un laudo írrito por su origen, ya que se basa en el uso retroactivo de un TBI firmado entre Estados Unidos y Ecuador en 1997, cuando en realidad Texaco-Chevron salió del Ecuador en 1992; y nulo por su proceso, pues mediante los cables diplomáticos publicados por Wikileaks, se ha demostrado que la Embajada Norteamericana ha sido la que permanentemente ha interferido, a nombre de Chevron, ante las autoridades ecuatorianas para beneficio de sus intereses.

Pero hay algo más: las actuales autoridades del gobierno de Lenín Moreno (porque él particularmente no da la cara ni expresa su criterio sobre problemas de Estado) se han hecho de los oídos sordos frente a las denuncias que organizaciones mundiales de derechos humanos han realizado sobre los “diálogos” que el actual Ministro de Comercio Exterior llevaba a cabo con Chevron para resolver el “problema” de hace 23 años. Esto solo puede referirse al juicio entre privados de nuestros compatriotas amazónicos, pues el arbitraje vigente entre Chevron y el Estado lleva menos de una década. Este Ministro celebró el pasado 4 de julio junto con la Embajada por la “estabilidad jurídica y la previsibilidad”, es decir, por el regreso de los Tratados Bilaterales de Inversión al Ecuador. Luego de apenas 2 meses los resultados “previsibles”, de un Estado casi fallido y totalmente transitorio, cuyo Procurador General preanuncia de manera insólita y descarada que va a perder un arbitraje internacional; podría llegar a costar al Ecuador generaciones enteras de [email protected] que no tendrían acceso a sus derechos, mientras el capital y sus comisionistas cobran miles de millones como fruto de décadas de cabildeo e injerencia a nivel nacional e internacional. Y por si acaso si a alguien se le ocurre volver alguna vez a meterse contra la mano sucia de Chevron, advierten la figura de la repetición para los funcionarios públicos.

Se comprende que actúen así, tal como lo hicieron autoridades y funcionarios del gobierno de Jamil Mahuad. Claro, son de la misma clase y más cuando se dice que el tío del actual secretario particular de la Presidencia sería uno de los abogados de Chevron. Se deduce la desidia gubernamental, después de más de un año al frente del Estado, porque no lo administra, no enfrenta ni soluciona los problemas medulares del Ecuador. Hoy por hoy ellos están arreglando los negocios a favor de sus allegados, de la Embajada del norte y de las transnacionales. ¿A cambio de qué? Pues nadie dudaría en decir que a cambio de pagos y de prebendas individuales, grupales o corporativas. La nación poco les importa. Se sirven de ella en el discurso, tal como en su momento lo hicieron Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén y ni se diga León Febres Cordero, cuyo chauvinismo verbal, si se lo revisa en sus alocuciones públicas, fue falso e hipócrita.

A costa de que nos tilden con el sesgo de correístas, Ruta Krítica sí quiere dejar en claro que durante una década hubo un gobierno, en realidad un proyecto político soberano, que defendió a las comunidades afectadas por la Chevron y se enfrentó al mayor poder económico mundial, sabedor de lo que vendría y que hoy desgraciadamente ocurre.

No cabe duda quién manda ahora en Ecuador y, además, paga, paga bien y resuelve a su favor los juicios. Así pasó con Odebrecht y así pasará con los juicios de lesa humanidad y todo lo que para el sentido común debería ser la razón de la administración política de un gobierno comprometido con su pueblo y su historia.

Fuentes: Resumen Latinoamericano / Ruta Krítica

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