El jueves el gobierno levantó la alerta amarilla sobre la intercomuna ante emanaciones tóxicas pero este viernes se registraron nuevas intoxicaciones en el hospital de Quintero. 

El jueves pasado, el Comité Operativo de Emergencias (COE) resolvió levantar la alerta amarilla por contaminación en las comunas de Quintero y Puchuncaví, generando rechazo en la población. Durante el viernes 21 se realizó un cacerolazo de protesta y anteriormente hubo otra protesta con barricadas en Puchuncaví.

El intendente de Valparaíso Jorge Martínez había señalado que tomaron la decisión de levantar la alerta amarilla por no observar niveles altos de contaminación en la zona esta semana, y 4 días sin consultas médicas relacionadas. Lo cual había sido inmediatamente cuestionado por vecinos y vecinas que afirmaban que las intoxicaciones se mantenían. Precisamente, durante la jornada del viernes, se registraron al menos 7 intoxicaciones en el Hospital de Quintero.

En su declaración, el Colegio Médico de Chile recordó que la Constitución chilena garantiza el derecho a un ambiente libre de contaminación, y que es deber de los organismos del Estado cumplir ese derecho. Además llamó al gobierno “a enfrentar esta grave emergencia sanitaria, poniendo a disposición los recursos y medidas necesarias para terminar con la exposición de los habitantes de la zona”.

También hicieron énfasis en la prioridad de protección para la población que presenta un mayor riesgo ante la contaminación, “menores de 15 años, embarazadas, ancianos y enfermos crónicos, hasta demostrar que ya no hay riesgo para la salud”, precisaron.

Para ayudar a cumplir este objetivo, la organización de profesionales de la salud solicitó “declarar zona de catástrofe para las comunas de Quintero y Puchuncaví. Esto conlleva suspender las faenas de las empresas presentes en la zona hasta que se establezca el origen de la fuga y se demuestre que no hay riesgo de emisión de ningún tóxico, incluidos aquellos expresamente prohibidos por el Protocolo de Montreal”, señalaron.

Con respecto a la transparencia de la información, la asociación gremial apuntó a la necesidad de “disponer de información fidedigna y permanente sobre los niveles de contaminación existentes en la zona, para lo cual se requiere equipamiento de monitoreo con capacidad de medir de manera continua, transparente y pública, todos los gases y sustancias tóxicas presentes en el ambiente”.

Para ello recomiendan “homologar las normas chilenas sobre compuestos y elementos tóxicos a las normas vigentes de la OMS o, en su defecto, de la Unión Europea para aire, agua y suelos. Con suspensión y/o condicionamiento de permisos industriales, supeditado al cumplimiento de las nuevas normas”.

La agrupación de profesionales pidió “declarar emergencia sanitaria con el fin de fortalecer la red de salud con recursos humanos e infraestructura. Además recomendamos el establecimiento de un Centro de Salud Ambiental para la atención de la población expuesta durante décadas a tóxicos dañinos para su salud, con el fin de monitorear su condición de salud, puesto que muchos de los efectos de la exposición a estos tóxicos no se manifiestan en lo inmediato”.

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