“La decisión que el Tribunal Supremo ha tomado hoy convierte la jornada en un sombrío día para los derechos humanos en India. Contradice la orgullosa tradición india de proporcionar refugio a quienes huyen de graves violaciones de derechos humanos. Pone en peligro a la población más perseguida del mundo y carece de toda empatía”, ha señalado Aakar Patel, de Amnistía India.

Había algo de esperanza para los siete rohingyas el 4 de octubre, cuando se presentó ante el Tribunal Supremo una petición para que detuviera su devolución. Lamentablemente, el tribunal deliberador, un panel de tres jueces con el recién nombrado presidente del Tribunal Supremo Ranjan Gogoi a la cabeza, rechazó la solicitud. Los firmantes de la petición habían instado al Tribunal Supremo a que permitiera al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) acceder a los hombres para asegurarse de que necesitaban protección según el derecho de refugiados, pero no se concedió el permiso. Los siete hombres habían sido declarados “inmigrantes ilegales” en virtud de la Ley de Extranjería de 1946, aplicada a menudo indebidamente.

“El gobierno indio lleva ya más de dos años haciendo una campaña implacable de desprestigio contra la comunidad ronhingya Esta decisión sienta un peligroso precedente para todas las personas solicitantes de asilo y refugiadas presentes en India. El gobierno de Narendra Modi debe colaborar con ACNUR para no incumplir sus compromisos básicos en materia de derechos humanos”, ha añadido Aakar Patel.

Este año, Amnistía Internacional ha publicado un informe con numerosos datos fidedignos que implican al comandante en jefe de las fuerzas armadas de Myanmar, general Min Aung Hlaing, y a otras 12 personas cuyos nombres se citan, en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la limpieza étnica a la que se sometió a la población rohingya en el norte del estado de Rajine. El informe es la culminación de nueve meses de investigación intensiva, tanto en Myanmar como en Bangladesh, y constituye la relación más completa realizada hasta ahora por Amnistía Internacional de cómo las fuerzas armadas de Myanmar obligaron a más de 702.000 mujeres, hombres, niñas y niños —más del 80% de la población rohingya del norte del estado de Rajine al comenzar la crisis— a huir a Bangladesh y otros países después del 25 de agosto de 2017.

El 2 de octubre, la relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia expresó alarma ante la intención del gobierno de reenviar a los siete rohingyas a Myanmar, lo que podría constituir devolución (refoulement) y una violación del derecho internacional.

Fuente: es.amnesty.org