Las organizaciones, que provienen de 16 países árabes así como de seis estados europeos y latinoamericanos, exigieron en un comunicado conjunto el juicio de las autoridades israelíes involucradas en la perpetración de genocidio, crímenes de guerra y discriminación racial contra los palestinos.
Condenaron las prácticas racistas de Israel contra los palestinos y su trato a estos últimos como un grupo racial inferior, y pidieron el lanzamiento de una campaña para poner fin a las acciones de apartheid del régimen.
Las organizaciones de derechos humanos también pidieron medidas punitivas, incluidas prohibiciones de viaje y congelación de activos, contra los oficiales militares israelíes, además de embargos de armas contra el régimen de Tel Aviv.
icieron un llamado a la Corte Penal Internacional (CPI) para que incluya los crímenes del apartheid en el Territorio Palestino Ocupado en sus futuras investigaciones.
Luego, las organizaciones expresaron su apoyo a los grupos pro-palestinos que documentan y exponen las atrocidades y el racismo de Israel, sobre todo el movimiento internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).
El movimiento BDS, que sigue el modelo del movimiento contra el apartheid en Sudáfrica, fue iniciado en 2005 por más de 170 organizaciones palestinas que presionaban por “diversas formas de boicot contra Israel hasta que cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional”.
Desde entonces, miles de voluntarios en todo el mundo se han unido al movimiento BDS, que llama a personas y grupos de todo el mundo a cortar los lazos económicos, culturales y académicos con Tel Aviv, para ayudar a promover la causa palestina.
El año pasado, más de 600 académicos, artistas e intelectuales de más de 45 países de todo el mundo criticaron las prácticas israelíes contra los palestinos y pidieron el fin inmediato del “régimen del apartheid de Israel” en los territorios ocupados.
En julio de 2018, el parlamento de Israel (Knesset) adoptó un controvertido proyecto de ley que declara a la entidad ocupante como el llamado “Estado-nación del pueblo judío”.
La ley prioriza los valores “judíos” sobre los democráticos en los territorios ocupados, declara a Jerusalén al-Quds la “capital” de Israel, permite comunidades exclusivamente judías, establece el hebreo como idioma oficial de Israel y relega el árabe de un idioma oficial a uno con “estatus especial”.
Los observadores culpan a las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos por permitir las violaciones de Israel contra los palestinos.
Fuente: PressTv