La Corte Penal Internacional (CPI) desestimó la demanda interpuesta el 4 de septiembre de 2020 por el entonces gobierno de facto de Jeanine Áñez en contra del expresidente de Bolivia, Evo Morales, por supuestos crímenes de lesa humanidad en el marco de fuertes protestas sociales.
El organismo internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, realizó un examen preliminar y determinó que "no existe fundamento suficiente para creer que se hayan cometido presuntos crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional".
Tras el golpe de Estado ocurrido en noviembre de 2019 y la posterior crisis política y social en Bolivia, la entonces presidenta de facto, Áñez, acusó a Morales y a otros miembros del Movimiento al Socialismo (MAS) de haber cometido "delitos de lesa humanidad" porque, en medio de los bloqueos que se prolongaron por 12 días en agosto de 2020, supuestamente impidieron a la población acceder a suministros y servicios médicos vitales.
Esto habría derivado en la muerte de más de 40 personas que necesitaban oxígeno, según argumentó el entonces imperante gobierno de facto en La Haya.
Frente a ello, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, concluyó este lunes que no hay fundamento suficiente para creer que "los presuntos actos de los organizadores de los bloqueos y quienes participaron en ellos, aun cuando estos hubiesen sido establecidos, constituirían una campaña dirigida contra la población civil de Bolivia".
Khan detalló que su decisión podría ser objeto de una "revisión judicial por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte, a instancias del Estado que ha presentado la remisión".