Los cargos se derivan de un incidente ocurrido el 14 de octubre de 2021, cuando los milicianos de LF dispararon desde los tejados contra cientos de simpatizantes pacíficos del movimiento de resistencia Hezbolá y su partido aliado Amal en una protesta en el Palacio de Justicia de Beirut.

Los manifestantes se habían reunido para exigir que el juez que dirige una investigación sobre la explosión del puerto de Beirut en 2020 renuncie después de intentar convocar a figuras políticas de alto perfil para interrogarlas.

El tiroteo provocó enfrentamientos que duraron horas en los barrios cercanos. Al menos siete personas fueron martirizadas y más de 30 heridas.

En un discurso que siguió a la violencia mortal, el secretario general de Hezbolá, Su Eminencia Sayyed Hassan Nasrallah, describió a las fuerzas libanesas como la “mayor amenaza” para los cristianos en el Líbano, y advirtió al antiguo grupo de milicianos contra los “errores de cálculo” que hundirían al país en una guerra civil.

Más de 200 personas murieron y unas 6500 resultaron heridas en la explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020, cuando detonó una enorme reserva de nitrato de amonio, que se había almacenado de manera insegura en el puerto durante años.

La explosión ha dejado la economía del Líbano, que ya se tambalea por múltiples crisis, incluido el colapso de su sistema bancario, la inflación en espiral y la pandemia de coronavirus, hecha jirones.

La intromisión occidental y las sanciones estadounidenses han empeorado el deterioro de la crisis financiera y política.

Fuente: Al Ahed