POR EDUARDO GIORDANO
El próximo 29 de mayo se celebran elecciones presidenciales en Colombia tras las legislativas del 13 de marzo que dieron una amplia victoria a la izquierda en el Senado y en la Cámara de Representantes. Por primera vez se produjo un cambio en la correlación de fuerzas que favorece al Pacto Histórico de las fuerzas progresistas en detrimento de las viejas maquinarias políticas y de los dirigentes tradicionales. El paramilitarismo, indisociable del narcotráfico y controlado por sectores próximos al poder político y militar, ha irrumpido como un factor de intimidación que condiciona el desarrollo de la campaña electoral.
Desde los primeros meses de campaña se produjo una intensificación de la violencia en muchas regiones del país, con una especial incidencia en el departamento de Arauca, donde los ataques de las llamadas disidencias de las FARC y de la organización narcoparamilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo han causado varias masacres de población civil. Durante los dos primeros meses del año 2022 hubo en ese departamento más de un centenar de muertos. A ello se sumó el paro armado declarado por la guerrilla del ELN, interpretado por candidatos del Pacto Histórico como un regalo al uribismo gobernante y a su estrategia de militarización de la lucha política. También ha aumentado la violencia en el suroeste del país, en particular en el Cauca, donde se han denunciado hasta 14 asesinatos de líderes indígenas en el transcurso de los primeros dos meses y medio de este año. En este caso, es la organización paramilitar Águilas Negras la que amenaza a los líderes sociales y dirigentes políticos del Pacto Histórico. En toda Colombia fueron asesinados 31 líderes sociales y defensores de derechos humanos durante los primeros dos meses de 2022, uno cada dos días.
Según un informe presentado en enero de 2022 por la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma de organizaciones sociales que promueve el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, uno de cada diez municipios de Colombia presenta algún nivel de riesgo electoral. El documento alerta que en 131 municipios repartidos por casi todas las regiones existen riesgos de que se produzca fraude o violencia.
La campaña electoral se desarrolló con una gran disparidad de recursos de comunicación entre los candidatos de los distintos sectores, en particular entre los partidos de derecha y centroderecha, que cuentan con el decidido respaldo de los principales medios de comunicación, y los líderes de partidos de izquierda y movimientos progresistas, que si bien han podido convocar multitudinarias concentraciones en sus recorridos a través del país, estas carecen de eco mediático y se transmiten casi exclusivamente a través de las redes sociales.
Ante el evidente ascenso de la izquierda en todas las encuestas, los grupos narcoparamilitares se propusieron amedrentar a los líderes sociales que la apoyan y sabotear los actos de campaña del Pacto Histórico. En este sentido, actúan como el instrumento extremo de la clase gobernante tras el derrumbe de sus expectativas de perpetuarse en el poder bajo formas democráticas. Los ejemplos son muy numerosos. A finales de 2021, el Clan del Golfo amenazó de muerte al gobernador del departamento del Magdalena, el progresista Carlos Caicedo, quien tuvo que exilarse durante algunos días hasta que el Gobierno le aseguró la debida protección. En enero de 2022, al inicio de la campaña electoral, un comunicado de la organización paramilitar Águilas Negras amenazó de muerte a algunos de los principales dirigentes del Pacto Histórico, entre otros a Gustavo Petro e Iván Cepeda, así como a varios magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre otras personas señaladas con nombre y apellido. El panfleto es una declaración de intenciones:
“Entre nuestras misiones está la de evitar la toma del poder por parte de los narcoterroristas guerrilleros, defender a Colombia de la amenaza del comunismo progresista […] los encontraremos en cualquier parte del territorio nacional […] los vamos a encontrar, a torturar, descuartizar vivos y a desaparecer para que sean ejemplo de lo que le hacemos a los sapos [soplones], traidores, colaboradores y cómplices de las FARC, a quienes también exterminaremos”.
El comunicado añade: “No permitiremos que […] se instaure en el poder la dictadura del narcoterrorismo comunista progresista o que conviertan a Colombia en otra Venezuela”, mostrando una total sintonía con los argumentos no menos rudimentarios al respecto del presidente Iván Duque y su partido Centro Democrático. Al final del panfleto destaca el lema del supuesto ‘Comando General de las Águilas Negras de Colombia’: Por un nuevo plan de ordenamiento y limpieza directa.
La organización paramilitar Águilas Negras surgió bajo la presidencia de Álvaro Uribe. Su paternidad se atribuye al temible jefe paramilitar Vicente Castaño, impulsor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien fundó esta organización en desacuerdo con la desmovilización de las AUC pactada por su hermano Carlos Castaño con Álvaro Uribe, efectuada entre los años 2004 y 2006 con grandes beneficios para quienes se acogieran a ella.
El uribismo permitió la expansión y diversificación de los grupos paramilitares después de la desmovilización de las AUC, que se fueron reconvirtiendo en un sinfín de organizaciones: las AGC o Clan del Golfo, Los Rastrojos, Los Pachenca, Los Caparrapos, La Constru, etc. Ante el avance de esta legión de grupos mafiosos y ultraderechistas, el Estado fue cediendo terreno y en muchos casos les permitió controlar el territorio o, a lo sumo, los combatió como bandas criminales, desvinculando sus fechorías de todo tinte ideológico.
Las distintas organizaciones paramilitares que han proliferado desde entonces fueron reciclando la violencia con nuevas denominaciones y marcas, pero muchas de ellas permanecieron interconectadas. Algunos de sus integrantes ‘migraron’ al Clan del Golfo, una estructura que debe su nombre a los carteles mexicanos del narcotráfico y que actúa como organización paramilitar con el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Muchos sicarios del Clan del Golfo, conocido también como Clan Úsuga o Bloque Héroes de Castaño, proceden del antiguo bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar desmovilizada en 2004, bajo el Gobierno de Álvaro Uribe. Se estima que este grupo sería responsable de la mitad del tráfico de toda la cocaína que hoy sale de Colombia. Sus principales clientes son los carteles mexicanos de Sinaloa y el Cartel del Noreste de México.
Por el contrario, hay serias dudas de que realmente exista una organización centralizada que responda al nombre de Águilas Negras. No obstante, detrás de sus comunicados y acciones hay algún comando paramilitar centrado en difundir amenazas —llegando en un caso a consumarlas— en plena campaña electoral. Desde hace más de una década no hay rastros de sus campamentos, ni se ha capturado a ninguno de sus miembros, según informes policiales, y varias organizaciones de derechos humanos consideran que se trata de una pantalla para mantener en la impunidad a los verdaderos autores de los asesinatos de líderes sociales, ambientalistas, exguerrilleros y políticos de oposición. En enero de 2020 hubo otra serie de amenazas similares, dirigida a diversos políticos e intelectuales críticos, incluida la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el periodista y politólogo Ariel Ávila (subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación), entre otros. Los afectados claman desde entonces sin éxito al Gobierno de Iván Duque que investigue quién promueve estas gravísimas intimidaciones.
Las amenazas a políticos de izquierda y líderes sociales arreciaron a mediados de marzo de 2022, tras la victoria del PH en las elecciones legislativas. Las intimidaciones fueron cada vez más graves. La senadora electa por el PH, María José Pizarro, mostró en redes sociales un comunicado de las AN amenazando a todo el equipo del PH en Valle del Cauca. Una amenaza de muerte efectivamente se cumplió con el asesinato del líder indígena nasa Miller Correa, que hizo campaña por el PH. Su asesinato en el Norte del Cauca al día siguiente de las elecciones fue reivindicado por las Águilas Negras como un ejemplo de cumplimiento de su palabra.
Otro panfleto del autodenominado Bloque Occidente de las Águilas Negras, con fecha del 19 de marzo, amenazó sin ambages a los activistas de Valle del Cauca que se implicasen en la campaña: “seguimos cumpliendo con nuestra palabra de limpiar a todos esos llamados líderes indígenas y sociales […] que apoyan al tal llamado Pacto Histórico”. Se señalaba con nombre y apellido a nueve dirigentes locales, coaccionándolos de forma brutal: “comenzó la cacería y no descansaremos hasta tenerlos a todos bajo tierra, los siguientes difuntos serán ustedes”. El líder indígena Capaz Lectamo, en representación de la consejería del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), aseguró que no hay dudas sobre cuál fue el móvil de los asesinos de Miller: “Estamos convencidos que se trata de una retaliación (…) por el liderazgo que ha dado el movimiento indígena caucano en torno a los resultados”.
En el Valle del Cauca y su capital, Cali, la prolongada lucha popular que sostuvo la juventud en las calles durante el largo Paro Nacional se transformó en votos para el proyecto progresista del Pacto Histórico. El PH obtuvo cinco representantes y tres senadores en este departamento, cuando anteriormente los partidos alternativos no contaban con ninguna representación. El paramilitarismo actúa por cuenta de los sectores gobernantes que quisieran retrotraer la situación a su anterior dominio incontestado.
La extradición a Estados Unidos del máximo jefe del Clan del Golfo, alias Otoniel, sirvió de excusa a esta organización para declarar un “paro armado” que en los primeros cuatro días ya supuso un balance de muerte y destrucción en 11 departamentos (con afectaciones en 119 municipios), además de haber causado el confinamiento de la población de 74 comunidades. El grupo paramilitar impuso restricciones sobre el comercio, el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas. La pertinencia o no de la extradición de Otoniel implica analizar otras cuestiones que merecen un desarrollo más amplio, como la posibilidad de privación a las víctimas en Colombia de su derecho a la verdad y justicia. En cualquier caso, no está de más señalar el “sentido de la oportunidad” del Gobierno de Duque de dar lugar a una situación como ésta a pocos días de las elecciones presidenciales.
Las intimidaciones de los paramilitares alcanzaron a toda la plana mayor del PH. Primero a la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, que denunció haber recibido hasta por tres veces consecutivas muy graves amenazas de las Águilas Negras. El objetivo más probable era dificultar la participación personal de la lideresa en la campaña, pero no lo han conseguido. En el caso del candidato presidencial del PH, Gustavo Petro, se descubrió un plan para asesinarlo que impidió su asistencia a algunos actos de campaña.
El equipo coordinador de la campaña de Gustavo Petro denunció a principios de mayo que el grupo paramilitar La Cordillera había planeado atentar contra la vida del candidato izquierdista durante su gira por los departamentos del Eje Cafetero, suspendida por obvias razones de seguridad. Los coordinadores de la campaña supieron de fuentes policiales y militares que “un integrante de la SIJIN (Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional), que habría participado en el asesinato del líder juvenil Lucas Villa, también sería parte del plan criminal”. Lucas Villa fue asesinado en las protestas del Paro Nacional de mayo de 2021 y su muerte continúa sin esclarecerse, aunque hay indicios de que también pudo haber intervenido en su ejecución La Cordillera. El comunicado del equipo de campaña de Petro describe el trasfondo de esta estructura mafiosa: “La Cordillera es una organización paramilitar dedicada al narcotráfico y al sicariato que ha logrado un amplio control sobre las autoridades civiles regionales y políticos del Eje Cafetero, además de algunas instancias de la policía y del ejército, toda vez que algunos de sus miembros participan de dicha organización criminal”.
El plan de asesinar a Petro se sustentaría en el hecho de que cinco sicarios ya habrían recibido la mitad de su paga, 500 millones de pesos cada uno. Así mismo, según ha revelado el portal Cuestión Pública citando fuentes de la campaña de Petro, en este plan estarían involucrados políticos regionales, policías y militares. Tanto el presidente Iván Duque como la Policía rechazaron que existieran pruebas de las denuncias. Sin embargo, tras una reunión del equipo de campaña de Petro con el ministro del Interior, Daniel Palacios, este anunció que reforzaría el esquema de seguridad del candidato del Pacto Histórico.
La intervención del paramilitarismo contra los líderes del Pacto Histórico se vuelve cada vez más virulenta a medida que Gustavo Petro se perfila como el triunfador imbatible en la segunda vuelta de las elecciones contra cualquier otro candidato presidencial, según la encuesta de Invamer publicada a comienzos del mes de mayo. El nerviosismo de los sectores hegemónicos ante la posibilidad del cambio es lo que da rienda suelta a los actores paramilitares incrustados en el viejo esquema de poder.