El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile dio a conocer este miércoles que, por decisión de la mayoría de los miembros de su Consejo, descartó presentar una querella criminal por eventuales delitos de lesa humanidad durante las protestas del estallido social, iniciadas en octubre de 2019.
En un comunicado, el ente expresó que “el análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características, conforme lo dispone el Estatuto de Roma y la propia ley chilena”.
Añadió que “la información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población”, precisaron.
De acuerdo con el comunicado, el INDH mantiene su política de persecución penal en el contexto de la crisis social, que “consiste en perseguir judicialmente la responsabilidad de los agentes del Estado que vulneraron derechos humanos, y para lo cual se han presentado más de 3.000 querellas criminales”.
A partir de lo anterior, instó al Ministerio Público y a los tribunales de justicia a que investiguen y sanciones a los responsables de violar los derechos humanos.
A inicios de mayo, el propio INDH acordó de manera unánime presentar “una querella criminal en contra de aquellos miembros del Alto Mando de Carabineros de Chile, que son responsables por haber omitido acciones concretas destinadas a poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la crisis social”.
Entonces, el INDH aseguró que “estas omisiones derivaron en numerosas denuncias por lesiones oculares producto de la utilización de la escopeta antidisturbios y de la carabina lanza gases, así como en reiterados casos de desnudamientos forzosos cometidos al interior de comisarías, los que constituyen violencia sexual”.
La decisión anunciada este miércoles por el INDH recuerda que también el Fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya desestimó iniciar una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.
En un informe de diciembre de 2019, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH. confirmó que, hasta ese momento, en el marco de la revuelta popular se habían registrado 26 muertos y centenares de heridos, así como denuncias de torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias y masivas en las manifestaciones, de los cuales se responsabilizó a Carabineros y las Fuerzas Armadas.
Fuente: TeleSUR