En ese contexto enrarecido, han emergido casos de empresarios que han ejercido presiones indebidas sobre sus trabajadores para que se abstengan de votar por el aspirante de izquierdas, un comportamiento que la Misión de Observación Electoral ha calificado como “delictivo”.
El ejemplo más notorio ha sido el de Sergio Araújo Castro, uno de los fundadores del Centro Democrático, el actual partido de Gobierno, junto al expresidente Álvaro Uribe. El político desató una acalorada discusión esta semana al asegurar en redes sociales que se propone despedir a los trabajadores de sus empresas que apoyan al candidato presidencial del Pacto Histórico, la variopinta coalición de izquierdas que ya obtuvo la mayor bancada en el Congreso en las legislativas de marzo. “Un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir”, escribió.
Diversas voces, desde distintas orillas, rechazaron vehementemente la amenaza de Araújo –con la excepción de algunos sectores del Centro Democrático–. Para empezar, muchos señalaron que esa conducta muy probablemente constituye el delito de constreñimiento al elector, contemplado en el código penal colombiano. Aunque es por mucho el episodio más controversial, no ha sido el único. Entre otros, se ha conocido el caso del gerente de una cooperativa que produce lácteos que envío una carta en la que, sin mencionarlo, usaba frases y colores de la campaña de Fico Gutiérrez, el candidato de la coalición de derechas, apoyado por el uribismo. O el discurso de un gerente de una empresa de cueros que le dibuja a sus empleados un escenario catastrófico en caso de que Petro sea presidente.
La Misión de Observación Electoral ha rechazado esos episodios, sin dar nombres propios, y ha pedido a las autoridades las investigaciones y sanciones respectivas. Entre los reportes que ha recibido, la MOE señala que se han presentado casos de empresas que comunican a sus empleados que “de ganar cierto candidato” cerrarán las instalaciones y perderán su puesto, lo que “representa un delito electoral en torno al derecho al voto libre”. También se han presentado casos de empleadores que, en contra de la reglamentación, no quieren permitir que sus trabajadores vayan a votar el día de elecciones, y otros que están organizando eventos de proselitismo político en favor de algún candidato en los lugares de trabajo.
La posibilidad de una llegada de Petro a la Casa de Nariño, en lo que sería el primer gobierno marcadamente de izquierda en la historia de Colombia, pone nerviosos a algunos sectores empresariales. El exalcalde de Bogotá, entre otras, defiende cobrar más impuestos a las personas de mayores ingresos para combatir la desigualdad y quiere distanciar al país del modelo extractivo de los combustibles fósiles. Aunque no es homogéneo, el empresariado colombiano históricamente no ha tomado partido en las presidenciales, al menos no decididamente, aunque esa tradición ya estuvo en entredicho hace cuatro años de cara a la segunda vuelta que enfrentó a Petro con el presidente Iván Duque. Entonces, el Consejo Gremial Nacional de Colombia (CGN) por primera vez apoyó un candidato al decantarse por Duque.
Participar indisimuladamente en política, y después negarlo, se ha vuelto una tendencia en estas elecciones, y el sector empresarial no se ha quedado atrás, dice Katherin Galindo, investigadora de la consultora Colombia Risk Analysis. En lugar de pretender que los votantes no entiendan los mensajes ocultos, los empresarios deberían contemplar los riesgos no solo legales sino también reputacionales de sus pronunciamientos, señala. “El empresariado es libre de participar en política, y lo puede hacer, pero no limitando o constriñendo el ejercicio del voto”, valora. Ese tipo de episodios, advierte, “acrecienta la brecha entre el sector empresarial y la sociedad, que siente que el empresariado desde una posición de privilegio no escucha el descontento social. Por el contrario, pareciera que busca limitar el voto libre para garantizar sus intereses”.
En el Congreso, senadores de la bancada de oposición leyeron ante la plenaria de este martes un comunicado en el que rechazaban las manifestaciones de los empresarios que han indicado a sus empleados no votar por Petro. El senador Roosvelth Rodríguez, quien renunció al Partido de la U para apoyar para candidatura del Pacto Histórico, las calificó como “un intento desesperado por mantener el status quo”, además de exigir investigaciones penales de parte de la Fiscalía.
Colombia se precia de tener una de las economías más estables de América Latina, aún a pesar de los impactos de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, su desempeño, incluso en los mejores tiempos, siempre se ha visto ensombrecido por los altos niveles de desempleo, informalidad y desigualdad. En medio de la cascada de reacciones, los casos que se han conocido han provocado un debate más amplio sobre la cultura laboral. “Rompe la fibra de la dignidad que un empleador condicione contrato de trabajo al voto, cualquiera sea el candidato beneficiado”, apuntó el exenegociador de paz Humberto de la Calle, un veterano político y abogado que fue protagonista de la Constitución de 1991 y ahora es senador electo por la lista de la Coalición Centro Esperanza. Señaló que los empleadores que condicionan la estabilidad del contrato al sentido del voto representan un degradación de la democracia. “No desean tener empleados sino siervos”, escribió en sus redes sociales.
Más allá de las implicaciones jurídicas, para el consultor y analista Andrés Mejía Vergnaud esos comportamientos reflejan el deterioro de la capacidad política del establecimiento de derecha, al punto que “lo único que le queda es recurrir a ese tipo de inclinaciones y de herramientas de coerción”. De algún modo denota el agotamiento de su capacidad argumentativa y persuasiva, su incapacidad de leer la realidad política. “¿Cómo no se dan cuenta de que eso es contraproducente?”, se pregunta. “Desacreditan al establecimiento que dicen estar defendiendo”.