Activistas canadienses manifiestaron su indignación contra la aplicación, en determinadas circunstancias, de la eutanasia debido a su práctica en personas en condiciones de pobreza que no presentan enfermedades terminales.
Dos casos ocurridos en las últimas semanas han exacerbado la preocupación de diversos especialistas a la puesta en práctica de la eutanasia como solución a casos de personas en condiciones de vulnerabilidad.
El primer caso corresponde a una mujer con sensibilidad severa a los productos químicos que ha solicitado durante años una vivienda donde pudiera permanecer libre de productos industriales mientras el segundo se trata de una joven en situación de discapacidad y en condiciones económicas vulnerables.
En este sentido, los activistas exigen una mayor intervención estatal para abordar los sectores vulnerables y brindarles una vida digna, en vez de otorgar un procedimiento para acabarla.
Por su parte, la doctora y especialista en asistencia, Chantal Perrot, señaló que: "La vivienda inadecuada no es uno de los criterios de elegibilidad para la asistencia médica a la muerte. Aunque las circunstancias de vida de alguien puedan contribuir a su sufrimiento, no constituyen la condición médica grave e irremediable, que debe existir”.
Las exigencias se producen en un contexto matizado por el cuantioso financiamiento del Gobierno de Canadá a Ucrania mientras disminuyen los gastos estatales para abordar los problemas sociales internos.
En 2016, procedimientos como la eutanasia y el suicidio asistido fueron aprobados, los cuales fueron ampliados en 2021 para personas con enfermedades mentales. Asimismo, las autoridades valoran permitir estos métodos en edades inferiores a los 18 años de edad.