Este próximo domingo las y los colombianos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia. Además de las denuncias que realizan desde la coalición del Pacto Histórico en relación a las amenazas y un posible impedimento de los comicios, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH, informó que se buscaría evitar la labor de un observador electoral.

Se trata de Tari Mattson, un argentino que reside en Estados y Unidos y que este domingo 22 de mayo llegó a Colombia en un vuelo proveniente de México para cumplir con su labor como observador electoral independiente, sin embargo su ingreso fue impedido por las autoridades migratorias.

La visita del observador se da en medio de una Misión Internacional de observación Electoral organizada por la CPDH que se realizará este 29 de mayo. Según los denunciantes, Tari fue interrogado tras presentar la invitación de CPDH y fue deportado este lunes 23 de mayo.

«Queremos advertir a la comunidad nacional e internacional sobre la ausencia de garantizar que se gestan ante los comicios electorales y sobre todo ante las distintas misiones de observación electoral, y ante un posible golpe de Estado que busque postergar las elecciones presidenciales del 29 de mayo, ante el inminente triunfo del candidato Gustavo Petro», manifestó la organización en un comunicado.

Finalmente la CPDH responsabilizó al Gobierno de Iván Duque por la persecución y vulneración de Derechos Humanos que pueda sufrir el observador.

Otro observador electoral al que se impidió entrar en Colombia es Alejandro Rusconi, del Movimiento Evita, de Argentina. Él mismo explicó en un tweet su situación:

alejandro rusconi@ale_rusconi#Urgente#Hoy al intentar tomar el vuelo de @Avianca destino a Bogota, no se me dejo partir por orden de Migraciones Colombia, fui invitado por el @CNE_COLOMBIA cómo Observador Internacional en las elecciones presidenciales , el mismo estado que pago mi pasaje no me deja entrar

Riesgo de violencia en elecciones en Colombia genera alerta de figuras políticas de más de 20 países

_{Fotografía cortesía Transparencia Electoral.}

“Nosotros, representantes electos, líderes y lideresas de todo el mundo, expresamos nuestra grave preocupación por la creciente amenaza de violencia, asesinato e injerencia en las elecciones presidenciales del 29 de mayo en Colombia”. Así empieza el comunicado que diputados y figuras públicas de más de 20 países firmaron, con motivo de solicitar elecciones más seguras de cara a las próximas presidenciales.

El comunicado denuncia la violencia política producida por las amenazas de muerte contra los candidatos, haciendo referencia a la cancelación de la gira al Eje Cafetero del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, por un supuesto plan de atentado en su contra, y también a los intentos de asesinatos que sufrieron el mismo Petro en 2018 y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez en 2019, por su desempeño como activista ambiental.

El grupo de figuras públicas advierte también sobre la grave situación de riesgo a la que líderes sociales y activistas están expuestos: “hasta ahora, más de 50 líderes y lideresas sociales — incluidos sindicalistas, representantes indígenas y afrocolombianos, organizadores de movimientos campesinos y ecologistas — han sido asesinados este año en un intento de intimidar y eliminar los movimientos populares de Colombia”.carta_-_colombia_-_es_-_finalDescarga

Otro motivo de preocupación señalado es el paro armado proclamado en las semanas pasadas por el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, estructura paramilitar, que tras la extradición a Estados Unidos de su cabecilla, alias “Otoniel”, ha manifestado su rechazo al hecho congestionando la vida cuotidiana de las comunidades “asesinando a decenas de personas y poniendo en peligro el proceso democrático”.

El principio de no injerencia política en el periodo electoral ha sido además violado varias veces, a través de “la intervención de las más altas instancias del gobierno colombiano”, como también denunciado por varios congresistas y asociaciones sociales. La referencia es a las intervenciones del presidente Iván Duque, dando su opinión sobre los candidatos, y a la intromisión política del comandante del Ejército Nacional de Colombia, Gral. Eduardo E. Zapateiro, reo de haber criticado en unos trinos a Gustavo Petro.

Injerencias que no fueron sancionadas por ninguna institución estatal como, sin embargo, prontamente ocurrido con la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ocurrida por los mismos motivos y que “hace temer la posibilidad de que se trate de una guerra jurídica selectiva”.

“En conjunto, estas amenazas exigen una mayor vigilancia, escrutinio y transparencia en las elecciones presidenciales de Colombia. Durante décadas, el pueblo de Colombia ha exigido paz y dignidad. Nos manifestamos ahora en solidaridad con su lucha por un proceso democrático libre y pacífico”.

Dentro de los firmantes del comunicado aparecen congresistas y exponentes de gobierno del Reino Unido, Francia, Unión Europea, Estados Unidos, Argentina, Filipinas, España, Tanzania, Bélgica, Alemania, Brasil, Nueva Zelanda, Turquía, Bolivia, Irlanda, Portugal y Uruguay.

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