El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que estaba "conmocionado" por la cantidad de niños palestinos asesinados a manos de las fuerzas israelíes el año pasado, y advirtió al régimen de Tel Aviv de estar en la lista negra.
Guterres dijo en el informe anual "Los niños y los conflictos armados" del lunes que las tropas israelíes mataron a 78 niños palestinos, mutilaron a otros 982 y detuvieron a 637 en 2021, según la agencia de noticias WAFA.
“Si la situación se repite en 2022, sin una mejora significativa, Israel debería estar en la lista”, advirtió Guterres en el informe, refiriéndose a la “Lista de la vergüenza” de la ONU de quienes cometen graves violaciones contra los niños.
El jefe de la ONU dijo que estaba "conmocionado" por el asesinato y las heridas de niños palestinos por parte de las fuerzas israelíes en ataques aéreos en áreas densamente pobladas y mediante el uso de munición real, y "por la continua falta de rendición de cuentas por estas violaciones".
También expresó su seria preocupación por el uso excesivo de la fuerza, instando a "las fuerzas israelíes a ejercer la máxima moderación... para proteger vidas".
Guterres también pidió a "Israel que investigue todos los casos en los que se utilizó munición real".
Refiriéndose al tema de los niños palestinos detenidos en cárceles israelíes, Guterres enfatizó la necesidad de que Israel se adhiera a los estándares internacionales con respecto a la detención de niños y termine con la detención administrativa de niños, así como con el maltrato y la violencia en detención.
Bajo la detención administrativa, Israel retiene a los palestinos sin cargos por hasta seis meses, un período que puede extenderse por un número infinito de veces. La detención se lleva a cabo por orden de un comandante militar y sobre la base de lo que el régimen israelí describe como evidencia 'secreta'. Algunos presos han estado en detención administrativa hasta por 11 años.
Los palestinos y los grupos de derechos humanos dicen que la detención administrativa viola el derecho al debido proceso, ya que se retienen las pruebas de los presos mientras permanecen detenidos durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.