Traemos a colación este trabajo investigativo del historiador y periodista estadounidense Gareth Porter, a propósito del secuestro y robo del avión de carga B747 de la aerolínea venezolana Emtrasur en el Aeropuerto Internacional Ezeiza, Argentina, junto a la retención de los 19 tripulantes de la nave desde el 6 de junio de 2022. El móvil principal de la justicia argentina para manufacturar el caso es el de «terrorismo», debido a supuesta «información» recibida por el gobierno de Paraguay y del Departamento de Justicia y el FBI.
El piloto del avión es iraní, al igual que otros cuatro de los tripulantes de la aeronave; ésta perteneció anteriormente a Mahan Air, aerolínea de la República Islámica sujeta a «sanciones» estadounidenses. De esta manera, se ha construido una narrativa en la que resurge la causa AMIA por retruque, pues se ha fabricado la sospecha de que los tripulantes Emtrasur podrían pertenecer a un esquema terrorista, una versión vitoreada inicialmente, dentro del país rioplatense, por políticos del partido macrista Juntos por el Cambio y la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), reflotando los miedos infundados del lamentable atentado de 1994 y sus consecuencias judiciales para instalar en la palestra pública el discurso anti-iraní.
Porter, en este artículo, no solo desmiente la versión de que Irán o algún actor iraní tuvo algo que ver con el acto terrorista en el centro de Buenos Aires, sino que además pone de manifiesto la influencia estadounidense-israelí en el caso y expone con nombres, acciones y fechas a los posibles autores materiales e intelectuales del suceso, así como a los agentes que encubrieron los detalles. Todos incrustados en los servicios de seguridad e inteligencia del Estado argentino y en el poder judicial. La relación existente entre la causa AMIA y el caso Emtrasur, entonces, deriva con mayor rigor en el ecosistema para el robo y la injerencia que representa los poderes argentinos a cargo del actual proceso.
Por eso vale la pena revisitar la presente investigación.
La bomba que explotó en la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA) de la comunidad judía en el centro de Buenos Aires el 18 de julio de 1994 fue uno de los peores ataques terroristas en el hemisferio occidental previos al 11 de septiembre de 2001, matando a 85 e hiriendo 300.
Por más de un cuarto de siglo, los gobiernos israelíes y estadounidense han culpado a Irán de la matanza, citando como evidencia principal el papel de Teherán como el mayor promotor de terrorismo del mundo.
Esta narrativa sigue formando parte de la ofensiva de propaganda contra Irán, y ha sido explotada por la administración de Donald Trump para justificar una campaña de estrangulación económica dirigida a, o bien desestabilizar la República Islámica o alcanzar el cambio de régimen.
Poco después del atentado, Estados Unidos e Israel presionaron con fuerza al gobierno argentino para que implicara a Irán. En ese tiempo, no obstante, funcionarios de la embajada en Buenos Aires estaban bien al tanto de que no existía evidencia concreta para apoyar semejante conclusión.
En un cable de agosto de 1994 al Departamento de Estado, el embajador estadounidense James Cheek se jactó de la «campaña estable» que estaba librando la embajada que «mantenía a Irán en el punto que le corresponde». En un comentario sorprendente a este escritor en 2007, Cheek concedió: «Que yo sepa, nunca hubo evidencia real» de la responsabilidad iraní.
Bill Brencick, el jefe de la sección política de la embajada de 1994 a 1997, también reconoció en una entrevista en 2007 que las insinuaciones estadounidenses sobre la responsabilidad iraní se basaban únicamente en un «muro de presunciones» que carecían «de cualquier evidencia concreta que conectase aquellas presuposiciones en el caso».
Brencick recordó que él y otros funcionarios reconocieron «suficiente respecto a una comunidad judía [en Buenos Aires] y una historia de antisemitismo en la que los antisemitas locales tenían que considerarse como sospechosos». Pero esta línea de investigación nunca se condujo a un nivel oficial, probablemente porque contradecía los intereses del estado de seguridad nacional de Estados Unidos, resueltos a imputar a Irán por el atentado.
Sin embargo, una situación dramática amenazaba con darle un vuelco a la narrativa oficial estadounidense-israelí sobre el ataque de la AMIA. En 2014, el público supo que un exespía de la Policía Federal se había infiltrado en la comunidad judía de Buenos Aires y reveló a dos periodistas de investigación que se le había ordenado entregar unos planos del edificio de la AMIA a su oficial superior.
El espía estaba convencido de que los planos del edificio fueron empleados por los verdaderos responsables del atentado. Su revelación estremecedora provocó una serie de artículos en la prensa argentina.
El recuento del exinfiltrado ofreció la primera señal clara de que veteranos antisemitas de la guerra sucia argentina y sus aliados en la policía y el servicio de inteligencia orquestaron la explosión.
Pero el sistema legal argentino -todavía muy influenciado por la agencia de inteligencia que condicionó la investigación oficial para culpar a Irán, y un fiscal cuya carrera se había basado en esa premisa- testarudamente se negó a investigar la versión del expolicía.
El exinfiltrado de la polícia, José Alberto Pérez, creía que los planos del edificio de la AMIA que él le suministró a la Policía Federal fueron los que usaron aquellos que planificaron el atentado. Supo de su curso de entrenamiento policial en contraterrorismo que ese tipo de planos podían ser herramientas valiosas para la planificación de este tipo de operaciones.
Pérez también estaba convencido de que la bomba fue detonada dentro del edificio, en vez de en el frente, y que había sido colocada en el interior de la sede de la AMIA a través de un espacio entre ésta y un edificio vecino. Expertos de la Gendarmería Nacional llegaron a la misma conclusión, y la filtraron a Clarín, el tabloide más grande de Argentina, apenas dos días después del atentado.
Pérez también suministró evidencia crucial que indicaba que aquellos que lo habían empleado para espiar a los líderes de la comunidad judía los motivaban las mismas creencias antisemitas que llevaron a la dictadura militar a elegir en especial a judíos para tratos crueles durante la guerra sucia en los años 70: su superior en el caso, a quien solo conocía como «Laura», le había dado la orden de averiguar todo lo que pudiera en la comunidad judía sobre el llamado «Plan Andinia».
De acuerdo al supuesto plan, los inmigrantes judíos y sionistas extranjeros tramaban en secreto tomar el control sobre la vasta región de la Patagonia en el sur del país y crear un Estado judío llamado «Andinia».
El mito del «Plan Andinia» provino del ascenso del antisemitismo como una fuerza social importante en Argentina durante los 30 y se convirtió en un elemento esencial de la narrativa de la derecha antisemita durante los días del apogeo del dominio militar de la sociedad y la política argentina de los 60, pasando por la «guerra sucia» contra la izquierda en los 70.
Al menos 12 por ciento de quienes fueron sometidos a interrogación, tortura y asesinato durante la guerra sucia fueron judíos, de acuerdo a una investigación de la Comisión de Solidaridad con los Familiares de los Desaparecidos, radicada en Barcelona, aunque representen el 1 por ciento de la población. Casi todos fueron interrogados sobre el «Plan Andinia».
El aguerrido periodista Jacobo Timerman, hijo de padres judíos y cuyo periódico ofrecía una cobertura crítica a la guerra sucia del régimen militar, estuvo entre los detenidos en las prisiones secretas de la junta.
En sus memorias, Timerman recordó cómo se le exigía insistentemente que revelara lo que supiera sobre el «Plan Andinia» durante los interrogatorios extendidos y las sesiones de tortura. Su interrogador se negó a aceptar su respuesta de que todo eso se trataba de pura ficción.
Mientras tanto Israel, que mantuvo con la Junta vínculos políticos y militares fuertes durante toda la guerra sucia, también se mantuvo en silencio a propósito de la detención de periodistas judíos a lo largo de la guerra.
Por su lado, José Alberto Pérez, arruinado por la culpa de haber posibilitado el atentado terrorista de la AMIA, se volvió una parte integral de la comunidad judía, estudiando hebreo por tres años, casándose con una mujer judía que era la secretaria de un funcionario de la embajada israelí e incluso asumiendo la versión judía de su nombre, José. En la comunidad judía era conocido como «Iosi» Pérez.
Mientras caía en la desesperación, Iosi contactó a los periodistas de investigación Miriam Lewin y Horacio Lutzy para pedirles ayuda. Ambos periodistas habían intentado, por tres años, conseguir apoyo extranjero que le concediera asilo al exespía fuera del país, sin lograrlo.
Mientras tanto, Iosi había grabado en secreto un video con el prominente periodista Gabriel Levinas, donde contaba cuál era su trabajo penetrando la comunidad judía y la petición inusual por los planos. Levinas publicó un video online a principios de julio, 2014, justo antes de la publicación de la segunda edición de su propio libro sobre el atentado de la AMIA, que ahora incorporó la historia de Iosi.
La publicación de ese video hizo que Lewin y Lutzky arreglaran las cosas para que Iosi se incorporara al Programa de Testigos Protegidos argentino. Los dos periodistas también urgieron al fiscal Alberto Nisman, quien había pasado una década acusando a Irán de los atentados, para que se reuniera en persona con Iosi.
Pero de acuerdo a Lewin, Nisman solo aceptaría hablar con Iosi por teléfono. El fiscal insistió en llevar a tres de sus empleados a entrevistar en persona a Iosi, recordó en una entrevista con The Grayzone, luego firmó una declaración sobre aquella reunión de julio de 2014 como si hubiera estado presente, y «no manifestó interés por interrogarlo de nuevo». Según Lewin, Iosi ingresó en el Programa de Testigos Protegidos el mismo día que la entrevista.
«Laura», la oficial superior en el caso, que para ese momento se había retirado, se le libró de las exigencias de confidencialidad habitual del ministerio de seguridad sobre el trabajo de Iosi. Pero ella rechazó su testimonio, de acuerdo a Lewin, alegando que sus informes eran considerados «pobres». Sus alegatos contrastaban notablemente con los propios informes que obtuvieron fiscales que claramente demostraban que sus hallazgos habían sido evaluados como «excelentes» año tras año.
Lewin le dijo a The Grayzone que ella estaba segura de que Iosi podía haber sido capaz de ofrecer «información sólida sobre la conexión local del atentado», pero ninguno de los cuatro fiscales que heredaron el caso sin resolver de la AMIA tras la muerte de Nisman estaban dispuestos a continuar siguiendo las pistas que ofrecía.
Lewin se dio cuenta de que varios oficiales de alto nivel de la Policía Federal que pudieran estar involucrados en las decisiones de infiltrar a la comunidad judía y pedir los planos de la sede de la AMIA permanecían activos en 2015. Este hecho ayuda a explicar por qué se dejó que muriera el caso, a pesar de las revelaciones explosivas de Iosi.
Otro factor esencial dentro de la corrupción de la investigación de la AMIA fue el papel que jugó la agencia de inteligencia del Estado, conocida como SIDE, en influenciar al investigador principal, el juez José Galeano. No solo existía una unidad especial dentro de la SIDE con la tarea de supervisar la investigación de Galeano, sino que otra unidad de la agencia operaba directamente dentro de la oficina del propio Galeano, como lo reportó el periodista Sergio Kiernan.
La SIDE procedió a explotar su poder para distraer la atención de los sospechosos lógicos dentro de la junta, cerrando filas para proteger a su propia gente.
Como reportaron para el diario La Prensa el 28 de noviembre de 1994 Sergio Moreno y Laura Termine, la unidad de la SIDE que manejaba la investigación de la AMIA era famosa por su odio a los judíos. El grupo estaba compuesto por veteranos de la guerra sucia conocidos como el «Grupo Cabildo», su nombre inspirado en una revista antisemita publicada a principios de los 80 que había republicado un folleto donde se detallaba la conspiración del «Plan Andinia».
El jefe del Grupo Cabildo, sin éxito, demandó a Moreno y Termine por etiquetar de antisemita a su unidad. Luego de las quejas de los líderes de la comunidad judía sobre el papel del grupo en la investigación de la AMIA, fue removido del caso; pero no sin antes desviar la atención del público de los líderes de la guerra sucia y hacia la presunta conspiración iraní.
La estrategia de relaciones públicas de la SIDE dependía de la teoría sobre la cual el atentado de la AMIA provino de un carro bomba suicida, por lo tanto generando sospechas sobre Irán y su aliado, Hezbolá.
Los servicios de inteligencia alegaron que una van comercial blanca había sido usada en el atentado. Supuestamente su motor fue encontrado dentro de los escombros el 25 de abril, una semana después de la explosión.
El número serial del motor fue rastreado hasta dar con Carlos Alberto Telleldin, un propietario chiita de una turbia operación de desarmadero que reconstruía carros averiados para ponerlos a la venta. Telleldín fue acusado de ser cómplice en la trama terrorista y encarcelado por otros cargos.
Pero los archivos oficiales del caso AMIA revelaron que se le había puesto el ojo a Telleldín antes del atentado. Este hecho sorprendente fue detectado por un «investigador privado» contratado por Memoria Activa, la organización de las víctimas de la AMIA.
De acuerdo a un minucioso análisis de la evidencia oficial de Alberto L. Zuppi, fue emitida una petición de la Policía Federal de intervenir el teléfono de Telleldín el 25 de abril, al menos cinco días antes del supuesto descubrimiento del motor que condujo a los investigadores a inculpar a Telleldín.
En las semanas a continuación del atentado, aparecieron más evidencias que apuntaban al papel de Telleldín como chivo expiatorio.
En septiembre de 1994, cinco ciudadanos de nacionalidad libanesa fueron detenidos intentando cruzar de Argentina a Paraguay. A través de una serie de filtraciones, la SIDE sembró historias en los medios que sugerían que los sospechosos estaban asociados a una red terrorista.
El mes siguiente, un agente a medio tiempo para la SIDE y exjefe de un campo de prisioneros famoso por torturar sospechosos durante la guerra sucia, el capitán Héctor Pedro Verguez, comenzó a visitar a Telleldín a prisión.
En cuatro reuniones entre septiembre de 1994 y enero de 1995, Vergez le ofreció al sospechoso encarcelado 1 millón de dólares y su libertad si identificaba a dos de los libaneses que fueron detenidos en Paraguay de haberle comprado la van, de este modo haciendo posible el acusarlos del atentado. Pero Telleldín se negó a mentir, y el plan de la SIDE se descarriló.
No pasó mucho tiempo, no obstante, antes de que la SIDE y Galeano iniciaran su nuevo plan para implicar a dos policías de la provincia de Buenos Aires como los responsables del atentado, patrocinados por Irán.
En julio de 1996, Juan José Galeano visitó en persona a Carlos Telleldín en la cárcel y le ofreció 400 mil dólares para culpar a los dos policías. La escena escandalosa fue registrada en un video que se mostró en la televisión argentina en 1997.
La SIDE estaba activamente involucrada en el encubrimiento de la operación, con el director de la agencia, Hugo Anzorreguy, aprobando un pago directo a la esposa de Telleldín.
El caso contra los dos policías provinciales fue desechado en 2004, pero Galeano y Anzorreguy quedaron impunes por unos 15 años más. No fue hasta 2019 que fueron sentenciados a pasar tiempo en prisión por su papel en el asunto, subrayando la cultura de impunidad que rodeó a la SIDE.
Cuando el caso Galeano colapsó, Alberto Nisman intentó una nueva narrativa esta vez culpando a Irán del atentado. Para esto, dependía de información suministrada por el Mossad a Jaime Stiuso, funcionario de la SIDE a cargo de tareas de contrainteligencia.
La acusación a siete funcionarios iraníes de Nisman en 2006 por la trama terrorista se apoyó por completo en las acusaciones de miembros de alto nivel del culto en el exilio financiado por Israel y Arabia Saudita, Muahedin-E-Khalq (el MEK).
No solo los miembros del MEK estaban en posición de ofrecer información confiable sobre una supuesta trama iraní de alto nivel porque habían estado activamente involucrados en una campaña terrorista contra el gobierno islámico colaborando con el para entonces presidente de Iraq, Saddam Hussein, seleccionando objetivos en Irán.
El apoyo de Nisman en semejantes fuentes inescrupulosas demostró su aparente determinación por llegar a conclusiones predeterminadas sobre la culpa de Irán. Difícilmente se trataba de una sorpresa, para ese momento, que Nisman ignorara el revelador testimonio de Iosi.
La otra fuente principal de Nisman, Jaime Stiuso de la SIDE, era un famoso manipulador que había pasado años reuniendo grabaciones de políticos argentinos. En 2014, el jefe de inteligencia estaba armando un caso contra la presidente Cristina Fernández de Kirchner por supuestamente conspirar con Irán para eliminar la acusación oficial del país sobre la responsabilidad iraní. Pocos observadores creyeron que la acusación podía sostenerse tras revisarlo a detalle.
En enero de 2015, Nisman fue encontrado muerto en su apartamento con una herida de bala en la cabeza. Aunque los opositores de Kirchner estaban convencidos de que la muerte del fiscal fue el resultado de una trama promovida por el gobierno, un documental reciente detallando las varias investigaciones sobre su muerte, Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía, concluyó que se había suicidado.
Al momento de su muerte, Nisman estaba colaborando de forma directa en una campaña de desinformación que le permitía a la SIDE encubrir las figuras en la sombra del pasado violentamente antisemita de Argentina, y enterrar su probable papel en el atentado de la AMIA.
El testimonio de Iosi debió haber culminado el secreto sobre el caso, pero Nisman, la SIDE, y la Policía Federal conspiraron para suprimir una investigación seria.
Un cuarto de siglo después del atentado, la impunidad de los verdaderos terroristas de la AMIA continúa.
Fuente: RL