El proyecto de resolución “necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” manifiesta la “preocupación” por el mantenimiento del embargo económico y “sus efectos negativos sobre la población cubana”.
El Gobierno de Cuba ha estado defendiendo la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacional para exigir que se derogue este embargo impuesto en febrero de 1962, en plena Guerra Fría, por el entonces presidente estadounidense, John F. Kennedy.
El bloqueo a Cuba, vigente hasta el día de hoy, fue formalizado en febrero de 1962 con la firma de John F. Kennedy de la Orden Ejecutiva 3447. El cerco, el más prolongado aplicado hasta el momento contra una nación, constituye el principal obstáculo para el desarrollo de la nación caribeña. Durante estas seis décadas, La Habana ha reclamado una y otra vez el fin de esta política genocida, ilegítima y extraterritorial, destinada, según el Gobierno cubano, a destruir la Revolución del pueblo.
Es más, las sanciones contra Cuba fueron endurecidas durante el mandato del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), quien con sus políticas hostiles amenazó con acciones legales a las empresas extranjeras que operan en la isla e incluyó al país caribeño en su llamada lista de países ‘patrocinadores del terrorismo’.
Las autoridades cubanas aseguran que EE.UU. busca provocar escasez económica en la isla para instigar a la subversión contra el sistema gobernante, al tiempo que han advertido que las medidas coercitivas unilaterales ponen en riesgo al pueblo cubano y castigan principalmente a la población civil.