Roberto Chambi Calle[1]

El paro de los cívicos, el Comité Interinstitucional y la gobernación de Santa Cruz, fue pírrica, espuria y con sabor a poco, pues el censo de acuerdo al cabildo de 230.000 personas del 30 de septiembre pasado (según informó oficialmente el Tribunal Departamental Electoral ) y no un millón y medio como vociferaban sus lideres, conminaba de manera virulenta que este se iba a realizar “si o si” el año 2023, paradójicamente después de haber incendiado y saqueado la Federación Departamental de Campesinos y la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, así como haber sometido violentamente a la población (4 personas fallecidas)  mediante sus grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista, y las pérdidas millonarias (al 15 de noviembre $us 1.000 millones) por más de 26 días de paro no han servido en absoluto, pues en este último cabildo del 13 de noviembre se aceptó el plan inicial propuesto por el gobierno boliviano, de llevar acabo el censo el año 2024, ¿entonces que sentido tuvo haber convulsionado el país, haber atropellado los derechos humanos y fulminado la economía de la región y de Bolivia, si al final se aceptó que el censo se lleve el 2024?

Como lo dijimos en otro trabajo, Calvo, Camacho y Cuellar no saben cómo salir del pantano en el que se metieron, el escape verbal oprobioso del día domingo 13 de noviembre nos demostró una vez más que el único fin es tumbar el estado de Derecho para hacerse del poder. 

En este último cabildo, determinaron seguir con su felonía a la soberanía de Bolivia, cuando se sostuvo (y preguntó) que “se revisará la futura relación política de Santa Cruz con el Estado Boliviano”, así como “cortarán ese cordón umbilical que los tiene atados al centralismo” entendiéndose con ello que sus planes de dividir el Estado Plurinacional mediante el glasé del federalismo apuntan a su independencia.

Tan desatinadas son estas posturas que incluso la oposición y varios sectores como el alcalde de La Paz sostuvieron que estos temas del federalismo e independencia no deberían ser ni siquiera mencionados, pues “ante todo está la unidad de Bolivia”. 

Las actitudes que se han visto en estos más de 26 días de paro, han reafirmado que el racismo y el odio están latentes y que la mentalidad colonial eurocéntrica aún  vive, la misma concretizada en las elites, logias y clanes familiares quienes se creen los dueños del país, en donde Rómulo Calvo (paradigma de este odio y racismo) ordena y conmina cual si fuera el patrón de hacienda,  que los demás departamentos  deben alinearse a su causa, dando al gobierno 72 horas para que emita una ley que respalde el Decreto del Censo.

No estar de acuerdo con las políticas del estado boliviano no significa que uno debe tomar la violencia y los autoatentados económicos como lo hizo esta región, infringiendo pérdidas millonarias a la economía boliviana, pues si ellos quieren federalizar u realizar algún otro cambio, deben hacerlo por las vías legales y por sobre todo constitucionales.

Desde que se consolidó el estado Plurinacional el año 2009, el país andino a estado sufriendo los embates constantes de estos grupos, quienes al haber perdido el poder el año 2006, el 2019 retomaron el mismo mediante un golpe de estado al primer presidente indígena, fue casi un año en donde se asesinó a más de 37 personas y se desfalcó las arcas del estado, volviendo la ultraderecha a sus viejas prácticas “republicanas”. 

Ante ese golpe al estado de derecho, el pueblo boliviano recuperó su libertad y democracia, pero no por la violencia, ni las armas, ni mucho menos las actitudes autoritarias y fascistas sino mediante el voto en las urnas con el más del 55%.

El discurso de los lideres cruceños, en especial el de Calvo y Camacho denotan aun el clasismo patronal y que, como otrora quieren yuxtaponer y minimizar los derechos de los bolivianos. Ante la emergencia y la consolidación del Estado Plurinacional, ellos se sienten atosigados, no solo por la cuestión política sino económica comercial y monetaria, pues en la época neoliberal estos grupos y clanes familiares gozaban de un sinfín de privilegios, en donde sus miembros no solo copaban los capitales locales y nacionales, sino que se permeaban también en la administración del estado, el poder judicial y cualquier institución relacionada con este, en otras palabras manejar el estado era administrar un gran negocio del cual se beneficiaron por más de 181 años.

Debemos recordar que antes del 2006 dentro las cupulas del poder, la presencia de los indígenas, los miserables y “los condenados de la tierra” tenían una presencia casi nula, ahora que el pueblo profundo maneja el estado, estos clanes familiares se sienten incómodos, arrinconados y proscritos desembocando su frustración en el odio, violencia e intolerancia, por ello es que se van replegando, especialmente en la región oriental (Santa Cruz), ya que desde allí quieren seguir con sus intereses logieros y que al no poder cristalizar sus planes es que recurren a la postura proterva de independencia o analizar su relación política con Bolivia…

Los planes de estas élites no solo son urdidos por ellos sino también apoyados por los enemigos externos de los pueblos libres del mundo, ejemplo palmario de ello es la “Cumbre Racista” que se llevará en México este 18 y 19 de noviembre, un “evento” que reunirá a miembros del neofascismo, la ultra y extrema derecha, organizada por la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) al cual concurrirán ultraderechistas como Macri (Argentina), Kast (Chile), Bolsonaro (hijo) Keiko Fujimori, Fernando Camacho y Sara Landau de Bolivia: ¿para qué?

La unidad y la fortaleza vistos en estas arremetidas nos han demostrado que llevar a cabo la consolidación de sus planes quedaron solo en sueños fallidos, pues los bolivianos y los pueblos libres del mundo no permitirán que se humille y se someta nuevamente al país, como lo hicieron el 2019; esas historias ya no se repiten. 

Por Roberto Chambi Calle

[1] Jurista y analista en RRII, Miembro del Observatorio en Geopolítica Internacional “Qasem Suleimani”