Hoy, Argentina tiene un sistema político mucho menos democrático que el que tenía hace cuatro o cinco años.
Las escandalosas proporciones que ha asumido la lenta pero incurable putrefacción de la Justicia Federal en Argentina, junto a las sensacionalistas revelaciones de la reunión de un grupo de jueces, fiscales, un ministro de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un ex agente de inteligencia servicios, y dos altísimos funcionarios del Grupo Clarín Multimedia en la residencia del usurpador británico Joseph Lewis en Lago Escondido, en el corazón de la Patagonia, marcan con trazos ominosos el momento actual de la vida política argentina.
¿Cómo caracterizar esta situación, cuando el 10 de diciembre debimos celebrar 39 años de nuestra recuperada democracia? Lamentablemente, el diagnóstico no da lugar a ningún optimismo: en los últimos tiempos nuestra democracia ha sufrido un importante retroceso. Hoy, Argentina tiene un sistema político mucho menos democrático que el que tenía hace cuatro o cinco años. El tumor maligno que anidaba en Comodoro Py, sede de la Justicia Federal, ha hecho metástasis y se ha apoderado de gran parte del sistema. El engendro jurídico perpetrado con la llamada Causa Vialidad, que examinó presuntas irregularidades en un programa de construcción de carreteras en la sureña provincia de Santa Cruz y la sentencia dictada contra Cristina Fernández de Kirchner:
Desafortunadamente, nada de esto es nuevo. Ya sucedió en el pasado después del golpe de Estado de 1955 cuando los partidos de derecha y su instrumento militar impusieron una prohibición de dieciocho años al peronismo. Esta política buscaba "devolver al país a la normalidad" anterior a 1945, y lo único que logró fue institucionalizar al "partido militar" como árbitro final despótico de la vida pública argentina. Numerosos motines, dos cruentas dictaduras militares (1966-1973 y 1976-1983) y más de treinta mil desaparecidos (previamente secuestrados, torturados y asesinados) fueron algunas de las consecuencias de aquella nefasta decisión.
Luego de tan traumática experiencia, acentuada por las trágicas secuelas de la Guerra de Malvinas, se selló un pacto entre los diferentes actores políticos por el cual el golpe militar nunca más sería utilizado para dirimir los conflictos que envolvían al país. El problema es que ese pacto está roto hoy: el recurso a la violencia se ha “naturalizado” entre las furiosas y cada vez más intolerantes fuerzas de derecha. Su lenguaje y gestos reflejan una violencia pocas veces vista en nuestra recuperada democracia; el intento fallido de asesinato contra Cristina, la Vicepresidenta de la Nación, ha sido naturalizado por los sicarios mediáticos e incluso en los tribunales, donde los procesos judiciales hablan de "intento de asesinato" en lugar de "intento de magnicidio", y ahora la prohibición de Cristina pero también de los derechos ciudadanos de un tercio del electorado de este país que son fieles seguidores de su liderazgo. No sólo no puede aspirar a ocupar un cargo público. A raíz de la referida sentencia, quienes han depositado su confianza en su liderazgo han sido despojados de sus derechos políticos, privados de sus derechos y reducidos a la condición de ciudadanos de segunda clase que no pueden hacer valer sus preferencias en el ámbito político.
Sí, el “partido militar” ya no existe, pero el imperio y la derecha neocolonial han trabajado duro para reemplazarlo por un “partido judicial” aún más letal que, lawfare a través y en alianza con el duopolio mediático que con sus fake news, calumnias, y encubrimientos envenena el alma de los argentinos y argentinas. Tanto el poder judicial corrupto como los medios hegemónicos se han apoderado del país y en Argentina, como en casi toda América Latina, persiguen, encarcelan y proscriben a los líderes populares. Frente a esta situación, es imperativo reconstruir nuestra democracia. Para ello, el gobierno debe convocar sin más dilación a un referéndum para que sea el pueblo quien decida los pasos a seguir para acabar con la mafia atrincherada en la Justicia Federal y democratizar el sistema mediático; condiciones indispensables para acabar de una vez por todas con el poder de la “dictadura mediático-judicial”. Sin este llamado y sin una fuerte “presión de masas desde abajo” que permita derrumbar la feroz resistencia de la derecha, nuestra democracia languidecerá hasta dar a luz a renovadas y más siniestras formas de caciquismo.