Aunque por la mañana de este miércoles el jefe del gabinete de ministros, Alberto Otárola, había admitido 10 puntos de bloqueos de ruta, por la tarde la Defensoría del Pueblo subió esa cifra a 25.

Las protestas más fuertes se daban en Puno -donde además fue incendiada una cabina de peaje y bloqueado un puente que une al país con Bolivia-, Arequipa, Junín y Cusco.

En Apuirímac, en tanto, hubo quema de neumáticos y piedras colocadas para bloquear la ruta Interocéanica.

"Los aeropuertos están funcionando normalmente", precisó Otárola.

Los edificios públicos y aeropuertos en las regiones donde se anunciaron protestas amanecieron resguardados por policías y militares, estos últimos autorizados a intervenir tras la declaratoria de un estado de emergencia a mediados de diciembre.

"Llamo a la paz, a la calma, a la unidad para impulsar el desarrollo de la patria", exigió Boluarte desde Lima y en el mismo sentido se pronunció Otárola.

"El derecho a la protesta está amparado en la Constitución, pero tiene un límite", apuntó, según la agencia Sputnik.

Hubo movilizaciones en varias ciudades, entre ellas en Huancayo y Lima, donde centenares de manifestantes llegaron hasta la céntrica Plaza San Martín, esta vez con el respaldo de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que se unió a los reclamos.

En dos puntos de la capital se registraron intentos de la Policía Nacional de frenar la marcha con gases lacrimógenos: en las plazas Manco Capac y Dos de Mayo.

Foto archivo: Agencia Andina.
Según la Defensoría, citada por el diario La República, hubo además un enfrentamiento entre manifestantes y policías en las cercanías del aeropuerto de Arequipa y un ataque a un colectivo en Tacna, donde además cerró el mercado local por temor a un eventual ataque.

En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024. Pero los manifestantes exigen la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Congreso a través de un adelanto de elecciones generales y, en algunos casos, la libertad del destituido Pedro Castillo.

Milan Knezvich, presidente del Frente de Lucha de la ciudad de Abancay, en Apurímac, aseguró que las protestas continuarán.

"Nadie va a querer dialogar con ella. Mientras la señora Dina Boluarte no renuncie, esto va a seguir", dijo a radio Exitosa, en declaraciones que reprodujo la agencia de noticias AFP

En su calidad de vicepresidenta, Boluarte sustituyó a Castillo, un maestro rural de izquierda que el 7 fue destituido por el Congreso y luego detenido para ser investigado por rebelión.

Tras la caída de Castillo, se desataron violentas protestas en el centro y sur del país, donde el exgobernante tiene apoyo, que fueron duramente reprimidas por policías y militares.

Al menos 22 personas murieron en el marco de las protestas por enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, según datos de la Defensoría de Perú. Además otros 600 civiles resultaron heridos.

"Diciembre ha sido un mes difícil. No lo repitamos en enero", pidió hoy Otárola.

Télam

Presentan denuncia constitucional contra Dina Boluarte por muertes a causa de la represión

También se incluye al ministro José Tello. En tanto, Pedro Angulo, Alberto Otárola y César Cervantes son denunciados por homicidio calificado.

Dina Boluarte, presidenta de la República, fue denunciada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso por la parlamentaria Ruth Luque (Cambio Democrático). Esto, debido a las 22 muertes ocasionadas por la represión militar y policial, durante las protestas de diciembre del 2021. La denuncia fue presentada el último martes 3 de enero en medio de las manifestaciones en el interior del país y el paro indefinido en las regiones de: Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios y Ayacucho.

Según el documento, Dina Boluarte habría incurrido en infracción constitucional, junto con el expremier Pedro Angulo, además de los ministros Alberto Otárola (ex Defensa y hoy titular de la PCM), César Cervantes (Interior) y José Tello (Justicia).

A todos ellos la legisladora cusqueña les atribuye infracción de los artículos 1, 2, 39, 44 y 118 (inciso 1) de la Carta Magna.

Particularmente los artículos 39 y 44 establecen que la presidenta tiene el deber de actuar en cumplimiento de la Constitución y la ley, y que tiene la obligación de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.

Sin embargo, durante el estado de emergencia fueron asesinados ciudadanos que ni siquiera tenían participación en las manifestaciones, tal como quedó en evidencia, con nitidez, en el caso de Ayacucho.

Homicidio calificado

Además de las infracciones constitucionales, Ruth Luque (CD) denuncia a Pedro Angulo, Alberto Otárola y César Cervantes por la comisión del presunto delito de homicidio calificado y lesiones graves (artículos 108 y 121 del Código Penal).

La legisladora sostiene en su denuncia que Pedro Angulo, Alberto Otárola y César Cervantes “contribuyeron en la perpetración de los ilícitos, en su condición de autores mediatos, al ser parte de la estructura y aparato de poder y tener superior dominio de la decisión de la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas”.

En otro extremo de la denuncia, Ruth Luque recuerda que el decreto legislativo 1095, en su artículo 26, establece que “en cualquier caso está prohibido disparar indiscriminadamente”, hecho que no fue respetado en las protestas recientes contra el Congreso y contra el gobierno de Dina Boluarte.

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