A más de tres meses de asumir de forma designada por el parlamento la máxima autoridad de Perú, la mandataria de facto, Dina Boluarte, recibe en retribución por sus esfuerzos solo cifras negativas a su gestión, según reveló una encuesta nacional realizada por la empresa Datum.
Según el sondeo, el 75 por ciento de los pobladores no aprueba su mandato, al tiempo que un 83 por ciento de los encuestados pide comicios anticipados, aunque desde el Congreso rechazan analizar esa posibilidad.
Las cifras se tornan más desalentadoras en el sur del país andino con un 95 por ciento de desaprobación en contraste con el 83 por ciento reflejado en Lima, la capital.
De igual modo, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, alcanzó niveles de desaprobación ciudadana del 72 por ciento.
Según los datos revelados, el 74 por ciento de los peruanos considera que Boluarte debería renunciar a su cargo si el Congreso no aprueba el adelanto de elecciones generales, frente a un 23 por ciento que opinó que debería mantenerse en funciones hasta 2026, cuando debería culminar el mandato iniciado por el presidente electo y destituido en diciembre pasado, Pedro Castillo.
Sobre la gestión del actual Congreso de la República, el rechazo es incluso mayor, con un 87 por ciento de los encuestados a nivel nacional inclinados a desaprobar las funciones de la Representación Nacional, con tan solo un 8 por ciento de su aceptación.
Desde diciembre del año pasado, las bancadas parlamentarias no han podido llegar a un acuerdo respecto al contenido que debe tener un proyecto de ley que establezca la modificación de la Constitución para un adelanto de elecciones generales.
En los últimos meses, desde la asunción de Boluarte el 7 de diciembre de 2022, se han incrementado el número de protestas en todo el país con una serie de exigencias, tales como: la renuncia de la jefa de Estado, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
Más de 60 personas han perdido la vida y más de mil 300 han resultado heridas, según datos oficiales divulgados por la Defensoría del Pueblo.