El gobierno brasileño declaró al territorio indígena Yanomami “libre de minería ilegal” tras los resultados de los diversos operativos militares desplegados en los últimos meses para poner fin a las actividades ilícitas.
Según datos de la Policía Federal, las alertas por deforestación provocadas por la minería disminuyeron de manera drástica desde principios de año hasta no registrarse ninguna en la primera quincena de junio.
En una de las primeras medidas tras asumir el poder, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva estableció el estado de emergencia sanitaria en las zonas Yanomamis, ubicadas entre los estados de Amazonas y Roraima, fronterizo con Venezuela, por crecientes casos mortales de malaria y desnutrición.
En aquella ocasión, Lula responsabilizó del “abandono” de los yanomamis a los cuatro años de gestión del ultraderechista Jair Bolsonaro, defensor a ultranza de la minería y la explotación de madera en tierras indígenas, declararon fuentes cercanas a la Presidencia.
Noventa y nueve habitantes yanomamis de entre 1 y 4 años de edad murieron en 2022 como consecuencia de la desnutrición, las neumonías o diarreas vinculadas al avance de la minería ilegal en la región, gran contaminante de ríos y destructor de la selva amazónica.
El Estado brasileño movilizó fuerzas militares, policiales y paramédicos para revertir la crisis humanitaria entre los yanomamis y expulsar a los alrededor de 20 mil mineros ilegales de la zona. En la acción fueron destruidos campamentos clandestinos y ocuparon embarcaciones y aeronaves al servicio de las acciones delictivas.
La reserva indígena Yanomami es un vasto territorio de casi 10 millones de hectáreas, donde viven unas 30 mil personas.