La ONG palestina, conocida como PPC (por sus siglas en inglés), denunció el martes que al menos 200 palestinos fueron detenidos durante la última semana por las fuerzas israelíes en las ciudades de Al-Jalil (Hebrón), Nablus, Ramalá y Yenín, en la Cisjordania ocupada, lo que elevó la cifra total de los arrestados a 5100 desde principios de año.
De los 5100 detenidos, 1200 están bajo la detención administrativa (sin cargos ni juicio), 32 son prisioneras y 180 son niños menores de edad. Asimismo, hay 700 presos que sufren algún tipo de enfermedad, incluso de tipo crónico, agregó PPC en un comunicado.
“Las detenciones estuvieron acompañadas de violaciones y agresiones contra los presos y sus familiares, además de cuantiosas pérdidas materiales en el interior de sus viviendas, como consecuencia del vandalismo”, añade la nota.
El texto avisa que el régimen de Israel ha aumentado el número de detenciones “administrativas”, y recientemente ha comenzado a atacar a una nueva generación de palestinos, incluidos niños.
La detención administrativa, una práctica ilegal que viola el derecho a un juicio justo y el derecho internacional, se lleva a cabo por orden de un comandante militar y sobre la base de lo que el régimen de Israel describe como “pruebas secretas”.
Bajo esta política, las autoridades israelíes detienen a palestinos por hasta seis meses; un período que puede prorrogarse por un número indefinido de veces. Algunos presos han permanecido recluidos en detención administrativa hasta 11 años.
De acuerdo con la oenegé PPC, los arrestos de los ciudadanos palestinos dejaron impactos “peligrosos” en los detenidos y sus familiares y algunas familias tienen actualmente más de un miembro en las cárceles israelíes.
Más de un millón de palestinos han sido encarcelados, muchos sin cargos, desde 1967, incluidas más de 15 000 mujeres, según el Ministerio palestino para los Detenidos, que asegura que “cada familia palestina fue testigo del arresto de al menos uno de sus miembros”.