La ocupación israelí sigue buscando estrategias para apartar el foco de la masacre en Gaza y mantener la ocupación ilegal de Palestina, y en ello se enmarcan los atentados que han sembrado el terror en Líbano.
La ocupación sigue teniendo luz verde para matar a civiles en Gaza, en Cisjordania, en Líbano. Dispone de beneplácito no solo a través del apoyo político y la ayuda militar de EEUU y países europeos, sino también de un coro de voces en algunos medios de comunicación, siempre dispuestas a legitimar incluso el más bárbaro de sus crímenes.
Los atentados que han sembrado el terror en Líbano esta semana son prueba de ello. En las dos oleadas registradas los pasados martes y miércoles explotaron más de tres mil dispositivos inalámbricos -buscas y walkie-talkies- y murieron treinta y dos personas, entre ellas una niña de ocho años de edad, un niño de once, y cuatro trabajadores sanitarios. Además, unas tres mil personas resultaron heridas, cuatrocientas de gravedad.
La niña, Fatima Abdullah, de 9 años, acababa de empezar cuarto de primaria. Cuando sonó el busca, lo cogió para llevárselo a su padre. La explosión la mató en el acto. Si hubiera sido israelí, en vez de libanesa, probablemente su historia habría aparecido en páginas destacadas de la prensa estadounidense y europea.
El doctor Elías Warrak cuenta que solo el martes tuvo que extraer al menos un ojo -en algunos casos, los dos- a más del 60% de los pacientes que atendió en el hospital Monte Líbano de Beirut. Entre las heridas más habituales a las que se enfrentaron los servicios médicos, desbordados, destacan la pérdida de dedos, manos, trozos de cara, ojos, hemorragias internas o heridas en el pecho. Entre las personas heridas hay menores, enfermeras, doctores, trabajadores de ayuda social o de asociaciones de caridad, profesores y administradores de oficinas.
Los dispositivos explotaron en supermercados, tiendas de telefonía móvil, coches, casas, cafeterías o en plena calle. Fuentes de los servicios secretos estadounidenses, y otras, han confirmado al New York Times que el ente sionista fabricó los buscas y los walkie-talkies a través de empresas fantasma y tapaderas del Mosad, para vendérselas a Hizbolá. Dentro y fuera de la ocupación algunos sectores han elogiado los atentados e incluso han tergiversado la realidad, afirmando que han sido “operaciones quirúrgicas” y “ataques de precisión” contra combatientes de la organización chií libanesa.
Los hechos desmienten estas afirmaciones. Buena parte de las explosiones se produjeron en zonas civiles. Fueron ataques indiscriminados, puesto que no era posible saber quién estaba en posesión del dispositivo inalámbrico en el momento de su activación por control remoto para hacerlo explotar. Así lo ha denunciado el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien ha recordado que “atacar simultáneamente a miles de personas, sin saber quién tenía los artefactos, y sin conocer su ubicación y entorno durante el ataque, viola el derecho internacional. Quienes ordenaron y llevaron a cabo este ataque deben rendir cuentas”.
En la misma línea se ha expresado un comité de expertos independientes de la ONU, que han recordado que “matar a cualquiera que no represente una amenaza inminente y usar la violencia para aterrorizar a los civiles son delitos”, y ha exigido que los responsables sean llevados ante la justicia. También otras organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, han subrayado que “el uso de objetos civiles de uso cotidiano como dispositivos explosivos pone a los civiles en grave riesgo, viola las leyes de la guerra” y son un “ataque indiscriminado”.
El Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio ha condenado los atentados y ha recordado que “una niña de 9 años no es terrorista, y un niño de once, tampoco”. “Lo que vemos es un Estado genocida completamente fuera de control y apoyado por un mundo occidental que es, en gran medida, demasiado racista e islamófobo como para preocuparse”, ha añadido.
Sin embargo, voces de varios espacios políticos y mediáticos europeos y estadounidenses elogiaron la oleada de asesinatos extrajudiciales, indiscriminados, calificándolos de “brillantes”, “audaces”, “probablemente la operación de inteligencia más sofisticada de todos los tiempos”, “impresionantes”, o “introducción del caballo de Troya contemporáneo”, entre otros ejemplos. Han sido celebrados y defendidos por personas que se presentan a sí mismas como civilizadas, inteligentes y decentes. Ese respaldo es clave para que los crímenes sigan produciéndose.
De hecho, este pasado viernes el régimen lanzó otro ataque contra Beirut, en el que mató a treinta y siete personas e hirió a sesenta y seis. Entre las víctimas mortales hay dos altos mandos de Hizbolá, tres niños -de 4, 6 y 10 años- y una mujer. Entre los heridos, varios niños graves. Además, diecisiete personas están desaparecidas entre los escombros, entre ellas, menores. La intensidad del bombardeo derribó un bloque de pisos en un suburbio del sur de la capital. El asesinato de estos civiles ha pasado prácticamente desapercibido en muchos medios de comunicación occidentales, que denominan a estas zonas “feudos o bastiones de Hizbolá”.
Esos barrios están habitados por decenas de miles de civiles, de familias, mujeres, hombres, menores, ancianos. Muchos votan a Hizbolá o a partidos aliados en las elecciones, algunos trabajan como médicos, enfermeras o profesores para los comités de salud y educación de la organización, otros son integrantes de la misma, con tareas exclusivamente civiles, y también hay miembros de la organización armada.
Escribió Albert Camus que “nombrar mal las cosas es aumentar la desgracia en el mundo”. Englobar a las víctimas de estos ataques como objetivos que deben ser abatidos o como daños colaterales que hay que asumir es faltar a la verdad y contribuir activamente, con peligrosa ligereza, a legitimar sus asesinatos. La narrativa predominante ha ido normalizando los asesinatos extrajudiciales cometidos por la ocupación a lo largo de los años -en la Segunda Intifada mató a centenares por esa vía- hasta tal punto que han llegado a ser aceptados e, incluso, elogiados.
Si mañana hubiera un ataque contra un edificio lleno de civiles dentro del ente sionista que matara a 37 personas -incluidas mujeres y niños- y se justificara diciendo que el objetivo era el autor de una masacre de civiles en Gaza, ¿cuál sería la reacción de gobiernos occidentales y cómo lo contarían los medios? ¿Emplearían las expresiones “ataque selectivo” o “de precisión”?
El nudo gordiano de toda esta cuestión se encuentra en la ocupación ilegal israelí de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, señalada como tal -ilegal- en el dictamen de la Corte Internacional de Justicia del pasado mes de julio, y condenada en varias resoluciones vinculantes de Naciones Unidas a lo largo de los años.
El ente sionista no oculta su empeño en controlar todo el mapa de Palestina, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Así lo han expresado mandatarios a lo largo de los años, y así lo ha mostrado el primer ministro Benjamin Netanyahu en los mapas que presenta públicamente. No tiene de su lado el derecho internacional -y está perdiendo el relato en parte de la opinión pública mundial- pero sí cuenta con la fuerza militar. Por eso sigue apostando por las armas en vez de por la diplomacia y la negociación, porque no quiere renunciar a lo que no le pertenece.
La ocupación intenta forzar una escalada regional para excluir del tablero la cuestión palestina y reducir el escenario a un combate entre “el bien y el mal”, entre los aliados occidentales y el eje proiraní, como si la población palestina no existiera. En estos meses ha lanzado ataques en Gaza, Cisjordania, Siria, Irán y Líbano. El Gobierno israelí busca un contexto de guerra mayor para desplegar aún más su superioridad militar, mantener su ocupación ilegal en Palestina -e incluso extenderla en más territorios- y desviar la atención de sus casos de corrupción, de su gestión ante los atentados de Hamás y los rehenes, de la masacre en Gaza, del apartheid y los crímenes en Cisjordania.
Mientras no se adopten medidas de presión -embargos de armas, sanciones, suspensión de relaciones comerciales, etc-, el Gobierno de Netanyahu seguirá beneficiándose de la impunidad que le conceden EEUU y sus aliados. La masacre continúa, tras más de 41.000 muertos y 97.000 heridos. Solo en las últimas 72 horas el Ejército israelí ha matado a más de 115 personas en Gaza y atacado otra escuela de niños.
Hace seis meses, la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, advirtió de que, si no se adoptaban medidas “para castigar severamente el genocidio en Gaza y las formas en que se implementa, se aceptará un modo de conducir la guerra que trata a masas de civiles como merecedoras de la muerte porque están cerca del objetivo -familiares o amigos- o como daño colateral”. Ya estamos ahí.