La Administración encabezada por el presidente Javier Milei dio un nuevo giro restrictivo a la política migratoria argentina.
A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Ejecutivo modificó la ley reguladora, endureciendo los requisitos para extranjeros que pretendan ingresar y permanecer en el país austral. Según explicó el portavoz presidencial Manuel Adorni, las modificaciones buscan "ordenar" el sistema migratorio y priorizar a quienes "contribuyan al desarrollo nacional".
Uno de los puntos más sensibles remite a los cambios en el régimen de acceso a la salud. Desde ahora, los extranjeros deberán contar con un seguro médico o pagar por la atención en hospitales públicos, salvo en situaciones de urgencia. En paralelo, las universidades públicas estarán habilitadas a cobrarles a estudiantes sin residencia permanente, una medida que apunta directamente a quienes ingresan al país con visas temporarias o en condición irregular.
La reforma también endurece las condiciones para obtener la ciudadanía argentina. Además, el decreto establece nuevos criterios de ingreso al país. A los controles migratorios, se les sumará ahora una declaración jurada obligatoria donde el visitante deberá detallar el motivo de su ingreso y comprometerse a no desvirtuarlo.
Los mecanismos de expulsión también fueron reformulados. Ahora, la norma permite la deportación de extranjeros condenados por cualquier delito, incluso si la sentencia no está firme o si se trata de penas menores. Se podrán cancelar residencias ya otorgadas si el migrante incurre en falsedades documentales, permanece fuera del país por períodos prolongados o no cumple con las nuevas obligaciones de declaración de domicilio físico y electrónico.
Según el Censo de 2022, el 4,5% de la población residente en Argentina nació en el extranjero. Las comunidades más numerosas provienen de Bolivia, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile. A lo largo de toda su historia, el país sudamericano ha recibido flujos migratorios tanto por razones económicas como por motivos humanitarios, consolidándose como uno de los más abiertos de la región.
"Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes", declaró Adorni, quien explicó que la medida se inscribe en el marco de una política de "orden y eficiencia". Además, enfatizó en que "sigue siendo un país abierto, pero no puede sostener un sistema que sea inviable fiscal y socialmente".
El decreto recibió decenas de impugnaciones desde organismos de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que muchas de las medidas anunciadas ya están contempladas en la ley vigente.
Por ejemplo, el artículo 29 de la actual Ley de Migraciones ya permite denegar el ingreso a personas con antecedentes penales. La organización también alertó sobre el uso del decreto para introducir cambios que, por su naturaleza, deberían discutirse en el Congreso.
"Se trata de una reforma sustancial del régimen migratorio, que incluso podría violar compromisos asumidos por el país en el marco del Mercosur", advirtió la entidad en un comunicado.
Pese a la omisión al Parlamento, el Palacio Legislativo puede expedirse sobre el decreto incluso si ya está vigente. Sin embargo, para revirarlo, la oposición deberá reunir dos tercios de los votos tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados.
Durante el primer año y medio de gestión de Milei, el Congreso volteó dos de sus decretos: el que aumentaba fondos discrecionales para servicios de inteligencia y el que utilizó para designar a jueces de la Corte Suprema de Justicia.
"La gravedad del decreto reside en que abre la puerta a discrecionalidades: básicamente, la medida apunta a quitarles derechos a los inmigrantes", dijo a Sputnik Leonardo Martínez, abogado especializado en derecho migratorio.
De acuerdo al experto, la reforma "tiene vicios de inconstitucionalidad", ya que la carta magna argentina "garantiza los mismos derechos civiles a los extranjeros que a los ciudadanos y prohíbe la imposición de contribuciones forzosas", como sería el arancelamiento de prestaciones básicas.
"Que la ley prohíba salir del país a quienes están tramitando sus papeles —incluso para visitar familiares— atenta directamente contra la libre circulación, que cabe para argentinos y para extranjeros", remarcó.
Sin embargo, el letrado matizó el impacto del paquete de anuncios. Según Martínez, "más que un cambio de fondo, esto parece un anuncio político. Alcanza con mencionar que la actual normativa ya existe la posibilidad de expulsión habiendo cometido un delito", que es lo más destacado por el Gobierno.
Para Martínez, el hecho de haber apelado a un decreto —concebido para ser utilizado en situaciones extraordinarias— da lugar a impugnaciones no solo del contenido, sino de la forma.
"La herramienta del decreto termina siendo vulnerable porque no tiene la misma legitimidad la lapicera presidencial que una ley del Congreso", apuntó.
Además, el letrado precisó que "uno puede debatir la necesidad de endurecer la legislación, pero está claro que "acá no hay necesidad ni urgencia. Estamos muy lejos de una emergencia migratoria, lo cual invalida el sentido del decreto".
"Argentina no tiene un problema de inmigración. Acá solo se está discutiendo un tema que no está en agenda, pero cuyas consecuencias pueden sentar precedentes para futuros gobiernos que pretendan profundizar cualquier rumbo", afirmó Martínez.
Fuente: Sputnik