Según reportes médicos y testigos en el terreno, las masacres ocurrieron en múltiples puntos del enclave, todos relacionados con centros de distribución de GHF, una fundación impuesta por el régimen israelí y respaldada logísticamente por Estados Unidos.

Desde el amanecer, al menos 50 personas fueron abatidas cerca de estos centros. Solo en la calle Saladino, al sur de Wadi Gaza, se contabilizaron 25 víctimas fatales y más de 140 heridos, 62 en estado crítico. Testimonios recogidos por Al Jazeera relatan escenas de pánico, disparos desde drones y tanques, y cuerpos apilados sobre el pavimento. “Fue una masacre”, declaró Ahmed Halawa. “Dispararon incluso mientras huíamos”.

Las imágenes verificadas por la agencia Sanad muestran los cadáveres trasladados al Hospital al-Awda, en Nuseirat, y al Complejo Médico Nasser en Khan Younis. En la ciudad de Gaza y Rafah también se reportaron muertos por disparos directos mientras la gente se acercaba a camiones con ayuda. “La sala de urgencias se convirtió en un baño de sangre”, declaró personal del Hospital al-Shifa.

El ejército israelí intentó justificar los ataques asegurando que había “sospechosos” entre los civiles, mientras que testigos y organizaciones humanitarias denuncian que los disparos fueron intencionales, sin previo aviso, y contra personas desarmadas.

Desde que GHF se hizo cargo de la distribución a fines de mayo —tras el corte total de suministros impuesto por Israel durante más de dos meses— más de 400 personas han sido asesinadas y al menos 1.000 heridas en los alrededores de sus puntos de entrega.

La propia ONU se ha negado a colaborar con GHF, advirtiendo que se trata de un montaje que prioriza objetivos militares del régimen ocupante por encima de las necesidades civiles. “Este mecanismo no es ayuda, es una abominación”, declaró el jefe de UNRWA, Philippe Lazzarini. “Humilla, degrada y mata”.

La denuncia también fue respaldada por la Comisión Internacional de Juristas y otras 14 organizaciones de derechos humanos, que señalaron que la operación de GHF viola todos los principios humanitarios fundamentales y puede constituir crimen de guerra. “Distribuir ayuda bajo control militar, en condiciones diseñadas para el hambre, no es asistencia: es un castigo colectivo”, advirtió Philip Grant, de TRIAL International.

El modelo de GHF no solo niega el acceso digno a la ayuda: lo convierte en una trampa mortal. Y los responsables —desde quienes disparan hasta quienes financian— deberán rendir cuentas.

Con información de Al Jazeera.