Roberto Chambi Calle (Jurista, teólogo y analista en RRII)
Israel, a pesar de las múltiples resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incumple sistemáticamente los mandatos jurídicos internacionales, que, desde hace más de siete décadas, se ha observado un patrón persistente de desobediencia a la ley internacional, que no solo ha sido documentado sino también denunciado en varios foros internacionales.
En este escenario, ningún país puede sentirse seguro, ya que la alianza entre Estados Unidos, sus aliados y su alfil israelí, demuestran que la soberanía territorial puede ser vulnerada impunemente, poniendo en duda la efectividad y legitimidad del sistema internacional y de la justicia global, frente a la cual las resoluciones parecen convertirse en simples documentos sin cumplimiento ni consecuencia.
Ejemplos históricos evidencian esta situación: en 1988, Yaser Arafat se enfrentó a la prohibición del ingreso a Estados Unidos para llevar la voz de su pueblo a Naciones Unidas, muestra clara de la politización y el bloqueo de la representación legítima en foros internacionales.
Por ello la flotilla internacional Sumud, refleja la persistencia de la resistencia civil y humanitaria, aunque ha sido hostigada e interceptada, incluso por ataques con drones, por ejemplo, en 2010, cuando la llamada "Flotilla de la Libertad" fue violentamente atacada por fuerzas israelíes causando la muerte a 10 activistas y heridas a más de una docena, Israel ha venido repitiendo estos actos contrarios al Derecho Internacional Humanitario.
El despojo colonial y el exterminio de pueblos originarios son tragedias históricas sistemáticas que han marcado a continentes enteros, como Latinoamérica, donde la colonización española y portuguesa implicó la aniquilación de miles de indígenas y afrodescendientes esclavizados al igual que en Norteamérica, en donde las políticas de exterminio y confinamiento, aniquilaron y desplazaron casi por completo a las tribus nativas americanas.
Hoy, la llamada política del "Gran Israel" —impulsada por sectores sionistas revisionistas— busca extender el territorio israelí a costa de sus vecinos y eliminar a la población palestina, replicando prácticas coloniales con características de apartheid y genocidio.
La población palestina de casi dos millones de habitantes no puede ser reducida a una etiqueta simplista como "Hamás", sino que se debe reconocer el derecho a la legítima defensa previsto en la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, marcos legales que hoy son sistemáticamente ignorados por el establishment internacional.
Actualmente, más de 65,000 víctimas, con un 90% de la Franja de Gaza destruida, sufren un bloqueo total que impide el paso de suministros básicos, mantenimiento de comunicaciones y atención médica, generando una crisis humanitaria severa que la comunidad internacional observa, en muchos casos, con indiferencia o inacción, en medio de un territorio usurpado, donde la Resolución 181 de 1947 sigue sin cumplirse.
La inacción de organizaciones como la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica, ambas con un doble rasero político, dificulta cualquier avance efectivo, siendo que es urgente que estas entidades asuman una postura activa, más allá de declaraciones formales, y adopten mecanismos concretos para proteger a la población palestina y presionar por el cese del exterminio.
Es imperativo señalar que el problema es con el sionismo revisionista y las políticas expansionistas que impulsan el conflicto, no con los judíos como pueblo o religión, pues la historia demuestra que muchos actuales "judíos" son ashkenazíes de origen europeo que han adoptado la fe judía, y que la crisis política y humanitaria actual no debe confundirse con identidades religiosas o culturales.
Este genocidio es un reflejo de intereses mezquinos y ególatras que unívocamente sacrifica vidas humanas en función de agendas geopolíticas y económicas, recordándonos que mientras se perpetúe esta violencia en Palestina, se seguirá erosionando la humanidad y los valores universales de justicia y dignidad.
Roberto Chambi Calle