La diputada estatal Marina, del MST (PT-RJ), junto con otros nueve parlamentarios de la oposición, presentó una solicitud para la apertura de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investigue las responsabilidades de la Operación Contenção , que dejó 121 muertos en los complejos Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro. En una entrevista con Conexão BdF , en Rádio Brasil de Fato , argumentó que la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro debería investigar las ilegalidades y los abusos de la operación policial, considerada la más mortífera en la historia del estado y del país.
“Consideramos que esta CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) es una investigación sobre la masacre, no solo sobre el operativo. También busca examinar todo el proceso de seguridad pública en Río de Janeiro, que carece de un proyecto serio y responsable que priorice la vida y la dignidad de las personas”, afirmó la congresista.
Marina criticó la gestión del asunto por parte del gobernador Cláudio Castro (PL) y del secretario de Seguridad Pública, Víctor Santos, señalando que hubo ocultamiento de información y falta de transparencia en la planificación. “El gobernador Cláudio Castro ha estado diciendo muchas falacias, muchas mentiras sobre este proceso. Utiliza la muerte, utiliza el ataúd para crear un escenario político-electoral, predicando la masacre y el terror”, denunció.
La congresista también expresó sus sospechas de que la operación, supuestamente preparada durante más de un año, se llevó a cabo de manera irregular. «Si hubo planificación, fue la planificación de una masacre en secreto. Una operación realizada de forma privada, sin coordinación entre los poderes del Estado, sin inteligencia, y que transformó Río en una zona de guerra», afirmó.
Durante la entrevista, Marina reveló que su oficina había recibido informes sobre signos de tortura en los cuerpos de las víctimas, así como relatos de decapitaciones y heridas de arma blanca. «Hay mucha ilegalidad, muchas señales de crueldad. Cuerpos apuñalados por la espalda, atados a bombas. Las familias tienen que adentrarse en el bosque para recuperar los cuerpos», informó.
También cuestionó la falta de transparencia en la investigación y la ausencia de grabaciones de las cámaras corporales de los agentes. «El propio secretario de Seguridad afirmó que las cámaras de los 2000 policías estaban apagadas. ¿Cómo es posible? Hay una clara intención de ocultar lo sucedido», declaró.
Por ello, la congresista anunció que había enviado cartas oficiales a la Fiscalía General, al Ministerio de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Federal, solicitando el seguimiento y una investigación independiente de las muertes.
Marina también refutó el argumento de que las operaciones violentas garantizan la seguridad pública. «¿Quién en la ciudad se siente más seguro después de esta masacre? El crimen organizado no solo está en las favelas. Los principales criminales no viven en esas comunidades», criticó.
Según ella, el modelo de seguridad basado en incursiones armadas es un fracaso. «Lo que vimos fue más inseguridad, incertidumbre y dolor. La seguridad pública no puede tener la muerte como principal herramienta, sino la defensa de la vida de todas las personas», añadió.
La diputada destacó que los movimientos sociales convocaron a una manifestación pública para denunciar las violaciones y exigir cambios estructurales. «Es necesario construir un proyecto de seguridad pública en el que la defensa de la vida y la dignidad sean el eje central», concluyó.
Fuente: RL