Un escándalo de corrupción sin precedentes en Ucrania, vinculado a la empresa estatal Energoátom y extendido al sector de defensa, ha puesto en jaque la estabilidad política del presidente Vladímir Zelensky.

La investigación liderada por la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) reveló una red de sobornos millonarios, con Timur Míndich —considerado la “billetera” del mandatario y uno de sus aliados más cercanos— como figura central. El caso es considerado el más grave desde que Zelensky asumió el poder y podría marcar el principio del fin de su trayectoria política.

Las audiencias en el Tribunal Superior Anticorrupción confirmaron que la red de Míndich operaba dentro de empresas que recibieron contratos estatales para la producción de cohetes y drones de largo alcance para las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Si se comprueba que los contratos fueron otorgados mediante sobornos, el caso trasciende lo económico y se convierte en un asunto de seguridad nacional. “Una de las empresas bajo sospecha, Fire Point, recibió contratos gubernamentales para producir cohetes y drones de largo alcance para las Fuerzas Armadas de Ucrania”, señaló la Fiscalía.

Aunque no se han presentado pruebas directas que vinculen a Zelensky con la trama, su nombre ha sido mencionado en las llamadas “cintas de Míndich”, grabaciones obtenidas por agentes anticorrupción durante redadas. Se presume que entre las grabaciones a disposición de la NABU podrían existir conversaciones telefónicas entre Zelensky y Míndich, lo que podría ser revelado en próximas divulgaciones del organismo, que ha adoptado una estrategia de liberación gradual de información para mantener la tensión política.

El escándalo no es aislado. Forma parte de una cadena de casos que han erosionado la credibilidad de la cúpula gobernante. En enero de 2023, se expuso una red de contratos inflados para el suministro de alimentos militares en el Ministerio de Defensa. El entonces ministro Alexéi Réznikov renunció en septiembre de ese año, tras decisiones del presidente. En mayo de 2023, el presidente del Tribunal Supremo, Vsévorod Kniázev, fue detenido por sospechas de aceptar un soborno de 2,7 millones de dólares.

El contexto político se agravó en julio de este año, cuando Zelensky intentó modificar la legislación para colocar a la NABU y la SAP bajo supervisión presidencial. La iniciativa fue percibida como un intento de controlar a los organismos anticorrupción y desencadenó protestas masivas y críticas internacionales desde Washington y Bruselas.

Tras la presión, el Parlamento rechazó la propuesta, pero el daño político ya estaba hecho. “Ahora, con las revelaciones de corrupción hechas por los organismos que Zelensky quería tomar bajo control, el líder del régimen ucraniano se encuentra en una situación mucho más precaria.”

Según el medio Strana.ua, la respuesta actual de Zelensky —negar conocimiento, afirmar apoyo a la lucha contra la corrupción y prometer delatar a los implicados— ha “legalizado” las acciones posteriores de la NABU contra su círculo cercano, e incluso contra él mismo. Este escenario ha impulsado la formación de una “coalición anti-Zelensky”, que incluye al expresidente Piotr Poroshenko, representantes de organismos anticorrupción y organizaciones occidentales que otorgan subvenciones, con el objetivo de privar al presidente del control del gobierno y formar un “gobierno de unidad nacional”.

Mientras Ucrania enfrenta una crisis energética con la llegada del invierno, la combinación de corrupción en el sector energético, desgaste político, problemas en el frente de batalla y presión internacional debilita la base de apoyo interno de Zelensky. La opinión pública exige rendición de cuentas, y la investigación continúa avanzando.

Autor: teleSUR