La campaña, denominada “Proyecto Esther”, está supuestamente gestionada por Bridges Partners, una empresa estadounidense contratada por el autodenominado Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. Se contrataron entre 14 y 18 personas influyentes, que cobraban aproximadamente 7000 dólares por publicación, sin que se revelara públicamente su vínculo financiero con el gobierno israelí.

En respuesta, el Quincy Institute y Public Citizen enviaron una carta al Departamento de Justicia de Estados Unidos instándolo a hacer cumplir la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y revelar las identidades y los contratos de los influencers.

“Los estadounidenses merecen saber quién paga por los mensajes que se transmiten a través de los influencers en las redes sociales”, dijo Craig Holman de Public Citizen.

Ben Freeman, del Instituto Quincy, añadió que los influencers deberían registrarse como agentes extranjeros, ya que producen contenido patrocinado por el gobierno para el público estadounidense.

Mientras Bridges Partners se enfrenta a un escrutinio minucioso, otras empresas parecen estar involucradas en iniciativas similares. Genesis 21 Consulting fue contratada en agosto para "comunicaciones estratégicas y relaciones con personas influyentes", mientras que Show Faith by Works reveló un acuerdo de 3,2 millones de dólares dirigido a audiencias evangélicas estadounidenses con una cobertura favorable de "Israel".

El Ministerio Sionista ha negado las acusaciones de pagos a personas influyentes, calificándolas de “falsas”.

Fuente: Al ahed