Estados Unidos intensifica su presencia militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y varios gobiernos de la región respaldan las maniobras en una muestra de la influencia de Washington sobre las políticas de seguridad en América Latina.
Aunque algunos mandatarios intentan matizar su apoyo, el despliegue militar revela la disposición de varios países a alinearse con la estrategia estadounidense, incluso a costa de tensar sus relaciones con Venezuela, que denuncia una ofensiva imperial destinada a cercar su soberanía.
El gobierno de Trinidad y Tobago, vecino inmediato de Venezuela, abandonó su histórica neutralidad para convertirse en aliado frontal de Washington.
La primera ministra Kamla Persad-Bissessar no solo celebró el despliegue militar estadounidense en el Caribe, sino que advirtió que su país serviría de plataforma militar en caso de conflicto con Guyana.
En este contexto, Caracas calificó como una "provocación hostil" la llegada del destructor USS Gravely a Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos.
Como respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro suspendió acuerdos bilaterales de gas, denunciando que Puerto España se transformó en un instrumento de la estrategia imperial.
Sin embargo, las maniobras continuaron, reflejando cómo la presión de Washington logra imponerse incluso sobre vínculos económicos que sostuvo la cooperación entre ambos países.
En medio de estas tensiones, el ex primer ministro Keith Rowley negó haber pactado con Estados Unidos el uso del territorio para atacar a naciones vecinas.
Sin embargo, el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, firmado en 2007 y actualizado sin fecha de vencimiento, sigue regulando la presencia y actividades del personal militar estadounidense en el país.
La disputa territorial por la Guayana Esequiba, frontera terrestre más pequeña de Venezuela, se convirtió en argumento para justificar la presencia militar estadounidense.
Georgetown respaldó las maniobras y acusó a Caracas de vínculos con el supuesto “Cártel de los Soles”, narrativa impulsada por Washington.
La visita del jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, reforzó la alianza militar, en un territorio clave por sus reservas de petróleo.
En este contexto, Venezuela dio un paso histórico al elegir por primera vez al gobernador de la Guayana Esequiba, en cumplimiento del mandato popular expresado en el referéndum de 2023.
Si bien Nayib Bukele no se pronunció directamente sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe, su cercanía con Donald Trump —único mandatario latinoamericano recibido en el Despacho Oval durante el actual mandato republicano— refleja una relación privilegiada.
Asimismo, la presencia de un avión de ataque AC‑130J en la base de Comalapa confirma que el país se convirtió en un punto clave para ampliar el radio de acción de Estados Unidos en el Pacífico, complementando las operaciones en el Caribe.
La base de Comalapa, antes destinada a aeronaves de vigilancia, ahora alberga armamento pesado, lo que marca un giro estratégico que, pese al silencio de Bukele, integra a El Salvador en la estructura militar de Washington y refuerza la presión regional sobre Venezuela bajo el argumento antidrogas.
El presidente José Raúl Mulino niega que las recientes maniobras de fuerzas estadounidenses en su país tengan relación con Venezuela, pero los acuerdos bilaterales firmados este año habilitan más presencia militar en bases aéreas y navales.
La llegada de soldados e infantes de marina estadounidenses marcó el regreso de entrenamientos tras más de dos décadas a la selva del Darién, zona estratégica que conecta Panamá con Colombia.
El mandatario Luis Abinader anunció acciones conjuntas con la Administración de Control de Drogas (DEA) y respaldó directamente la operación Lanza del Sur.
Las incautaciones recientes de cocaína se realizaron en coordinación con el Pentágono, mostrando un alineamiento sin matices con la estrategia estadounidense.
Puerto Rico, territorio no independiente bajo administración estadounidense, se convirtió en el principal centro de operaciones militares del Pentágono en la región.
La isla llegó a albergar 11 bases militares y hoy mantiene activos enclaves estratégicos como Fort Buchanan, Fort Allen, la Base Aérea Muñiz y Camp Santiago, además de instalaciones reactivadas en Ramey y Roosevelt Roads.
A finales de septiembre, marines estadounidenses participaron en ensayos de desembarco anfibio en la isla, en apoyo directo a las misiones del Comando Sur.
La reapertura de la Estación Naval Roosevelt Roads, cerrada desde 2004, confirma la intención de Washington de reforzar su presencia bélica en el Caribe.
Para Caracas, la concentración militar en Puerto Rico es una muestra clara de la subordinación colonial y de su papel como plataforma de agresión contra Venezuela y otros países de la región.
La isla funciona como el epicentro logístico y operativo de la ofensiva estadounidense, consolidando la doctrina de control territorial que Washington busca imponer sobre el Caribe.
Paraguay, Ecuador y Argentina declararon al “Cartel de los Soles” como organización terrorista, alineándose con la narrativa de Washington.
En Ecuador, Daniel Noboa incluso intentó habilitar bases militares extranjeras mediante consulta popular, aunque su propuesta fue rechazada.
Para Caracas, Washington utiliza la narrativa del narcotráfico como pretexto para justificar un despliegue militar que busca aislar y desestabilizar al proceso bolivariano.
La subordinación en esta estrategia por parte de Trinidad y Tobago, Guyana y El Salvador refleja la persistencia de la doctrina Monroe: América Latina y el Caribe como patio trasero de Estados Unidos.
Frente a ello, Venezuela insiste en la necesidad de fortalecer la integración latinoamericana y defender la soberanía regional frente a la injerencia extranjera.
En este sentido, gobiernos como Cuba, Colombia, México y Honduras, y organizaciones regionales como el ALBA-TCP manifiestan su apoyo a Caracas, subrayando que la estabilidad regional debe basarse en el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Fuente: Al Mayadeen