La narrativa de la «libertad» que vocea el régimen libertario parece detenerse abruptamente en la frontera y cambiar de color según el código postal. En una escalada que combina prejuicios ancestrales con una estética de Instragram, el Gobierno nacional ha decidido formalizar su propia versión del ICE estadounidense, la agencia de inmigración y aduanas famosa por sus húmedos métodos de segregación y asesinato en seco. Ya no se trata meramente de un control administrativo, sino de una política de hostigamiento sistemático que busca convertir a los sectores más vulnerables en el blanco de una purga ideológica y racial, importando un conflicto ajeno para tapar las deudas internas.
El encargado de ponerle voz a la cara más cruda de esta agenda fue Iñaki Gutiérrez, el blondo influencer del riñón presidencial que funciona como termómetro del odio en redes sociales. Gutiérrez lanzó una diatriba cargada de racismo al asegurar, sin una sola cifra que lo respalde, que la mayoría de los habitantes de las villas son extranjeros en situación irregular que deben ser expulsados de inmediato. Este discurso no es un error de juventud ni un exabrupto aislado, sino el subtexto sin filtro de una gestión que necesita construir culpables externos para explicar la crisis que avanza. Al estigmatizar los barrios populares como «nidos de ilegalidad extranjera», el oficialismo intenta validar operativos policiales que, en la práctica, arrojan resultados insignificantes pero funcionan como alimento para su base electoral más radicalizada, fascinada con el fascismo.
Lo que en el Estados Unidos de Trump se conoce como el esquema ICE ha encontrado su franquicia local bajo la tutela del Ministerio de Seguridad. La ministra Alejandra Monteoliva no solo imita la estética de los halcones republicanos, sino que celebra las expulsiones y las inadmisiones como si fueran trofeos de guerra en decadentes piezas audiovisuales que rozan lo institucionalmente obsceno. Esta «versión criolla» de la persecución migratoria busca instalar la idea de una amenaza interna permanente, apelando al miedo y al prejuicio como herramientas de construcción política, mientras los funcionarios locales se rinden ante manuales de seguridad redactados en inglés por especialistas gringos.
A pesar de la pirotecnia mediática y los gritos del influencer oficialista, la realidad es obstinada y desmiente el relato. Los datos oficiales demuestran que las personas migrantes en conflicto con la ley representan un porcentaje ínfimo del total de residentes, y los censos en barrios populares echan por tierra la teoría de la «invasión» que pregona Gutiérrez. El énfasis oficial en las 5000 expulsiones funciona más como una cortina de humo que como una política de seguridad eficiente. Mientras tanto, el Estado desmantela derechos al ritmo de una partitura xenófoba que solo promete más fragmentación social.
Fuente: TiempoAR