La operación, denominada "Operación Resolución Absoluta", comenzó en la madrugada, alrededor de las 02:01 hora venezolana, cuando aviones y fuerzas especiales estadounidenses bombardearon Caracas y otros objetivos para abrumar las defensas venezolanas y secuestrar al líder democráticamente elegido del país.

Más tarde ese día, el presidente Donald Trump anunció públicamente la operación, enmarcando el secuestro ilegal como la aplicación de los cargos de narcotráfico y narcoterrorista de Estados Unidos contra Maduro y Flores.

Washington afirmó, sin ninguna prueba, que Maduro dirigía un régimen corrupto que facilitaba el contrabando de cocaína y otros productos de contrabando hacia Estados Unidos.

Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York, donde comparecieron ante un tribunal federal el 5 de enero y se declararon inocentes de los cargos.

En Caracas, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, fue juramentada como presidenta interina.

La agresión estadounidense conmocionó al mundo y fue condenada como una flagrante violación de la soberanía y el derecho internacional.

¿Cómo la presión imperialista estadounidense facilitó el secuestro de Maduro?

El secuestro de Maduro y Flores no fue un acto aislado, sino el punto final de una prolongada campaña imperialista estadounidense que combinó pretextos legales, coerción económica y la amenaza del uso de la fuerza. Los sucesos del 3 de enero fueron el resultado previsible de una política que desde hacía tiempo había ignorado la soberanía y el derecho internacional.

La narrativa pseudo-legal de Washington comenzó el 26 de marzo de 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos los cargos que acusaban a Maduro de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, al tiempo que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza.

Maduro era, en ese momento, el presidente en funciones de Venezuela y ejercía pleno control sobre las instituciones estatales. No se presentó ni se reconoció ninguna solicitud de extradición. Los cargos constituyeron una afirmación unilateral de la jurisdicción estadounidense sobre un jefe de Estado extranjero, una violación explícita de las normas jurídicas internacionales.

Estas acusaciones se produjeron tras años de guerra económica. El 1 de agosto de 2017, Estados Unidos impuso sanciones financieras que restringieron drásticamente el acceso de Venezuela al crédito internacional.

La presión se intensificó el 5 de agosto de 2019, cuando Washington congeló los activos estatales venezolanos bajo control estadounidense y prohibió la mayoría de las transacciones con el gobierno. Caracas denunció formalmente la medida como un bloqueo económico diseñado para forzar el colapso del régimen mediante el estrangulamiento económico.

Las autoridades venezolanas también señalan la Operación Gedeón del 3 de mayo de 2020, cuando agentes armados vinculados a una empresa privada estadounidense intentaron capturar a Maduro por mar. A pesar de las negaciones de Washington, la operación demostró que la destitución violenta del presidente venezolano ya estaba en el pensamiento estratégico estadounidense.

A partir de agosto de 2025, Washington intensificó su postura militar, desplegando aeronaves, fuerzas navales y unidades de operaciones especiales en el Caribe cerca de aguas venezolanas, lo que indicaba su preparación para una intervención directa.

Esta trayectoria recibió cobertura estratégica gracias a la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSS), publicada el 4 de diciembre de 2025, que reafirmó al hemisferio occidental como zona de dominio estadounidense.

Los analistas describieron el documento como un resurgimiento de la lógica de la Doctrina Monroe, que enmarca a América Latina no como una colección de estados soberanos sino como un territorio sujeto al imperialismo estadounidense.

¿Cómo utilizó Estados Unidos argumentos pseudolegales para legitimar la fuerza?

Washington presentó el secuestro extrajudicial de Maduro y Flores como una medida rutinaria de cumplimiento de la ley, pero el fundamento jurídico funcionó como una cobertura post hoc para una acción militar.

Funcionarios estadounidenses citaron las acusaciones formales reveladas el 26 de marzo de 2020, alegando que presuntos vínculos con el narcotráfico justificaban el secuestro de Maduro. En realidad, ningún tribunal estadounidense emitió una orden de arresto ejecutable en territorio venezolano, y ninguna autoridad venezolana consintió la operación.

Los fiscales estadounidenses se basaron en estatutos que afirmaban la jurisdicción extraterritorial, en particular las leyes federales sobre narcóticos y terrorismo, ampliadas entre 1986 y 2001, para reivindicar su autoridad sobre ciudadanos extranjeros cuyas presuntas acciones supuestamente afectaron a Estados Unidos. Estas afirmaciones se reiteraron en los documentos presentados ante el tribunal de Manhattan el 5 de enero. En ningún momento Washington abordó la contradicción entre sus estatutos nacionales y las normas internacionales vinculantes que protegen la soberanía estatal.

Maduro, quien asumió su mandato más reciente el 10 de enero de 2025, tenía derecho a inmunidad absoluta como jefe de Estado en funciones según el derecho internacional, incluida la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), de la que Estados Unidos es signatario.

No se presentó, negoció ni aprobó ninguna solicitud de extradición, y la operación violó el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas (1945), que prohíbe el uso de la fuerza contra otro Estado. No se invocó la legítima defensa ni la autorización de las Naciones Unidas.

¿Cómo ha moldeado la Doctrina Monroe la arquitectura del imperialismo hemisférico estadounidense?

El secuestro de Maduro y Flores se enmarca en una larga historia de reivindicaciones estadounidenses de autoridad sobre Latinoamérica. La Doctrina Monroe, anunciada el 2 de diciembre de 1823, inicialmente advirtió a las potencias europeas contra la intervención en el hemisferio occidental. Aunque se presentó como anticolonial, rápidamente evolucionó hacia una doctrina de supremacía y hegemonía estadounidense.

Esta lógica imperialista se formalizó con el Corolario Roosevelt del 6 de diciembre de 1904, que reivindicaba el derecho de Estados Unidos a ejercer un "poder policial internacional" sobre los Estados latinoamericanos calificados de inestables o corruptos. En la práctica, legitimó repetidas intervenciones militares, incluyendo la ocupación de Haití el 28 de julio de 1915, la invasión de la República Dominicana el 28 de abril de 1965 y el asalto a Panamá el 20 de diciembre de 1989.

Si bien la Doctrina Monroe y sus corolarios son declaraciones políticas unilaterales sin fundamento en el derecho internacional, sucesivos gobiernos estadounidenses las han tratado como mandatos estratégicos vinculantes. El 22 de enero de 2019, el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton revivió explícitamente la doctrina en referencia a Venezuela, cuando Washington reconoció al opositor Juan Guaidó como "presidente interino", a pesar del control efectivo de Maduro sobre las instituciones estatales.

Esta postura culminó en la Estrategia Nacional de Seguridad (NSS) del 4 de diciembre de 2025, que designó al hemisferio occidental como dominio estratégico principal de Estados Unidos. Altos funcionarios formularon las medidas de cumplimiento necesarias para bloquear a las potencias rivales y las presuntas redes criminales, un lenguaje que evoca la justificación histórica de la Doctrina Monroe para la intervención unilateral.

Visto en este continuo, el secuestro de Maduro no representa una aberración sino la última expresión de una política imperialista de dos siglos en la que las reivindicaciones estadounidenses de seguridad, orden y legalidad prevalecen sobre la soberanía latinoamericana.

¿Cómo tradujo el “Corolario Trump” la doctrina en intervención directa?

La Estrategia Nacional de Seguridad (NSS) del 4 de diciembre de 2025 formalizó lo que los analistas describen como el «corolario Trump» de la Doctrina Monroe, reafirmando explícitamente la autoridad estadounidense sobre el hemisferio occidental. El documento enmarcaba la región como una zona de competencia estratégica en la que las llamadas potencias rivales y los propios gobiernos independientes se presentaban como amenazas a la seguridad estadounidense.

En las ruedas de prensa del 5 y el 15 de diciembre de 2025, altos funcionarios estadounidenses argumentaron que la estabilidad hemisférica requería medidas preventivas para bloquear la influencia externa. Este corolario reformuló las doctrinas Monroe y Roosevelt como un mandato operativo: Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir militar, económica o políticamente para derrocar a los gobiernos considerados hostiles, desafiantes o insuficientemente obedientes.

En la práctica, esta doctrina dio forma a la escalada de acciones contra Venezuela mucho antes del 3 de enero de 2026. El 20 de diciembre de 2025, un funcionario del Pentágono declaró que “todas las opciones están sobre la mesa” para evitar que Venezuela se convierta en un punto de apoyo estratégico para potencias rivales, en referencias apenas veladas al compromiso económico de China y Rusia.

El corolario reformuló la coerción como defensa. Al etiquetar a los estados independientes como "amenazas", Estados Unidos normalizó el despliegue de recursos de inteligencia, Fuerzas Especiales y la guerra económica. La NSS operacionalizó el control hemisférico sin declaraciones de guerra ni autorización multilateral.

El secuestro de Maduro y Flores se derivó directamente de esta lógica. Combinado con sanciones y operaciones encubiertas, el corolario proporcionó el andamiaje legal e ideológico para la intervención, presentando el secuestro militar como una medida legítima de seguridad, mientras se soslayaba la soberanía, la inmunidad y el derecho internacional.

¿Por qué Venezuela es estratégicamente central para la política imperialista de Estados Unidos?

La importancia de Venezuela en la política estadounidense radica en su poder material y su geografía. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo, estimadas en 303 mil millones de barriles, o aproximadamente el 17 % de las reservas mundiales, superando incluso a las de Arabia Saudita. Concentradas principalmente en la Faja del Orinoco, estas reservas representan una inmensa riqueza y un apalancamiento energético a largo plazo.

El petróleo estructuró las relaciones bilaterales durante generaciones. Estados Unidos fue uno de los mayores compradores de crudo de Venezuela a principios de la década de 2000. Esa relación se rompió después de que Washington impusiera sanciones específicas a la petrolera estatal venezolana, PDVSA, en enero de 2019, cortando el acceso a los mercados de refinación estadounidenses y congelando miles de millones de dólares en activos.

La geografía intensifica aún más el interés estadounidense. La costa caribeña de Venezuela, su acceso a importantes rutas marítimas y su proximidad a Colombia, Guyana y la cuenca atlántica la convierten en un centro logístico crucial para el transporte de energía, el control migratorio y la planificación militar. Las evaluaciones del Comando Sur de EE. UU. identificaron repetidamente el norte de Sudamérica como un corredor estratégico para las operaciones de seguridad y energía.

La guerra económica ha sido sistemática. Entre 2017 y 2024, Estados Unidos impuso cientos de sanciones a funcionarios, instituciones y sectores clave venezolanos, obstaculizando el acceso a la banca internacional, bloqueando el suministro de aditivos y repuestos para combustibles, y restringiendo la financiación humanitaria. Observadores independientes documentaron que estas medidas agravaron significativamente el colapso económico estructural de Venezuela.

La Estrategia Nacional de Seguridad (NSS) vinculó explícitamente esta presión a la competencia estratégica, enfatizando la necesidad de impedir que las potencias rivales se afianzaran en el hemisferio. Las alianzas chino-rusas en materia de energía e infraestructura en Venezuela se presentaron implícitamente como amenazas, militarizando aún más la política estadounidense.

¿Cómo el secuestro de Maduro fracturó las normas hemisféricas y la diplomacia internacional?

El secuestro de Maduro desencadenó una crisis diplomática inmediata, exponiendo profundas divisiones globales sobre la soberanía, el uso de la fuerza y ​​los límites del poder estadounidense en el hemisferio occidental.

En cuestión de horas, Venezuela denunció la operación como un "secuestro a mano armada" y un acto de agresión, y anunció que investigaría el caso por la vía diplomática y legal internacional. El 4 de enero de 2026, Caracas convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) para impugnar formalmente la acción.

En la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 6 de enero, las principales potencias condenaron la incursión estadounidense como una clara violación de la soberanía y el derecho internacional. China calificó la operación de "unilateral, ilegal y abusiva". Rusia la describió como una "agresión armada", advirtiendo que señalaba el retorno a la ilegalidad imperialista. Argelia y otros países se hicieron eco de estas preocupaciones, mientras que el embajador de Colombia afirmó que la intervención recordaba "la peor injerencia" en la historia de la región.

Más allá del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decenas de países, entre ellos Brasil, Chile, México, Sudáfrica y otros, emitieron condenas públicas, calificando la acción de violación de las normas internacionales en lugar de una legítima aplicación de la ley. Gobiernos de África y Asia advirtieron que la operación socavaba el orden jurídico internacional posterior a 1945. Funcionarios de la ONU advirtieron que tratar el derecho penal extraterritorial como justificación del uso de la fuerza militar sentaba un precedente peligroso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán emitió una declaración formal condenando enérgicamente el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, calificándolo como un claro acto de agresión y una flagrante violación de la soberanía e integridad territorial venezolanas.

Las reacciones en Latinoamérica fueron diversas. Bolivia, Cuba y Nicaragua denunciaron la redada y reafirmaron su apoyo a la legitimidad de Maduro. En Cuba, las manifestaciones multitudinarias equipararon la operación con una agresión neoimperialista. En contraste, los gobiernos afines a Washington emitieron declaraciones cuidadosamente redactadas instando al respeto de los "procesos judiciales", evitando condenar el uso de la fuerza.

Los organismos multilaterales regionales reflejaron esta fractura. Una sesión especial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) reveló un profundo malestar por el precedente establecido por la acción estadounidense, pero no logró producir una declaración unificada. La Organización de los Estados Americanos (OEA) se negó a convocar una reunión de emergencia.

Juristas y diplomáticos advirtieron que la incursión erosionó los principios del orden posterior a 1945, donde la soberanía y la no injerencia debían contener la violencia de las grandes potencias. Muchos argumentaron que lo que Washington denominó «aplicación de la ley» era el uso unilateral de la fuerza sin consentimiento ni mandato multilateral.

El secuestro ha pasado a ser visto no como una disputa bilateral sino como una prueba para el propio sistema internacional, donde la soberanía en el Sur Global queda condicionada a la aprobación de Estados Unidos en lugar de estar protegida por normas universales.

Fuente: PressTV