Fue uno de los más de 500 heridos en la movilización que se hizo cuando el proyecto se trató en el Senado. Denuncia al ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Alberto Giménez, y al jefe del operativo.

—¿Qué tengo en la cara?—, le preguntó Lucas Morello, tendido boca abajo en la vereda de la calle Lima al 600, a un compañero que estaba a su lado en la misma posición. Los había detenido la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el momento de la desconcentración de la movilización contra la reforma laboral, que ese miércoles se trataba en el Senado.

—Tenés un agujero y el ojo cerrado—fue la respuesta.

Lucas, de 39 años, había recibido un disparo en el ojo derecho. No veía nada y tenía fuertes molestias. Está convencido de que fue un perdigón de goma. Era lo que los agentes porteños tiraron de repente, hacia él y hacia el grupo con el que se había movilizado. Habían parado junto a un puesto de diarios, creyendo que ya estaban a resguardo. Pero empezaron a llover balazos desde motos policiales que venían por la Avenida 9 de Julio. En esa esquina de Lima y México terminaron “aprehendidas”, a más de diez cuadras de la Plaza Congreso donde había sido la manifestación, unas 40 personas.

Desde ese día –11 de febrero— Lucas, profesor de historia y militante del Movimiento Evita en Luján, no recuperó la visión. Apenas lo liberaron fue directo a que lo revisaran en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde le dijeron que tenía un coágulo tan grande que no podían establecer el tipo de lesión. Le dieron un tratamiento con gotas y le pidieron que volviera. Volvió el viernes y la situación no había cambiado. Entonces decidió hacer la denuncia penal, que los abogados Pablo Zapulla y Juan Facundo Ceballos presentaron en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas.

“Los que sufrimos estas cosas tenemos la tarea de intentar que no les pase lo mismo a otros. No me interesa victimizarme. Creo que se puede determinar cómo y quién me disparó, tiene que haber cámaras, además de los testigos. Pero también me parece importante reconstruir todo el esquema represivo. A nosotros nos siguieron desde Congreso cuando nos retirábamos en forma totalmente pacífica, y nos atacaron”, le contó Lucas a Página/12. “Vamos a seguir estando en la calle, aunque quieran que nos gane el miedo. No se nos juega un ojo sino el futuro de nuestros pibes, que ya tienen un presente de mierda. La ferocidad con la que reprimen se condice con lo que están haciendo con el país”, agregó.

La denuncia presentada hace hincapié en la violación de estándares de derechos humanos y el abuso, como miembros de fuerzas de seguridad, en el uso de armas menos letales, que disparadas a zonas vitales y corta distancia pueden causar lesiones gravísimas y hasta la muerte. Lucas pide ser querellante y que se identifique al policía que lo hirió. Denuncia al ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Alberto Giménez y a quien estuviera a cargo del operativo policial de ese día. Lo novedoso, además, es el protagonismo de la Policía de la Ciudad.

Lo que dejó el 11F

La escena más mostrada de la movilización del 11 de febrero -que fue convocada por la CGT- fue la de un grupo de personas que desde atrás de una especie de barricada, fabricaba y arrojaba bombas molotov hacia la policía. Se usó de excusa para justificar la represión y los arrestos, que no se dirigieron en ese momento a esos sujetos sino hacia otros. Es decir, cuanto menos, los dejaron actuar para luego salir de cacería.

Con posterioridad, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió que su cartera había identificado a 17 manifestantes supuestamente violentos. Hubo tres detenciones que, en realidad, había pedido el Ministerio Público porteño, tras actuar de oficio. Intervino el juez Gonzalo Rúa, liberó a dos de esas personas (que viven en situación de calle), dejó preventivamente detenido solo a uno y se declaró incompetente sin avalar la teoría oficial de que se trató de terrorismo.

El colectivo Mapa de la Policía, hizo un repaso y línea de tiempo de todo lo que ocurrió el 11F, acompañado de imágenes. Explicó que la represión empezó a las 15 horas y se extendió hacia la noche, con la acción de 800 efectivos. Hubo 24 personas detenidas, finalmente liberadas. La Comisión Provincial por la Memoria contabilizó ese día 562 heridos/as.

El operativo de Monteoliva

El operativo tuvo tres momentos, dice la organización. El primer foco de represión (con bombas lacrimógenas, gas pimienta y camiones hidrantes) fue en Avenida Rivadavia. En la esquina de Yrigoyen policías motorizados dispararon directo al cuerpo a manifestantes. En el segundo momento, cuando la plaza se vaciaba, la columna de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular “fue emboscada durante su retirada” hacia Avenida 9 de Julio. Ahí, con ese grupo, se encontraba Lucas, y hubo detenciones masivas. En el “tercer momento”, cerca de las 18.20, las fuerzas tiraron gases en Rivadavia y detuvieron cuando quedaba gente dispersa.

El video que difundió Monteoliva, con las fotos de las personas supuestamente identificadas, trae a la memoria uno que usó su antecesora Patricia Bullrich después de la movilización del 12 de marzo del año pasado, cuando convocaron las hinchadas de clubes y fue herido gravemente el fotógrafo Pablo Grillo. En ese caso, también, solo uno entre cerca de 30 nombres difundidos terminó detenido por una pesquisa previa de la justicia porteña. Todo esto “plantea serias dudas sobre los criterios de identificación, el uso de tecnologías de vigilancia y la transparencia de la investigación oficial”, dice el colectivo.

DETENCIONES (Archivo -)

La cacería

El relato de Lucas Morello permite mirar con lupa aquel “segundo momento” para entender con qué planificación y precisión se mueven las fuerzas de seguridad. Él había llegado a las inmediaciones del Congreso cerca de las 14 horas con Mariana, su pareja, también docente, con quien tiene dos hijos pequeños. Luego se separaron. El se quedó con el Evita, y con la columna de la UTEP, que cerca de las 15 emprendió la retirada de la plaza, con dificultad por la cantidad de gente.

“La policía empezó a barrer la zona, buscaba empujarnos a salir de la plaza. Tomamos Hipólito Yrigoyen, que es una calle angosta. Tenemos muy claro y acordado que aunque nos provoquen no tiramos nada, no hacemos nada. Mientras avanzábamos teníamos una fila de policías de infantería con sus escudos que nos seguían el paso. Desde avenida de Mayo se veía que avanzaba un camión hidrante. Para salir del foco represivo doblamos por Lima. Creímos que ya había pasado todo. Pero el hidrante y los policías hicieron una corrida y nos alcanzaron. Simultáneamente desde 9 de Julio nos empezaron a disparar desde las motos que llevan dos agentes. Todo muy calculado, ‘prolijo’”, describió a este diario.

“Ahí recibí el impacto en el ojo. Enseguida nos redujeron, en la esquina de Lima y México. Nos tuvieron unos 50 minutos. Eramos como cuarenta. Nos verdugueaban e insultaban. Nos tomaron los datos a todos. A la mayoría después nos dejaron ir”, recordó Lucas. El rato que lo retuvieron en el piso, intentaba mirar alrededor, temía por Mariana. Ella, con anterioridad había podido salir por otra calle. Después de tanta tensión, en el hospital comenzó a sentir mareo y el dolor de la herida. El clima vivido, la violencia policial, lo transportaron al 26 de junio de 2022 en Avellaneda, cuando la policía mató a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, y él estudiaba en la ENSPA (Escuela Normal Superior Próspero Alemandri) donde recuerda “recibir a la gente que venía del Puente Pueyrredón”.

En su presentación judicial, Morello pide la nómina de todo el personal de la Policía de la Ciudad asignada al operativo con indicción de jerarquías, dependencias y funciones, móviles, motos, comunicaciones internas, plan de operaciones y directivas, protocolos y disposiciones sobre uso de armas menos letales, además de efectivos autorizados a portar armas, tipo de armamento asignado y municiones. A la fuerza y al Centro de Monitoreo Urbano, le requiere un relevamiento de todas las cámaras que pueda haber en la zona del hecho y su preservación, además de un requerimiento a los medios para que aporten los registros fílmicos de la zona. Recién hoy se sabrá que fiscalía tiene asignado el caso.

El rol de la policía porteña

En todos los operativos que despliega el Gobierno desde su llegada al poder, participan todas las fuerzas de seguridad y la Policía porteña tenía un papel menos notorio al comienzo. “Ahora vemos una definitiva participación de la Policía de la Ciudad subordinada a todos los operativos y, sobre todo, los más grandes. Al comienzo no era así. Ya el año pasado fue incorporada al dispositivo represivo, que era el objetivo del Gobierno Nacional. No sólo detienen gente sino que es probable que muchos sean heridos por esta fuerza. Jorge Macri alineó el discurso y el dispositivo”, explica Manuel Tufro, directo de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“También queda claro que el Gobierno tiene dos lógicas de represión muy distinta. Una es la del protocolo antipiquetes, que aplica en la marcha de los jubilados, a modo de hostigamiento con el objetivo o argumento de que no se corte la calle. Hay otra tipo de operativo represivo, como en las últimas semanas, donde lo que se busca es mantener a la gente lejos del Congreso y en un momento se decide disolver la manifestación con una represión indiscriminada, donde se tiran gases y balas de goma a cualquiera, ya sea que esté caminando, sobre la vereda, mirando, lo que sea. Buscan generar una situación de miedo con el mensaje de que te pueden disparar y detener solo por estar ahí”, señala.

Hay más ejemplos de esa segunda modalidad, dice: la movilización del 12 de marzo de 2025 (convocada por las hinchadas en apoyo a los jubilados), donde además del disparo a Grillo fue golpeada la jubilada Beatriz Blanco y perdió un ojo un hincha de Chacarita, Jonathan Navarro; también la marcha del 12 de junio de 2024 contra la Ley Bases, donde hubo 33 detenidos acusados de delitos federales, decenas de heridos y un intento de imputación por terrorismo. Los casos judicializados muestran que cuando la justicia avanza, el costo lo pagan los que ejecutan los disparos, no quienes les dan las órdenes.

El jueves último, con el tratamiento de la Reforma Laboral en Diputados, hubo una movilización más desarticulada, pero la hubo. Los detenidos con brutalidad fueron once. Según el CELS, 2100 efectivos fueron a asfixiar la protesta.

Así como es ya conocido el ensañamiento de los agentes con trabajadores/as de prensa, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura hizo público que algunos de sus miembros, al igual que trabajadores de la Comisión Provincial Por la Memoria (CPM) y del Mecanismo de Prevención de la Tortura de la Ciudad fueron blanco de disparos de balas de goma y gases, pese a que son fácilmente identificables por los chalecos que muestran que van a monitorear el accionar de las fuerzas y a dar asistencia a quien la necesita. Es decir, el ataque incluye a todos/as los que pueden tener algún registro de los abusos y eventuales delitos de las fuerzas de seguridad.

Página12

Disparen a los ojos: el método que Bullrich importó desde Israhell para desgastar manifestaciones

Un asesor legislativo del Frente de Izquierda fue herido durante la jornada represiva de ayer luego de que una bala alcanzara su ojo. Hay riesgo de que pueda perderlo. El diputado Christian Castillo hizo pública la noticia dentro del Congreso y dijo que los médicos estaban haciendo lo posible para ayudarlo. A continuación leyó una lista de más de 20 periodistas que fueron heridos por balas de goma. Algunas fotos que circularon en redes mostraban perdigones incrustados en el rostro de los y las manifestantes.

Hace un tiempo que las fuerzas de seguridad de distintos puntos del mundo siguen una estrategia al momento de reprimir a manifestantes: disparar a los ojos. Una metodología que está estrechamente vinculada con el avance del neoliberalismo y el colonialismo restaurado en este siglo XXI. Eso ya pasó en protestas anteriores que tuvieron lugar en Chile, Colombia, Líbano, Francia y Hong Kong.

La artista Gabriela Golder inició una investigación llamada Arrancar los ojos, con el objetivo de reflejar la brutal represión que había sufrido el pueblo chileno en 2019. Por esos años alrededor de 400 personas recibieron balas de goma en su rostro y sus ojos, algunos llegaron a perder sus dos globos oculares. En la actualidad, cerca del 46% de las causas por violaciones a los derechos humanos fueron archivadas por la justicia chilena por falta de pruebas, explica la revista Gatopardo. Murieron 43 chilenos y chilenas pero los responsables no recibieron condenas.

Golder explica que la mutilación de ojos es una metodología represiva inaugurada por Israel en la década del setenta para atacar a la población palestina. Entre 1987 y 1993 se contabilizaron 154 lesiones oculares entre manifestantes palestinos. Los años siguientes la estrategia fue importada a otros países, como los que mencionamos más arriba. No hay una explicación que no sea poética respecto a por qué el poder elige quitarle la vista a quienes se rebelan contra medidas autoritarias y desigualitarias.

En el año 2022 la teórica queer, Jasbir K. Puar, escribió un libro llamado El derecho a mutilar en donde se encarga de replantear la teoría de la biopolítica de Foucault para explicar la discapacidad desde una concepción imperialista y desarrollar minuciosamente el funcionamiento del dispositivo de crueldad del capitalismo para debilitar y marginar los cuerpos. Jasbir Puar señala que la discapacidad puede ser una herramienta de sometimiento y desgaste, entendiendo que se conciben cuerpos para proteger y cuerpos para agredir entre las capas del sistema.

Hace un tiempo la autora Lauren Berlant se encargó de elaborar el concepto de “muerte lenta” para referirse a aquellos grupos humanos que padecen las crisis por goteo como parte de su cotidianidad. Su día a día es el hambre, la precarización laboral y los sometimientos por parte de las fuerzas policiales y solo llegan a ser escuchados cuando las afecciones económicas alcanzan a otras escalas sociales. Es, según Berlant, un desgaste físico de la población que determina su experiencia y su existencia histórica.

“Aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado”

Dicen los testimonios que recibir un balazo en el ojo es como sentir que algo se quema dentro de tu cara. Es un ardor insoportable mientras la calidez de la sangre baja por el rostro, después llega una sensación de mareo y luego el vómito, la comprensión de que uno ha perdido la vista.

En 2018, según datos de la BBC, se contabilizaron alrededor de 3 mil personas con lesiones oculares a causa de disparos en manifestaciones que tuvieron lugar en Cachemira, una región en disputa por parte de India y Pakistán.

En 2019 el caso chileno conmovió al mundo, luego de que en pleno conflicto entre el gobierno de Sebastián Piñera y los manifestantes se contabilizaran más de 200 personas con perdigones en los ojos. Hoy son más de 400. Ante la internacionalización del caso y los pedidos de organismos de derechos humanos, el gobierno tuvo que dar marcha atrás con el uso de perdigones para reprimir. Ese mismo año también se realizaron movilizaciones masivas en Hong Kong y se conoció el caso de un periodista de Indonesia que perdió su ojo a causa del disparo de un efectivo de seguridad.

En el año 2020, Amnistía Internacional denunció que seis personas habían perdido la visión en el Líbano a causa de perdigones de escopeta disparados por el ejército. “Hicimos seis operaciones a ojo abierto el martes, tras la explosión, y seis el sábado, después de las protestas” explicó uno de los médicos a la organización.

En 2021 más de 65 personas perdieron la visión en Colombia a causa de la represión salvaje por parte de las fuerzas de seguridad. La cineasta Sella Gareth es uno de los rostros más visibles entre quienes padecen traumas oculares. En un discurso citado por el diario El País, Gareth dijo: “aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado”.

El año pasado en Francia la policía asesinó de un tiro a Nahel Merzouk, un jóven de 17 años que recibió un proyectil de tipo flash-ball (que se utiliza para identificar a los manifestantes con perdigones rellenos de líquido) directo a su pecho. Eso motivó la furia de miles de personas que se volcaron a las calles para pedir justicia. En la represión ejecutada por la policía también se disparó a la cabeza de quienes protestaban.

"En 2019 el caso chileno conmovió al mundo, luego de que en pleno conflicto entre el gobierno de Sebastián Piñera y los manifestantes se contabilizaran más de 200 personas con perdigones en los ojos. Hoy son más de 400"

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