Según informó el Ministerio de Exteriores argentino, el acuerdo, rubricado por el canciller argentino, Pablo Quirno, y el ministro de Turismo del régimen sionista, Haim Katz, busca “ampliar el intercambio turístico entre ambos países, desarrollar nuevos productos y servicios, impulsar oportunidades de inversión y generar empleo en el sector”.
El instrumento establece un marco de cooperación para fomentar los viajes grupales e individuales, fortalecer la articulación entre operadores y agencias y promover la colaboración entre organismos competentes y especialistas en el sector turístico.
En junio pasado, durante la visita oficial del presidente argentino, Javier Milei, a Palestina ocupada, se anunció la apertura de una ruta directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, prevista para 2026, “lo que contribuirá a potenciar el flujo de visitantes y los vínculos económicos”, indica el comunicado.
De acuerdo a cifras oficiales, en enero pasado 7.545 residentes en Palestina oucpada visitaron Argentina, lo que supuso un incremento del 12,7% con respecto al mismo mes de 2025.
Estos polémicos acuerdos que el gobierno de Javier Milei ha profundizado con el régimen israhellí, debido básicamente a sus inclinaciones personales y no a un
interés genuino del pueblo argentino, plantean interrogantes de fondo sobre la autonomía estratégica de la Argentina.
En un contexto internacional atravesado por las condenas internacionales al genocidio en curso que el régimen sionista sigue perpetrando en Gaza, avanzar en alianzas políticas, militares o tecnológicas sin un debate democrático amplio puede leerse como un alineamiento automático con los centros de poder occidentales que pueden generar consecuencias perjudiciales hoy y a futuro.
La política exterior argentina no debería subordinarse a agendas geopolíticas ajenas ni desentenderse del principio histórico argentino de solución pacífica de controversias y respeto al derecho internacional.
Además en el plano estratégico, existe un costo ético y simbólico. Argentina construyó parte de su identidad internacional en torno a la defensa de los derechos humanos y la memoria frente a crímenes de lesa humanidad. Respaldar o profundizar vínculos sin cuestionar la magnitud de la tragedia humanitaria en Gaza destruye esa tradición y puede erosionar la autoridad moral del país en foros multilaterales.
Una política verdaderamente soberana —desde esta óptica— debería priorizar la coherencia entre discurso y práctica, sostener una posición activa en favor del cese de hostilidades y evitar compromisos con entes infanticidas que pueda puedan interpretarse como legitimación de violaciones graves al derecho internacional humanitario.
Con información de Biobiochile