En 2015 se derramaron 62 millones de metros cúbicos de barro tóxico sobre el poblado de Bento Rodrigues, una comunidad de 620 personas en el estado de Minas Gerais, en el sudeste del país, donde al menos 19 personas perdieron la vida, más de 300 familias quedaron sin hogar y ecosistemas enteros fueron comprometidos.

Esto sucedió después de que se generara la rotura de dos diques de contención de la minera Samarco, controlada por la empresa brasileña Vale S.A. y por la anglo-australiana BHP Billiton.

Hasta la fecha no ha habido ningún responsable legal de la empresa minera. Las investigaciones que se iniciaron en su momento culminaron en la suspensión del funcionamiento de la empresa según pedido del Tribunal Supremo y la solicitud de prisión preventiva de seis funcionarios de Samarco, incluyendo al presidente Ricardo Vescoci.

Representantes del Movimiento de Afectados por Represas (MAB por su sigla en portugués) han denunciado que el Poder Judicial brasileño actúa "de forma completamente parcial en favor de los ricos y de los patrones".

Según la Fundación Renueva, creada por Samarco para asumir la reparación de los daños causados por la tragedia de Mariana, las obras para rehacer las comarcas de Bento Rodrigues, Paracatu y Gesteira comenzarán solo en 2018 y deberán concluir un año después.

A dos años del mayor crimen ambiental en Brasil, los afectados en Mariana aún están en la incertidumbre sobre la reconstrucción de sus casas.

"Nuestras esperanzas y sueños están paralizados. Vivimos en esta angustia de saber que día volveremos a nuestras casas. Los niños piden todos los días para volver a casa y quedamos sin respuesta", denunció Luzia Queiróz, una de las habitantes afectadas.

Además de la pérdida de cientos de viviendas y centros de trabajo, este desastre arrojó pérdidas en la recaudación de fondos por explotación de recursos minerales, decreciendo de un ingreso en 2013 de poco más de dos millones de dólares mensuales a un ingreso mensual de 250 dólares en 2016.

Fuente: Telesur