El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras -Copinh- afirmó: «Entendemos esto como una acción por parte de la defensa de dilatar aún más el proceso contra Castillo, otro intento para evitar que se alcance la verdad y la justicia por nuestra compañera Berta Cáceres».

Este miércoles 35 de septiembre se reanudó el proceso legal contra David Castillo, detenido el 2 de marzo de 2018 como presunto ‘autor intelectual’ en el asesinato contra la lideresa del Copinh, Berta Cáceres. Esta organización popular e indígena de Honduras lucha por los derechos de la comunidad Lenca, contra el capitalismo, racismo y patriarcado. Para la fecha del asesinato a Cáceres, la lideresa estaba al frente de la resistencia contra la construcción de una represa en el marco del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en territorio de la comunidad Lenca.

Este proyecto de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. -Desa- y el Estado hondureño, pretendía construirse en sobre la comunidad de Río Blanco, aldeana al Río Gualcarque. La financiación de la mega obra ha tenido financiamiento de diversos bancos e instituciones internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica -Bcie-, El Banco de Desarrollo Holandés -FMO-, FinnFund, SinoHydro (China), Banco Financiera Centroamericano S.A., el Banco Mundial, y USAID (Estados Unidos) entre otros.

Tanto los miembros de la comunidad como los miembros del Copinh, en especial Berta, se enfrentaban a una campaña de vigilancia, intimidación, amenazas, violencia, y criminalización por parte de las fuerzas de seguridad del Estado centroamericano. La seguridad privada de la empresa y grupos criminales, mejor conocidos como paramilitares, no eran ajenos al hostigamiento contra la comunidad Lenca. Esa violencia fue denunciada ante el Estado de Honduras, incluso por distintas entidades internacionales, en varias ocasiones pero nunca se tomaron las medidas necesarias para frenarla.

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo del año 2016 en su casa, en la ciudad La Esperanza, Intibucá en el noreste de Honduras.

Irregularidad procesal

Desde el momento de su asesinato, la causa de Berta Cáceres -que ahora vincula por lo menos a 13 procesos judiciales- ha sido marcada por violaciones al debido proceso, hostigamiento a la defensa, a su organización y familiares; en general una falta de voluntad por parte de las instituciones del Estado nuestroamericano para llegar a la justicia.

En noviembre del año 2018 fueron condenadas siete personas acusadas de participar en el asesinato de Berta como autores materiales. Aunque el Copinh y las demás organizaciones celebraron esas condenas como fruto de su lucha por justicia, también denunciaron que el Estado intentó terminar y dejar por fuera la estructura intelectual que planificó y financió el crimen.

En el transcurso de ese juicio, el Estado se negó casi que sistemáticamente al aporte de pruebas, evidencia, testigos e informes de perito que buscaban vincular a los autores intelectuales; los jueces del caso excluyeron la defensa legal de las víctimas del juicio y negaron el reconocimiento del Copinh como víctima en el caso. Casi diez meses después del fallo contra los siete autores materiales, no los han sentenciado. El juicio contra David Castillo es sumamente importante para encontrar la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

¿Quién es David Castillo?

Castillo, un militar graduado de la escuela militar de Estados Unidos ‘West Point’ y subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas en Honduras; es presidente del Consejo de Administración y representante legal de Desa desde el año 2011. Se le acusa de la participación en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual: Participar en la vigilancia a Berta en territorio, planificar el asesinato, y la coordinar entre los altos mandos de la empresa y el grupo de sicarios la ejecución del crimen.

Pieza fundamental que vincula el conjunto de quienes dispararon y quienes pagaron para hacerlo, ningún otro autor intelectual del crimen ha sido citado además de Castillo. Este crimen, fue parte de un patrón de violencia, corrupción, intimidación, enjuiciamiento malicioso, violencia e impunidad orquestada por Castillo y otras personas en la empresa Desa.

“Esperamos que a partir de la audiencia se de paso al juicio oral y público, y también que a partir de esto se logre hacer una investigación a todos los autores intelectuales del asesinato, como son la familia Atala Zablah que sabemos bien desde las organizaciones que son ellos quienes pagaron y ordenaron este crimen” explicó Suli Madariaga del Copinh.

En un informe hecho por organizaciones internacionales como Due Process of Law Foundation, International Platform Against Impunity, Robert F. Kennedy Human Rights, y Guatemala Human Rights Commission, se señala que Castillo no está solamente vinculado en la planificación y la coordinación del asesinato de Berta, sino que está involucrado en una serie de actividades delictivas incluyendo corrupción y fraude mientras era servidor público y graves violaciones de los derechos humanos.

Tras una cuidadosa investigación, el informe afirma que las actividades criminales atribuidas a Castillo fueron presumiblemente emprendidas para promover los intereses de las empresas con las que estaba asociado. Esto incluye violaciones de los Derechos Humanos. Aparentemente varias empresas se han beneficiado de la comisión de los presuntos delitos; que habrían beneficiado a la empresa Desa y a compañías relacionadas.

Castillo era director, accionista o ejecutivo de al menos ocho empresas. De las cuales, por lo menos seis empresas estaban constituidas en Honduras. Las otras dos empresas estaban registradas en Panamá; Mithril Capital y Potencia y Energía de Mesoamérica SA -Pemsa- (Panamá), donde se protege el anonimato de sus accionistas.

Justicia para Berta, justicia para los pueblos

Carolina Hernández también hace parte del Copinh, y por su parte, solicitó que todas aquellas personas y organizaciones que se sientan interpeladas por el crimen contra Berta Cáceres se puedan solidarizar. “Les pedimos que nos acompañen, acuerpen y estén presentes en los diferentes momentos que estamos viviendo con esta causa y principalmente en búsqueda de esa justicia verdadera e integral por la cual los pueblos seguimos resistiendo y luchando” afirmó. De igual manera solicitaron que se realicen diversas acciones de visibilización en los diferentes medios, embajadas, y redes sociales presionando a los diferentes órganos del Estado de Honduras.

Para el Copinh, “este proceso también viene a garantizar los derechos y romper las cadenas de impunidad que se mantienen en Honduras contra los diferentes ataques, asesinatos y femicidios de compañeras y compañeros […] hacer justicia para Berta puede hacer justicia para todos los pueblos”.

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